Con criterios técnicos, el gobierno de Miguel Márquez y hasta su partido quieren defender un programa, ni siquiera gratuito, que entrega materiales susceptibles de provocar un daño a la salud.

El actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, fue director del Sistema DIF de la entidad durante el sexenio de Juan Carlos Romero Hicks, quien lo colocó allí por su sensibilidad social: venía de ser alcalde y diputado, antes había pasado por una carrera trunca en el seminario de León.

También, en su periplo burocrático, Márquez fue Secretario de la Gestión Pública, donde lo colocó el exgobernador Juan Manuel Oliva, por su acendrada fama de honesto y responsable. Su paso, por cierto, pasó desapercibido y el de Oliva pasó a la historia como uno de los sexenios más corruptos de Guanajuato, sin que se hayan presentado sanciones más allá de alguna suspensión, amonestación y contadas inhabilitaciones a la postre combatidas en otras instancias jurisdiccionales.

De allí, Márquez pasó a dirigir la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de los programas de combate a la pobreza, pero también responsable del mayor presupuesto de inversión en el estado, todo lo cual le sirvió de plataforma para el proyecto de la candidatura al gobierno, con pleno auspicio de Oliva.

Hoy Miguel Márquez es gobernador de Guanajuato y desde el arranque de su gestión quiso imponer el sello de la trayectoria que había venido construyendo, al fortalecer el área de rendición de cuentas mediante… un cambio de nombre: la Secretaría de la Transparencia.

Más allá de eso, nada cambió. La administración se ha sumido una y otra vez en escándalos asociados al defectuoso y perverso sistema de compras gubernamentales, ahora centralizado todo en la Secretaría de Finanzas y bajo la supervisión de un funcionario cercano al gobernador: el subsecretario Isidro Macías Barrón, anteriormente encargado del manejo administrativo en las dependencias dirigidas por Márquez, Gestión Pública y Desarrollo Social.

Hasta hace poco, era dable pensar que los antecedente de Márquez como exdirector del DIF, exsecretario de la Gestión Pública y de Desarrollo Social, le hacía dueño de una sensibilidad especial para abordar un problema como el que ha planteado un reportaje de la periodista Denise Maerker en la televisión nacional: la adquisición de láminas galvanizadas para techos que contendrían una proporción de plomo notablemente superior a los estándares internacional y nacional, lo que podría derivar en riesgos para la salud de quienes las utilicen en sus viviendas.

Se trata de materiales entregados a comunidades que se cuentan entre las más marginadas del estado, en el depauperado municipio de Doctor Mora, carentes de agua potable y sin fuentes de trabajo, cuyas familias dependen de las remesas de sus familiares en los Estados Unidos para sobrevivir.

Sin embargo, no obstante la precariedad de la economía de estas familias, los materiales de construcción, incluidas las láminas, no fueron a título gratuito, sino que les fueron vendidas a los beneficiarios apenas con un ligero subsidio, por el programa Red Móvil del DIF estatal, como lo ha precisado el alcalde panista Mario Luis Arvizu, desligándose de cualquier responsabilidad.

La denuncia periodística soporta sus argumentación en un estudio técnico realizado por el Ciatec, un centro de investigación de Conacyt con sede en León, donde se establece la cantidad de plomo que contienen el acabado de las láminas; y la complementa con valoraciones de investigadores de la UNAM y la UG sobre los daños potenciales que la exposición a este material puede causar.

Sin embargo, lejos de que ese bagaje de información sea tomado en cuenta, a raíz de la investigación han sobrevenido un alud de explicaciones oficiales para justificar… porque no pueden retirarse las láminas y sustituirse por otras.

Que si se trata de un pleito entre dos proveedores que se separaron de una misma empresa; que si no hay Norma Oficial Mexicana sobre la cantidad de plomo que una lámina debe tener; que si el estudio del Ciatec no se conoce por parte de las autoridades; que si las opiniones de los científicos son solo hipotéticas.

Llama la atención que tanta resistencia pueda ensañarse con personas que se cuentan entre las más vulnerables del estrato social de Guanajuato, por su marginación y por su carencia de medios de defensa legal.

Otros ciudadanos, con menores condiciones de marginación, ya estarían realizando ruidosas protestas no tanto para que les quitaran las láminas, como para que les devolvieran su dinero, pues a final de cuentas ni siquiera fue una dádiva, sino que debieron pagar por materiales que muy probablemente pueden provocarles un perjuicio en el mediano plazo.

Las cosas no terminan allí: las “láminas de la discordia”, como las llamó Maerker en su reportaje del informativo Punto de Partida, podrían incurrir en el carácter de productos “pirata”, debido a la usurpación de una marca mexicana con materiales importados de China. Justo lo mismo que le ocurre a los fabricantes de calzado de León que mantienen una larga batalla para hace respetar la propiedad industrial, en la que han sido apoyados por el propio gobierno estatal que hoy no parece tener el mismo cuidado en su proceso de adquisiciones.

Por si algo faltara, hasta el dirigente del PAN, Gerardo Trujillo, el mismo que avaló la presencia de la joven Alondra Luna Núñez, victimizada por un error judicial, como carne de propaganda electoral en un mitin de su partido, ha salido a defender las láminas de la ignominia con argumentos presuntamente técnicos. Me gustaría ver que diría si ese material hubiera sido repartido por un gobierno del PRI. Esa es la estatura de nuestros actuales políticos.

En el círculo de corrupción en que se encuentran inmersos los gobiernos de todos los signos en nuestro país, el entramado en torno al defectuoso y cuestionado sistema de adquisiciones del gobierno de Guanajuato da mucho en qué pensar. De nada sirve que lo valide una Secretaría de la Transparencia que se ha convertido solo en comparsa, perdida ya la visión con la que fue renovada, por lo menos nominalmente.

Pero aún más decepcionante resulta que quien encabeza el gobierno y que parecía dotado de todas las facultades, por trayectoria y por imagen personal, para producir un saneamiento en las prácticas gubernamentales en Guanajuato, esté convertido en un acérrimo defensor de la opacidad y la laxitud ética.

Sin embargo, todo eso resulta secundario ante lo más preocupante: la posibilidad, así sea remota, de que un grupo de familias guanajuatenses que se acogieron a un programa gubernamental que ni siquiera es gratuito, vayan a terminar recibiendo un daño por ello en lo más preciado que tienen: su salud.

Ese sería el auténtico crimen y resultaría imperdonable, más allá de pretextos técnicos que en nada honran a un gobierno cuyo eslogan es “en Guanajuato se vive mejor”.