Por fin, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) le dio trámite a una solicitud de declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para una entidad del país, un mecanismo que parecía ser solo declarativo y que hasta ahora no ha probado su efectividad, simplemente porque no ha sido aplicado a causa de criterios políticos y burocráticos.

El estado que tendrá el dudoso honor de avanzar en este terreno es Guanajuato, una entidad relativamente tranquila, donde la violencia feminicida se mantiene por debajo de muchas otras entidades, pero en el cual el crecimiento de casos ha sido exponencial en los años recientes.

En buena medida, la emisión de 13 recomendaciones al gobierno de Guanajuato, que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez, paso previo a la declaración de una AVG en caso de que no las cumpla en un lapso de seis meses, se debe al trabajo de varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, entre las que destaca Centro Las Libres.

La solicitud de AVG ante la CONAVIM fue presentada en dos ocasiones por Las Libres, habiendo sido desechada la primera bajo las anteriores reglas del juego, donde votaban las representantes de los institutos de la mujer de los estados del país, las cuales se cubrían unas a otras.

En esta ocasión, la solicitud fue planteada bajo las nuevas disposiciones que remiten a un grupo de trabajo con presencia de académicos de corte nacional y local, lo que permitió un tratamiento diferente.

La posición de Centro Las Libres para solicitar una declaratoria de alerta por violencia de género, deriva de la existencia de 73 casos de mujeres asesinadas en 2013 y alrededor de 20 en lo que va de 2014.

Pero eso no es todo. A los crímenes le ha seguido una actitud de minimización del fenómeno por parte de las autoridades políticas y una práctica sistemática de revictimización del sistema de procuración y administración de justicia, todo lo cual no hace sino propiciar la impunidad, culpar a las mujeres de su suerte, exculpar a una cultura de violencia machista y, en general, producir una retroalimentación del ciclo de la violencia.

Eso fue lo que se argumentó ante el grupo de trabajo integrado para atender esta demanda de atención y que fue tomado en cuenta para producir un primer documento que incluye 13 recomendaciones al gobierno de Guanajuato, de cuyo cumplimiento depende que se declare o no la Alerta de Violencia de Género.

La lista de recomendaciones ya está en manos del gobernador Márquez quien, en una primera declaración, aceptó todas y cada una de las propuestas. El optimismo, sin embargo, no duró mucho tiempo.

La quinta recomendación, la cual ha sido considerada central por los analistas y expertos en el tema, establece la necesidad de crear una mesa de seguimiento de la violencia feminicida en la que participen las organizaciones civiles que han trabajado en el tema, además de autoridades estatales y los familiares de las víctimas.

En consonancia con la propuesta, Centro Las Libres, en voz de su presidentas Verónica Cruz, ofreció el pasado lunes una rueda de prensa para ofrecer al gobierno de M igual Márquez su plena disposición a integrarse en esa mesa, junto con los familiares de las víctimas, a fin de establecer criterios para dar cumplimiento al resto de las recomendaciones.

La respuesta llegó al día siguiente, cuando los medios locales abordaron al propio Márquez al término de un evento oficial para interrogarlo sobre el tema y la propuesta de Las Libres. La posición del mandatario merece citarse íntegra:

A la pregunta:

“¿Usted acepta la invitación de Verónica Cruz a trabajar en conjunto con ellas?”

Contestó:

“No. Mi trabajo es muy claro. Mi trabajo responde a las instituciones. Yo trabajo para las mujeres en el estado de Guanajuato. Vamos a trabajar para ellas e indudablemente vamos a responder a las instituciones.”

Queda en evidencia que el tema de la violencia de género, no obstante las muestras palmarias de la situación delicada que se vive en Guanajuato, como en casi todo el país, no constituyen una preocupación para autoridades que no parecen gobernar para solucionar problemas, sino solo para recibir aplausos.

La situación del país, en este y en otros muchos temas, es demasiado compleja como para pensar que gobernantes ávidos de primeras planas, de reconocimientos fáciles y de usar los cargos solo como escalones, puedan asumir la delicada responsabilidad de avanzar, así sea palmo a palmo, en evitar el crecimiento de rezagos y comenzar a revertirlos.

En este, como en otros terrenos, los mandatarios de todos los signos políticos no quieren interlocutores sociales legítimos y dotados de autonomía. Confunden la participación social con la cortesanía y se muestran incapacitados para sostener diálogos de fondo sobre problemas reales.

La respuesta de Miguel Márquez no es sintomática, sino más bien emblemática: al asegurar que su trabajo responde a las instituciones, olvida que hace no mucho, en campaña, ofrecía gobernar para la sociedad y hacerlo, además de forma transparente.

¿Cuáles son esas instituciones a las que alude? Porque si se gobierna para el gobierno el medio tendería a convertirse en fin. Las instituciones, a fin de cuentas son creadas por los hombres para atender requerimientos sociales. Es muy fácil que la burocracia convierta los instrumentos en objetivos y terminen por olvidarse del fin originario de la organización que llamamos gobierno.

Por eso vemos a los políticos desviviéndose para pasar de un cargo a otro, tomando decisiones solo para garantizarse su siguiente puesto, olvidándose de que los ciudadanos son los mandantes y ellos los mandatarios, los que han recibido un mandato para que sea cumplido.

En las declaraciones de Miguel Márquez se ve una doble confusión. Primero la de afirmar que trabaja para las instituciones como respuesta a una solicitud ciudadana de diálogo y colaboración. Segundo, la de asegurar que trabaja para las mujeres de Guanajuato y rechazar una oferta de colaboración de un grupo acreditado nacional e internacionalmente de defensa de derechos de las mujeres.

Con esos pasos, con esa forma de pensar, ni duda cabe que Guanajuato se encamina a recibir la primera Alerta de Violencia de Género, lo que desde luego no es una mala noticia si se analiza que se trata de un mecanismo preventivo. Lo único lamentable es que buena parte de esa violencia se incube y fortalezca por una inadecuada actuación de las instituciones públicas.