¿Es plausible que a las 72 horas de haber tocado suelo guanajuatense, tras una semana lejos de su familia, una niña de 14 años victimizada por un proceso judicial deficiente pueda considerar que su prioridad es acudir a un mitin político?

Una sola cosa hay que agradecerle a la candidata panista a la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo Martínez, por su enorme imprudencia de aceptar la participación de Alondra Luna Núñez, menor de edad víctima de un proceso judicial viciado en los Estados Unidos y México: el hecho de haber puesto en evidencia que los protocolos de atención a víctimas siguen siendo una absoluta mentira en México y en Guanajuato.

Tras la marcha panista del sábado pasado, encabezada no por Josefina Vázquez Mota, como se planeó, sino por Alondra, surgieron una serie de nuevos elementos que no habían estado a la vista de la opinión pública cuando el caso se consideró cerrado y con un final feliz.

La aparición de la madre de Alondra, Susana Núñez, exponiendo la marginación en la que la ha tenido el padre de sus hijos, tras una separación, un juicio de divorcio que se prolonga por seis años y el incumplimiento de una orden judicial para el pago de alimentos, se sumó al entendible y justo reclamo porque no le están siendo consultadas las decisiones en las que se está involucrando a Alondra.

Es decir se trata de una situación que podría tener varias víctimas y no una sola. Que requeriría una asistencia profesional (sicológica, social y jurídica) profunda y continua, donde participaran todos los miembros de la familia: los padres de Alondra y dos hermanos más.

De acuerdo a estos datos, la situación de la familia Luna Núñez evidencia un complicado cuadro de descomposición familiar que ya ha tenido secuelas en el pasado, como una desaparición de la propia Alondra que motivó una Alerta Amber, a principios de marzo.

Más allá de la pueril y ofensiva disputa entre el gobierno federal, el gobierno estatal y hasta el PAN, para aparecer en fotografías con acciones tan dispares entre sí como la canalización de ayuda económica a uno solo de los padres, el apoyo médico y escolar y hasta el pago de la fiesta de 15 años, solo pone en evidencia que no se está activando ningún protocolo a profundidad para la ayuda a una víctima de un error judicial binacional y la mejoría de su entorno familiar.

Esta situación incluso ya produjo una, tardía por cierto, intervención de la CNDH para reclamar que se deje de utilizar “la imagen, los datos y la información personal de Alondra”, la cual va dirigida a: instituciones, autoridades, actores políticos y sociedad en general.

La petición ocurre después de que tres mujeres con experiencia política y con sensibilidad social, como son Josefina Vázquez Mota, Ruth Lugo y Raquel Barajas Monjarás, una de ellas exsecretaria de Educación nacional; otra exdiputada local y federal y la tercera expresidenta del Poder Judicial de Guanajuato, no repararon en que la presencia de Alondra en una actividad de proselitismo electoral, así haya sido por su propia voluntad como argumentan, violenta los más elementales conceptos de trato y atención las víctimas.

¿Es plausible que a las 72 horas de haber tocado suelo guanajuatense, tras una semana lejos de su familia, una niña de 14 años pueda considerar que su prioridad en ese momento es acudir a un mitin político?

Preocupa, y mucho, que el Partido Acción Nacional, una formación con herencia humanista y defensor de los valores de la persona, esté más pendiente de negar la asistencia forzada de Alondra al acto y de justificar que lo hizo por propia voluntad, que en valorar lo incorrecto de su actuación. En el mitin, por cierto, estuvo el dirigente estatal Gerardo Trujillo, quien insiste en que la joven “quiso participar y no se le podía impedir”, como si ese fuera el fondo.

Habría que preguntar: ¿es que ya todo se vale para conseguir votos? ¿Esa es la respuesta de un partido político ante el desprestigio que vive el sistema de partidos en general: cuidar su imagen aunque se descuide la perspectiva de una víctima?

No fue el único error: el gobierno federal, a través de Roberto Campa Cifrián, un recién desempacado Subsecretario de Derechos Humanos, se presentó cuatro días después del regreso de Alondra ante una parte de su familia, acompañado de un grupo de funcionarios federales y ni un solo sicólogo o trabajador social, en algo que se antoja solo como otra aparición para la foto. Para hacer eso, el funcionario federal seguramente arribó en un vuelo privado desde la ciudad de México, gastando recursos públicos en un acto de propaganda que hasta ahora tiene escasas consecuencias.

En el caso de Alondra Luna Núñez parece haber fallado todos los protocolos: los de la SRE, el Poder Judicial de Michoacán y la Procuraduría General de la República. Así lo han reconocido las autoridades involucradas.

Sin embargo, resulta por demás alarmante que ahora fallen los protocolos de atención a víctimas y que todas las apariciones de funcionarios públicos y de representantes políticos con la jovencita guanajuatense separada de sus padres por una cadena de errores de las instituciones, tengan que ver con una exhibición mediática.

Fotos con el gobernador, con el subsecretario de Gobernación, con el secretario de Educación y con las candidatas panistas, aparecidas en las primeras planas de todos los diarios, han hecho de este caso un reality show que nada tiene que ver con una reparación del daño, a menos que los protocolos oficiales para atención a víctimas se inspiren ahora en Laura Bozzo.

Mientras más se convierta el caso de Alondra en una historia para los medios, más se le dañará en el futuro, cuando pasen esos momentos de fama y venga la realidad de todos los días, como bien lo saben los especialistas en atención a víctimas.

Una intervención que no contemple la compleja situación de la familia, quedará únicamente en un espectáculo que puede provocar más perjuicios a la larga. Habla terriblemente mal de las instituciones públicas y, en este caso, de un partido político, que solo vean en este caso un asunto superficial de imagen.

Es por actitudes como estas que se puede explicar la crisis de credibilidad que se cierne sobre políticos y gobernantes. Nuestros flamantes servidores públicos ha perdido la brújula y se han olvidado, como me dijo uno de ellos en estos días, que por más ambiciosos e inescrupulosos que sean, de vez en cuando tendrían que ofrecer resultados a quienes aseguran con grandilocuencia que son su razón de ser: los ciudadanos de a pie.