Preocupa la escalada de hechos violentos, incluyendo el asesinato de un alcalde electo; sin embargo, parece aún peor la indiferencia que la situación merece por parte de los principales actores políticos del estado.
Si hay algo que preocupa más que la violencia criminal ejercida contra un integrante de la clase política de Guanajuato, es la pasmosa indiferencia del resto de los integrantes de ese mismo estamento.
Del gobernador del estado, pasando por los dirigentes de los partidos y concluyendo con los actuales y los futuros alcaldes y diputados, vemos, cuando mucho, declaraciones cumplidoras, muestras de duelo personal, consternación que no va más allá de la reacción humana.
Lo que no vemos es una preocupación seria de carácter político que asuma el reto que está planteando un grupo de criminales que reta no a una comunidad, sino al Estado en su conjunto.
A diferencia de otras sociedades, como la española o la colombiana, por ejemplo, que se han planteado en serio el objetivo de erradicar la violencia de grupos fuera de la ley, criminales o políticos, en México los integrantes de las instituciones pública están aislados y dispersos en su respuesta frente a hechos como los que sacudieron Jerécuaro esta semana.
Conversé con varios dirigentes políticos y obtuve la confirmación de que no se habían cruzado llamadas entre ellos ni con el gobernador del estado, para abordar el hecho y coordinar posibles respuestas.
Solo el PRD externó juicios políticos en dos comunicados de prensa, uno donde probablemente hubo excesos al vincular el crimen con un clima generalizado de violencia social y penetración del crimen organizado. Un segundo boletín externó una postura más proactiva, al plantear la necesidad de un acuerdo entre instituciones públicas y grupos organizados de la sociedad civil para enfrentar la amenaza criminal en el estado.
El PAN, partido gobernante en la entidad; y el PRI, segunda fuerza política del estado, han brillado por la ausencia de planteamientos profundos en torno al tema. Las expresiones de duelo del líder panista fueron casi personales, obviando el carácter político de la víctima y sus acompañantes. El tricolor se tardó en reaccionar 16 horas y solo repitió lugares comunes de duelo y exigencia de esclarecimiento, sin ninguna idea política adicional.
El gobernador descartó cualquier vinculación “político – electoral” en el hecho delictivo. Sin embargo, puede ser inexacto. La implicación electoral parece descartable, no así la política, pues de esa naturaleza y no de otra sería una de la líneas de trabajo en la investigación: la posible extorsión al futuro alcalde en tal carácter.
Si los delincuentes que mataron a Rogelio Sanchez y dos de sus colaboradores pretendían exacciones a la futura administración municipal, la consumación de un atentado mortal manda un funesto mensaje al resto de los ediles electos en la zona.
Por ello, no es descartable un origen político en el atentado, pues de esa naturaleza seria cualquier intento de un grupo criminal de establecer condiciones para la actuación de las autoridades municipales.
Situaciones como esa requerirían de una urgente respuesta del Estado, a todos sus niveles, para blindar el ejercicio público de Guanajuato de una amenaza como esa. La comunicación del gobernador, de los funcionarios federales en el estado y de los alcaldes en funciones, así como de los electos, debería extremarse en estos días, no en reuniones mediáticas aparatosas, sino en efectivas sesiones de trabajo para compartir información.
Por lo pronto, a nivel de mensajes públicos, sería muy sano que los responsables de cargos públicos en los tres niveles de gobierno dieran muestras de que, ante la amenaza, sus diferencias quedan atrás y que están dispuestos a un esfuerzo conjunto para garantizar no solo su propia seguridad sino también la de todos los guanajuatenses.
Las crisis y los eventos trágicos constituyen también oportunidades para crecer como sociedad. Exigimos que nuestros políticos estén a la altura. Más les vale, más nos vale.