Parece una comedia de enredos digna de la pluma de Ibargüengoitia  o de un film de los hermanos Cohen. Pero es real, ocurrió en San Felipe, Guanajuato, y el protagonista es un presidente municipal del PRI, para más señas: Federico Velázquez Juárez.

Desde hace algunos meses se venían conociendo quejas y denuncias por una situación que prevalecía en el DIF municipal, donde la señora Teresa Ontiveros de Velázquez, cónyuge del alcalde y presidenta honoraria del DIF, ordenó la realización de descuentos a los trabajadores de la dependencia.

Totalmente ilegales, los recortes salariales se destinaban, a decir de las versiones propaladas por los propios afectados, a cubrir salarios para dos hermanas de Ontiveros, Patricia y Guadalupe, que habían dejado de laborar en el DIF cuando se le observó a la presidenta por parte de su marido que no era correcto tener a familiares trabajando de forma directa.

Una empleada del DIF, la propia secretaria particular de Teresa Ontiveros, Perla Leticia Silva, se inconformó con la situación lo que motivó, primero, la asignación de tareas ajenas a su función y en zonas alejadas del municipio; posteriormente, al no lograr el objetivo de que renunciara, su despido de forma arbitraria.

Perla Leticia decidió reclamar una indemnización y exigir la devolución del dinero que le había sido descontado de su salario de forma ilegal. Su error fue no acudir ante la justicia laboral y plantear la advertencia de que podría acudir a los medios con la historia.

Ante la situación, intervino el presidente municipal, Federico Velázquez, quien citó a Perla Silva en su casa para entregarle un total de 80 mil pesos, cifra en la que se calcularon sus reclamos. En ese lugar, el munícipe entregó el dinero y preparó un operativo policial con elementos de su propia dirección de seguridad pública, quienes detuvieron a la ex funcionaria, a su acompañante, Víctor Manuel Vizuet y a dos personas más que los esperaban en un auto.

Al tratar de defender a Perla, Vizuet recibió un disparo en una pierna, a la altura de la pantorrilla, al parecer infligido por el propio director de Seguridad Pública del municipio.

En medio de ese desaguisado y el cúmulo de torpezas, donde se suman las de los inconformes con las de la autoridad, el alcalde ordenó a su área de prensa que divulgará la versión de que había sido “víctima” de un intento de extorsión donde incluso hubo ¡disparos!, pero que había salido ileso y se había detenido a cuatro personas “tras un operativo”.

En realidad sólo hubo un disparo que salió del arma de un funcionario policiaco, los detenidos iban desarmados. Tras la detención, la policía municipal tardó ¡10 horas! en presentar a los detenidos, violentando de entrada el debido proceso a que debe estar sometido cualquier presunto responsable de una falta.

Es decir, el alcalde trató de controlar cualquier posible daño por las denuncias en contra de su esposa, acerca de lo que estaba ocurriendo en el DIF con los sueldos de los empleados, mediante el expediente de convertir un reclamo de liquidación informal y una amenaza de denuncia en los medios, en un caso de extorsión; de pasada, podría hacerse la víctima, además de ahorrarse la liquidación e intimidar al resto de los posibles inconformes. ¡Vaya plan!

¿En qué clase de cabeza cabe que una maquinación tan artesanal puede tener éxito? ¿Ese es el PRI que quiere “mover a México”? ¿Los que hacen “que el sol se levante”?

Por lo pronto, el primer error fue el disparo del policía que hirió a un ciudadano desarmado cuyo único delito era acompañar a su novia a reclamar una indemnización y luego tratar de impedir que la detuvieran injustamente.

El segundo fue la desmedida publicitación de la pretendida extorsión que no engañó casi a nadie, quizá solo al Secretario de Gobierno de Guanajuato, el buenazo de Antonio Salvador García  López quien salió a los medios este jueves a imaginar que se trataba de una acción “del crimen organizado”.

Las aguas tornaron rápidamente a su cauce, gracias a la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado, que determinó la inexistencia de cualquier tipo de delito relacionado con la extorsión por parte de Perla Silva y sus acompañantes, considerando en cambio el agente del M. P. la existencia de indicios claros de abuso de autoridad y la innegable existencia de un lesionado por arma de fuego.

Por lo pronto, en San Felipe son los propios priistas los que empiezan a deslindarse de las conductas del alcalde Federico Velázquez y su esposa Teresa Ontiveros, demandando a sus regidores, desde el Comité Municipal de ese partido, que investiguen las “cooperaciones” que se imponen a los empleados del DIF, raíz de todo el conflicto.

¿Puede el estado de derecho, con todo y las precariedades que muestra a cada tanto, soportar el dolo de un funcionario con mando de fuerza y responsabilidad pública que lleva a cabo una maquinación en contra de ciudadanos y es sorprendido de forma tan flagrante?

¿Dónde está la oposición en San Felipe? ¿Está el PAN tan ocupado en sus luchas internas que ya no ve la realidad? ¿Y la Procuraduría de los Derechos Humanos tendrá algo qué decir, si es que su titular no anda en algún viaje de alto contenido académico?

Miguel Márquez quiere defender a las familias de las tentaciones del juego de azar y de la carne, peor ¿no lo hará de los malos funcionarios públicos? ¿O dirá que este asunto no es de su incumbencia?

O, para resumir ¿en qué estado y en qué país vivimos? Ya se ve que en el que podemos, a duras penas.