La sola sospecha de que la investigación del OFS sobre la compra de un terreno a sobreprecio en Salamanca pudiera frenarse por componenda política entre Justino Arriaga y Karina Silva, resulta catastrófica.

Urge combatir la corrupción, su presencia en la esfera pública es como un cáncer que hace metástasis e invade todos los recovecos del sistema. Hay quienes caen en la tentación, quienes pecan de omisión y quienes negocian con los corruptos para obtener beneficios a cambio.

Hace unos días un funcionario público, de fama intachable, alto perfil profesional y sólida trayectoria, me discutía sobre la percepción de que la corrupción afecta a toda la clase política: “no todos somos corruptos, habemos quienes hacemos nuestro trabajo con decencia”, dijo con indignación.

Bastó para que reconsiderara su enojo que le recordara su paso por la titularidad de un área del gobierno donde fue notorio el manejo desaseado e ilegal de su antecesor, sobre el cual no dijo nada al llegar ni después, a causa de la “disciplina” institucional.

El problema con la venalidad en el sector público no es que los malos sean más que los buenos, sino que los buenos se callan, aceptan, se agachan y no dicen nada.

Un caso así se está viendo en Salamanca, donde la investigación abierta por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado sobre el presunto sobreprecio en la compra de un terreno destinado a la edificación del nuevo Centro de Control y Comando de la policía municipal, parece haber sido frenado abruptamente desde la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

Una serie de denuncias ciudadanas, avaladas por regidores de oposición, sobre el pago de un sobreprecio de varias decenas de millones de pesos en la adquisición de un predio a través de un oscuro expediente donde hubo simulación de avalúos, la contratación de un notario público de Celaya a precio de oro y la reserva de la información sobre el trámite, ameritaron que el OFS decidiera practicar una auditoría específica en torno al caso.

Sin embargo, a más de 4 meses del inicio de la auditoría, las indagaciones parecen caminar con una gran lentitud o quizá estén francamente detenidas. La situación coincide con el hecho de que la diputada que preside la Comisión de Hacienda del Congreso, la muy eficiente Karina Padilla Ávila, está participando en la contienda interna del Partido Acción Nacional por la candidatura a la diputación federal del Distrito VIII.

Padilla Ávila contiende contra Nancy Alcocer Flores, regidora en la administración de Justino Arriaga y hermana de Samuel Alcocer Flores, exalcalde y recientemente aspirante a la candidatura a alcalde, donde quedó en tercer lugar.

En los corrillos panistas de Salamanca se asegura que Alcocer Flores negoció su participación en la contienda con el alcalde Justino Arriaga, evitando declinar en favor de Galo Carrillo, lo que favoreció a Antonio Arredondo, el candidato del edil. Los votos que ganó Alcocer como tercero en discordia, evitaron que la contienda se cerrara y pusiera en peligro la continuidad del arriaguismo.

Esa disposición quedaría pagada con el apoyo del grupo de Justino a la hermana de Alcocer en su búsqueda de la diputación. Sin embargo, el trato ya habría pasado a mejor vida, al pactar el alcalde con la diputada local Karina Padilla el retiro del apoyo a Alcocer Flores a cambio de su benevolencia en el caso de la auditoría al C4.

Se trata de especulaciones, que muy pronto podrían recibir validación o un mentis rotundo. Si Karina Padilla gana su elección con comodidad, resultará evidente que Justino Arriaga dejó en la estacada a Nancy Alcocer y la pregunta obligada sería ¿a cambio de qué?

La posibilidad, así sea remota, de que una investigación oficial por un presunto acto de corrupción sea objeto de una negociación de favores partidistas, nos hablaría de lo peligrosa que resulta la impunidad y lo contagioso que se ha vuelto el efecto corruptor ante la ausencia de reglas en la política y su sometimiento a la ley del más fuerte, justo lo que se debate en estos momentos en todo el territorio del país y que ha puesto contra la pared a los políticos de todos los partidos.

El hecho de que una mujer política de trayectoria limpia, de probada capacidad técnica y con una gran horizonte de futuro, como lo es la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, pudiera verse inodada en la protección a una notoria irregularidad donde el erario habría recibido un daño doloso, a causa de favores políticos, sería catastrófico.

Una sospecha así dejaría en claro que aún entre los mejores de nuestros políticos y políticas, lo que importa no es la vocación de servicio y el apego a las leyes que nos rigen, así sean defectuosas, sino solamente la obsesiva búsqueda del poder por el poder.

Si los políticos honestos se muestran atados de manos para frenar los excesos de quienes hacen gala de su falta de escrúpulos, bien sea por falta de valentía, bien por el temor a rechazar el sistema de complicidades que se ha instalado en nuestra vida pública, entonces, como quieren los más radicales de los críticos en las calles, quedará en evidencia que la clase política no tiene remedio y que la corrupción, sustentada tanto en quienes la practican como en los que la toleran, ya no es la excepción sino la regla.

No es algo menor lo que está en juego en este episodio salmantino.