Quizá en los planes del presunto Ombudsman de Guanajuato, que lo es por nombramiento pero no por la calidad de su trabajo, estaba meter el acelerador en la recta final de su segunda encomienda pero no para hacer valer los derechos de los ciudadanos de Guanajuato, sino para procurar dar el salto a una nueva posición política.

No sería novedad, lo han hecho casi todos sus antecesores, lo que constituye una de las principales causas de vulneración del espíritu que animó la creación de estos organismos.

Sin embargo, lo que probablemente no estaba en los planes de Gustavo Rodríguez Junquera y su equipo compacto de asesores, era el cambio de paradigma que se viviría en el país con la acentuada reacción tras los acontecimientos de Ayotzinapa, los cuales pusieron en el centro del debate los incumplimientos y las deficiencias del estado mexicano en todos sus niveles, en relación con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

La larga acumulación de situaciones de violencia en el país, con decenas de miles de víctimas inocentes que muchas veces sufren una doble victimización al tratar de ser criminalizadas por las autoridades, finalmente detonó en un movimiento transversal y emblemático que no parece tener más coincidencia en las diferentes agendas que la del respeto a los derechos humanos.

Resulta notablemente paradójico que finalmente la sociedad mexicana muestre la adquisición de una cultura de exigencia de respeto a los derechos elementales de las personas, no como producto de las actividades académicas o el trabajo de los organismos de derechos humanos en el país, que gozan de presupuestos nada desdeñables, sino por la insuficiencia de resultados de esas mismas instituciones.

La actual crisis, otro de cuyos casos notables fue el de la ejecución sumaria de Tlatlaya, donde la CNDH prácticamente avaló la versión del ejército y del ministerio público del estado de México, cambiándola drásticamente tras la denuncia de una publicación internacional, ha puesto en entredicho la concepción oficialista de la defensa de los derechos humanos.

Esa situación prácticamente canceló las posibilidades, muy avanzadas gracias a una campaña nacional que contó con recursos públicos y complicidades políticas, de lograr la reelección del anterior “Ombudsman” nacional, Raúl Plascencia.

En Guanajuato, Rodríguez Junquera, quien fue uno de los firmantes en apoyo a la reelección de Plascencia, ya no tiene posibilidades de repetir en el cargo, pero sí podría aspirar a una posición en los múltiples consejos de órganos presuntamente ciudadanizados; o bien a una magistratura o función de tipo jurisdiccional.

El problema no sería la aspiración, sino que esta se concretara en base a la utilización de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, máxime en los tiempos que corren, cuando cobra singular importancia la autonomía y la solidez moral de este tipo de instituciones que de continuar formando parte del escalafón burocrático, seguirán tan mediatizadas como hasta ahora.

Los méritos de Rodríguez Junquera para buscar posicionamiento en la burocracia panista de Guanajuato no son menores, como se ha visto ya en sus tibias posiciones en torno a temas como el encarcelamiento de mujeres por abortar, el crecimiento de la violencia feminicida y la ausencia de políticas públicas en contra de fenómenos como la violencia de género y el bullying escolar.

No es ningún secreto que muchas de las recomendaciones de la PDHEG se consensúan antes con los funcionarios que las van a recibir. En cambio, no se hace lo mismo con la víctimas, generando de facto una inequidad que siempre será causal de injusticia.

Pocas veces hemos visto a la Procuraduría de los Derechos Humanos ir más allá de la simpleza de una recomendación para salir del paso, evitando pronunciamientos sobre conductas que, al reiterarse, muestran tendencias perversas en la actuación gubernamental. Sus decisiones más radicales en ese sentido bordan sobre colocar leyendas en los oficios burocráticos con la prohibición de la tortura o del maltrato a las mujeres.

Ahora, en cambio, a raíz de la participación de un funcionario de alto rango de la PDHEG, además prospecto a ocupar ese cargo en el futuro inmediato, Alberto Estrella, en un foro del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez con la intención de polemizar sobre una crítica a la recomendación del organismo, se observa una novedosa beligerancia de Rodríguez Junquera que parece haber equivocado el rumbo y el adversario.

En efecto, no se ve como la Procuraduría de los Derechos Humanos puede considerar como contrarios a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, justo en un país y un estado que tiene un gran déficit de activismo y de atención a reclamos de ese tipo.

No se ve como la oficina del “Ombudsman” pueda considerar una invitación a su área educativa como la cita a un debate. De haber sido así, el enviado debió ser otro en lugar de Alberto Estrella y debía haber ocupado un lugar en el podio del evento y no entre el público. Tampoco se ve como se pretenda convertir las resoluciones de la procuraduría en materia de debate público con las organizaciones defensoras, olvidando a las víctimas.

La nueva posición de la PDHEG revela, como ya se sabía, que al frente de la misma se encuentra un político, afín al PAN, aunque con negociaciones con el PRI como lo prueba la contratación de hijo de un legislador de esa filiación, con la pretensión de utilizar el órgano que encabeza como trampolín para continuar una carrera política.

Probablemente Rodríguez Junquera piense que está en su derecho y que no tiene porque estar aguantando críticas sobre su actuación.

En ese caso, está claro que nada tiene que hacer al frente de un organismo defensor de los derechos humanos en un momento como el que se vive en México y, además, recibiendo por ello un salario y abundantes recursos públicos, tantos que incluso ya logró construir un edificio que incluye un elevador privado que le lleva directo del estacionamiento a su despacho, quizá para no tener que encontrarse con los molestos ciudadanos que acuden a pedir su protección.