El costoso programa de seguridad no parece ser ajeno a las labores de «inteligencia electoral» de la PGJE.
Cuando los partidos de oposición en Guanajuato autorizaron a regañadientes la costosa inversión de Proyecto Escudo, hoy convertido en el pomposo Programa Escudo, nunca imaginaron que entre otras utilidades iba a servir para controlarlos también a ellos.
Primero fueron chamaqueados por Miguel Márquez, Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, quienes primero les vendieron la construcción de un consenso político en torno al programa de seguridad, para luego asignarlo a escondidas a una empresa predeterminada, un día de los Santos Inocentes.
Después se han desgastado pidiendo auditorías que terminan todas en lo mismo: retachadas por la Secretaría de la Transparencia de Isabel tinoco convertida en guardiana, no de las buenas prácticas gubernamentales, sino de los patinones del gobierno y sus funcionarios para que no vayan más allá de lo mediático.
Hoy el PVEM, abandonado hasta de sus aliados priistas y panalistas, ve como el Programa Escudo los coloca de rodillas al ser la principal fuente de información de sus trailers cargados de objetos promocionales prohibidos por la ley y guardados en bodegas clandestinas.
Nada más fácil que inventar una denuncia ciudadana anónima para justificar el megaoperativo que ya hubiéramos querido el día de los autos incendiados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, destinado a exhibir a los Verdes en León, donde son cogobierno.
Hoy ya saben los priistas y los verdes que el día D sus posibles mapachadas tendrán cientos de cámaras observándolos en todo el estado, las cuales muy probablemente se harán de la vista gorda cuando las tropelías electorales las cometan militantes panistas.
El big brother de Miguel Márquez y su dúo dinámico no ha podido justificar su rentabilidad en términos sociales, al mantenerse los índices de delincuencia al alza en todo el estado, agravados por una ola de ejecuciones con el sello del crimen organizado, el resurgimiento de los secuestros y la imparable secuencia de feminicidios, además del incremento de los delitos patrimoniales a niveles nunca vistos.
Sin embargo, eso pasa a segundo término ante la innegable utilidad que Escudo prestará en estos días al gobierno y a su partido para conservar el control político de Guanajuato frenando a los opositores y protegiendo a los panistas.
¿Dos mil 700 millones de pesos es mucho?
Decían los priistas de antes de la transparencia y la rendición de cuentas que en política lo que tiene precio es barato. Por lo visto nada ha cambiado con los panistas de hoy.