Nadie bien informado podrá decir que Miguel Márquez Márquez, el gobernador panista de Guanajuato, es un  político ultramontano y dogmático que se guía únicamente por los principios de Acción Nacional y la ética confesional de su temprana vocación sacerdotal, luego sustituida por su vocación por el servicio público.

Márquez se ha hecho de aliados en su trayectoria que no tienen nada edificante en su actuar. Allí está el caso de Martín Negrete, dirigente de la Ucopi, quien ha pasado de ser líder de un movimiento de peticionarios de vivienda a factor de presión política y a una especie de empresario de la movilización y con quien ha llegado a acuerdos de facto en Irapuato.

En el actuar de Negrete seguramente hay muchos claroscuros que repudiaría el Miguel Márquez del discurso  en favor de la honestidad y los valores, el Márquez de la transparencia, el Márquez que se debe a las instituciones.

Eso no fue obstáculo, sin embargo, para que la Ucopi de Negrete se convirtiera en aliado en las pasadas elecciones de 2012 en Irapuato, donde las colonias con presencia de esta organización se volcaron en favor de los candidatos panistas, permitiendo, el apretado triunfo de esos comicios.

En esa ocasión, como en otras, Márquez antepuso los objetivos políticos a sus creencias personales y a las convicciones éticas que presume en público. Prefirió los fines y no reparó en los medios.

En cambio, esa vertiente pragmática no aparece cuando se trata de las cuestiones de género. Allí, los “principios” y más que ellos, los prejuicios, privan sobre el pragmatismo y Márquez evita el contacto con los grupos de defensa de las mujeres que tienen años de movilización y compromiso acreditados, para preferir el surgimiento de sucedáneos poco creíbles y que de nada servirán.

Vaya paradoja: Márquez no tiene empacho en que sus colaboradores se sienten a negociar con el impresentable Negrete y le concedan el estatuto de interlocutor. Pero en cambio desdeña a Las Libres y a Verónica Cruz, que tienen un reconocimiento nacional e internacional.

Asumiendo costos políticos innegables y el riesgo de abanderar un conservadurismo cada vez más inviable, el mandatario guanajuatense ha decidido combatir de manera frontal y con todos los recursos a su alcance, que no son pocos, a los grupos que luchan por los derechos de las mujeres y que han hecho una exitosa causa del reclamo de políticas públicas más eficaces para frenar la violencia de género.

Los esfuerzos de Márquez para frenar el análisis y la aportación de soluciones desde la sociedad a la situación de creciente deterioro en materia de derechos humanos en Guanajuato, contradicen su declarada política de buen gobierno.

Lo primero que deberíamos saber para hacer políticas efectivas, es el grado real de afectación de la paz pública, de la seguridad en el sistema escolar, de la violencia contra las mujeres. Para ello no bastan las cámaras del oneroso proyecto Escudo, ni el sofisticado entrenamiento y equipamiento de los grupos de reacción de sus policías.

Lo que se necesita son estudios del entorno social en los que mucho podrían coadyuvar tanto las organizaciones no gubernamentales que hoy son desdeñadas oficialmente, como instituciones académicas y grupos de apoyo nacional e internacional.

Eso parece ser algo que no se quiere de ninguna manera. como el enfermo que se niega a conocer el diagnóstico, el gobierno marquista parece hablar por la voz de una de sus activistas de cabecera, Norma Nolasco, cuando advierte que una alerta por violencia de género podría “afectar al turismo”.

Probablemente, el gobernador ni siquiera se percate del tremendo empujón que le está dando al movimiento en pro de los derechos de las mujeres con su resistencia a abandonar sus prejuicios personales para asumir decisiones políticas que deberían serle obligatorias.

Al día de hoy, como señaló un analista, el mejor promotor de la Alerta de Violencia de Género en Guanajuato es el gobernador que rechaza lo innegable: en primer lugar, una situación que se revela preocupante; y, en segundo,  la creciente capacidad de denuncia, de organización y de autodefensa de las víctimas de una situación de desigualdad y de riesgo que no es nueva, pero que hoy por fin está evidenciada.

Márquez no tiene la culpa de la falta de equidad y de la asimetría que padecen las mujeres en Guanajuato, como tampoco la tiene del rezago educativo; igualmente tampoco tiene el mérito del boom industrializador del estado, del que le ha tocado el reconocimiento.

Sin embargo, es a quien hoy le toca tomar las decisiones para revertir las carencias y potenciar los logros de la sociedad que gobierna. Eso fue lo que protestó cuando asumió el cargo. Nada más, tampoco nada menos.