En el Partido Acción Nacional del año 2014 ya no extraña la desvergüenza de un grupo de connotados militantes que han usado el control de la estructura partidista para su beneficio personal, pero sin duda todavía provoca admiración el cinismo.

Hace unos días, el inventor y normalizador de la técnica de “los moches” en la entrega de partidas del presupuesto federal, el coordinador parlamentario del PAN en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, acudía a Guanajuato para pedirle al gobernador Miguel Márquez que ahondara en la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por su antecesor, Juan Manuel Oliva.

Villarreal sabía donde pegaba. Márquez ha evitado sistemáticamente involucrarse en la contienda nacional panista, a fin de no malquistarse con Oliva, sin cuyo respaldo jamás hubiera sido candidato; pero tampoco con Madero, el muy probable ganador de la contienda.

Al obligarlo a justificar el solapamiento de Oliva, Villarreal logró sacar del escondite a Márquez y le empuja a asumir costos políticos en la contienda.

Lo notable es que el diputado sanmiguelense se pueda dar esos lujos cuando carga su propio bagaje de señalamientos de corrupción, de comprobados abusos de poder y de violaciones flagrantes a las leyes que ha jurado cumplir.

Eso habla del real estado de las cosas en Acción Nacional, donde las viejas batallas de ideas, las competencias de oratoria brillante y el choque de estrategias políticas para influir en la marcha del país, aún siendo oposición, ha dejado paso a la banalidad, a la truculencia de poca monta y a un reinado de pillos, donde el debate se reduce a mostrar quién es el más corrupto.

Villarreal fue señalado, mucho antes de los “moches” presupuestales, como se ha dado en llamar a las comisiones cobradas a través de terceros o de empresas constructoras designadas por dedazo, por su vinculación con una firma de casinos, un negocio muy poco edificante para un político, si nos atenemos a normas clásicas.

Aunque en su momento lo negó, con ese engolamiento de la voz que tan bien le sale para mentir, la vinculación de los hermanos Villarreal con el casino Grand de León, hoy en quiebra, fue suficientemente probada  por el portal electrónico Zona Franca, en base a documentos: las hipotecas de terrenos propiedad de Ricardo Villarreal, el hermano menor de Luis Alberto, hoy en una curul federal, para adquirir maquinaria y avales para el casino en mención.

La tajante negativa de Villarreal a su vinculación con casinos, ha sido puesta en evidencia una y otra vez.

Ahora emerge de nuevo, aunque tan solo como ataque político, pues nadie en su partido ni en las instituciones federales que regulan el tema, se ha propuesto investigar en serio el tráfico de autorizaciones espurias para abrir casas de juego, quizá uno de los giros de entretenimiento más nocivos para la sociedad y que tuvo un auge artificial de la mano de las dos administraciones federales panistas.

Esta vez aparecen nuevos elementos para evidenciar el manejo de influencias para abrir negocios al borde o abiertamente fuera de la ley, de acuerdo a grabaciones exhibidas por el diario Reforma.

Cuando los Villarreal negociaban un permiso para casino a través de la intermediación de Jorge Villalobos, entonces secretario particular de Gustavo Madero, en septiembre de 2011, el centro de apuestas en León ya tenía varios meses en funcionamiento, al amparo del alcalde Ricardo Sheffield Padilla, miembro del mismo grupo político y hoy coordinador de campaña de Madero en Guanajuato.

Entonces se creía que operaba bajo un permiso propiedad de Jaguar Entertainment, la sociedad encabezada por Talía Vázquez Alatorre. Ahora se sabe que esa primera negociación se rompió y que los Villarreal gestionaban, a través de Jorge Villalobos, hoy por cierto vicecoordinador de la bancada que encabeza Villarreal, un permiso irregular de la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta.

Así, poco  a poco se va armando el rompecabezas: un senador de la República, un alto representante popular por cuyas manos pasaron innumerables leyes y lo siguen haciendo, hoy como diputado, utilizó influencias , amistades y los claroscuros de la ley, a fin de obtener un beneficio personal. En muchas naciones civilizadas eso sería suficiente para el fincamiento de responsabilidades y el encausamiento legal.

Aquí no pasó nada. En cambio, Villareal siguió una carrera política ascendente con el beneplácito no solo de Gustavo Madero, sino de destacados priistas como el coordinador de la bancada en el Congreso, Manlio Fabio Beltrones y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

¿Alguien se sorprende de que la siguiente audacia de Villarreal haya sido la de aplicar una caseta de cuota en la autopista presupuestal del país, para cobrar peaje a cada alcalde y gobernador que acudiera a solicitar recursos extraordinarios?

Realmente no es ninguna novedad. Villarreal está donde está por que sabe utilizar el poder para obtener beneficios a trasmano, para eso lo quiere allí Madero y es el precio que se le otorga a cambio de convertirse en un dócil dictaminador de las propuestas peñistas.

Las denuncias en su contra, provenientes del ala corderista, nueva piel del calderonismo, tampoco parecen muy convincentes: se busca hacer algo de escándalo, se quiere obtener votos a costa de la enorme desvergüenza maderista, pero no se quieren sentar precedentes.

Ya Javier Lozano, con las leyes secundarias de la reforma de Telecomunicaciones, dejó sentir que la rebatinga entre panistas solo es para ver quien se erige como el mejor convertidor de las reformas en beneficios contantes y sonantes, vendiendo caro el apoyo al gobierno priista.

Ese parece ser el PAN del siglo XXI, una endeble formación conservadora que no aguantó los cañonazos de 12 años en el gobierno y que extraña los beneficios indebidos del poder, con tanta nostalgia que están dispuestos a despedazarse por las migajas que caen de la mesa.