Abrumado por los continuos y constantes señalamientos en contra de su antecesor, Juan Manuel Oliva, quien caracterizó su mandato por la decisión de mantener en la opacidad aspectos relevantes de la administración, Miguel Márquez Márquez hizo de la transparencia uno de los ejes centrales de su discurso.

Incluso, anunció y cumplió con un cambio simbólico: le cambio de nombre a la Secretaría de la Gestión Pública, que él mismo encabezó en la primera parte del gobierno olivista, para convertirla en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Esa disposición duró apenas unos pocos meses. Cuando el mandatario sintió que el compromiso con la transparencia era un estorbo, repitió los pasos de Oliva.

Lo primero fue erradicar el concepto en el discurso. Después vinieron las decisiones para atar de manos a la titular de la pomposa Secretaría de la Transparencia, sobre todo para indagar la multimillonaria contratación de Proyecto Escudo: 2 mil 700 millones de pesos perdidos en la opacidad.

Todavía, buscando un contrapeso, Márquez estableció un convenio con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el cual, a un costo de alrededor de 4 millones de pesos, produciría una evaluación de los mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.

Más de un año después, aún no se tienen noticias de lo que esté ocurriendo con esa inversión de recursos estatales. En cambio, hoy se sabe que Miguel Márquez ha enviado su primera propuesta, después de la reforma del año pasado, para renovar un asiento en el Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

Se estrena una ley que cambió el mecanismo de integración del Consejo al retirar la facultad de propuesta a cada uno de los Poderes del Estado, un formato que se reveló demasiado corporativo, para otorgar esa facultad solo al Ejecutivo pero mediante la consulta a instituciones gubernamentales y no gubernamentales “que se desempeñen en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.”

No sabemos, por falta de transparencia, precisamente, si se realizó esta consulta. Ayer apenas el coordinador de la fracción panista en el Congreso, Juventino López, explicaba que hubo una convocatoria pública “que nadie respondió”.

Lo cierto es que la terna que ella al Congreso está integrada por tres funcionarios del Poder Ejecutivo estatal, una circunstancia que abona muy poco a los casi extintos ánimos en pro de la transparencia del primer Márquez gobernador, pero muy a tono con la vocación actual de no ir más allá de lo que la letra de la ley señala.

Sin embargo, hay descuidos formales imperdonables. una de las integrantes de la terna, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, es cónyuge del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Yáñez. El IEEG es sujeto obligado a cumplir con el ordenamiento cuya supervisión compete al IACIP. En caso de que esta integrante de la terna sea seleccionada como la nueva consejera de acceso a la información deberá excusarse cuando el consejo aborde temas del órgano electoral.

¿En verdad, tan escasa es la baraja del gobernador Márquez que no encontró a un solo prospecto para integrar esta terna que no fuera empleado de su administración? ¿Se consulto a organizaciones no gubernamentales al respecto? ¿Si es así, éstas no lograron formular una propuesta que no fuese un burócrata estatal?

O quizás, más simplemente, el mandatario solo esté viendo en este relevo una ventana de oportunidad para colocar a alguien de sus complacencias, olvidado ya cualquier compromiso de profundizar las prácticas de transparencia y fortalecer la cultura al respecto.

Finalmente, eso ya está en manos del CIDE y se le paga bien por ello.