Prácticamente hay unanimidad en la clase política estatal torno a la suerte del alcalde de San Felipe, Federico Velázquez, quien decidió tomar la justicia en sus manos para tratar de ocultar las irregularidades cometidas por su esposa en el DIF municipal: deberá separarse del cargo y hacer frente a los delitos que se le imputan.

Sin embargo, en lo que nadie se ha puesto de acuerdo es cuándo debe ocurrir ni quién debe tomar la iniciativa.

Lo delicado es que mientras los políticos resuelve sus dudas y establecen acuerdos, en San Felipe la situación amenaza con deteriorarse rápidamente, pues Velázquez ha decidido atrincherarse y contratacar a sus críticos, por ahora verbalmente, pero entre sus cercanos hay quienes también hablan de pasar a los hechos.

En las cúpulas políticas estatales la situación está paralizada. El PAN, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, ha decidido correrle una cortesía al PRI: «el problema es de ustedes, así que ustedes decidan», es lo que parecen decir con sus mensajes tanto el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García; como el coordinador de los diputados panistas, Juventino López Ayala.

Sin embargo, en el PRI no hay quien asuma responsabilidades. La dirigencia estatal de ese partido se encuentra en un estatus de provisionalidad: la delegada del CEN en funciones de presidenta, la queretana Ana Bertha Silva Solórzano, vino a ganar tiempo y, quizás, a organizar una elección. Para lo demás no tiene mucha cabeza.

Se podría argumentar que los procesos judiciales en los que se encuentra inmerso Federico Velázquez apenas comienzan y que falta mucho tiempo para que pueda resultar indiciado y proceda una solicitud de desafuero.

En términos políticos las cosas no parecen tan sencillas. La oposición al edil sanfelipense crece en su propio ayuntamiento, lo que acerca la situación a lo que ocurrió en Doctor Mora, con la consecuente parálisis de la administración.

Contrario a lo que dice Antonio Salvador Garcia, el siempre optimista y a menudo desinformado secretario de Gobierno, quien aseguraba hace pocos días que «el alcalde está trabajando, gestionando recursos y aplicándolos», en San Felipe se vive una situación complétamente anómala en el terreno de la gobernabilidad.

Tan solo este lunes, la ciudad amaneció tapizada con cartelones escritos a mano, plagados de faltas ortográficas, donde se intenta realizar una defensa de Federico Velázquez y se insulta a sus presuntos opositores. Lo interesante es que no fueron pocos los testigos que vieron a los empleados de limpia de la administración pegando los letreros.

No es la única señal de que Velázquez ha decidido pasar a la ofensiva, asesorado por sus funcionarios cercanos. En la página de Facebook del municipio, sus administradores decidieron adelantar la efeméride del 29 de marzo, cuando se conmemora un hecho ocurrido en 1936 en el contexto de las secuelas de la  guerra cristera, que culminó en una matanza en la plaza principal de San Felipe. La publicación fue tomada como un acto de intimidación y así se comentó en la propia red social, lo que a la postre determinó que fuera retirada del sitio.

La cabecera municipal de San Felipe se ha mostrado contraria al priista Velázquez desde la elección, donde perdió frente al PAN; mientras que las comunidades rurales le dieron su apoyo. En la ciudad han corrido rumores, propalados desde la presidencia municipal, de que se prepara una manifestación de apoyo al alcalde con participación de los habitantes de la zona rural, lo que podria interpretarse como una abierta provocación.

Pero también, en un acto que parece la preparación para el conflicto, el alcalde decidió exiliar a su esposa, Teresa Ontiveros Carranza,en Texas, argumentando la misma patraña que manejó desde que inició la crisis: «amenazas del crimen organizado».

Cabe señalar que Ontiveros también está sujeta a investigaciones por el cobro de un sueldo de forma ilegal y los recortes practicados al salario de los empleados del DIF, por lo que su viaje también puede ser interpretado como evasión de responsabilidades.

Es una situación que debería tener ocupados y preocupados a los responsables de los Poderes del estado en Guanajuato. Parece demasiado irresponsable seguir considerando lo que ocurre en San Felipe como un mero «problema doméstico».

Gobernar es, sobre todo, prever. Aquí, en cambio, hay quienes piensan que ejercer el poder tiene que ver con «tranquilizar» a los ciudadanos y minimizar los problemas.