No podemos esperar a que funcione el proyecto «escudo», incluso resultará contraproducente esperar de un programa tecnológico, por más completo que sea, respuestas a todas las inquietudes en materia de inseguridad en Guanajuato.
En enero se registraron alrededor de 60 homicidios violentos en la entidad. La cifra varía por el hecho de que algunos de los cadáveres localizados con signos de violencia pudieron provenir de entidades vecinas, aunque serían los menos.
De esa cantidad, por lo menos la mitad tiene la característica de ejecución, lo que induce a pensar en acciones del crimen organizado.
Los políticos locales, entre ellos el gobernador y los alcaldes de las principales ciudades, tienden a dar explicaciones baladíes para sacudirse la responsabilidad: «es el contagio michoacano», coinciden.
Si es así, resultará más preocupante, porque Michoacán se fue deteriorando lentamente a lo largo de los años ante la incapacidad de las autoridades locales para afrontar la amenaza y su proclividad a eludir los problemas derivados de la presencia creciente de los grupos criminales.
«Escudo», con sus cámaras, sus arcos, sus botones de pánico y su centro de control con la última tecnología, no sustituirá la capacidad de investigación, la voluntad de combatir las amenazas de la delincuenca organizada y la resistencia a los embates de la corrupción.
Haría falta que la actitud proactiva de los funcionarios estatales y municipales de las áreas de seguridad se mostrara ya, con los elementos que tienen al alcance, para darle confianza a los ciudadanos.
Por lo pronto no ha pasado. El silencio resulta estruendoso ante las cifras negras de enero. Lo único que se tienen son las justificaciones de la mala influencia que resulta ser Michoacan para nosotros, lo cual parece más una cortina de humo que una explicación satisfactoria. Por otra parte, parece que todas las esperanzas están depositadas en la nueva tecnología, como si las máquinas pudieran actuar por sí solas.
Resulta un exceso pensar que el auge de los robos a casas habitación, a negocios y a transeúntes que padecen las principales ciudades del estado, está la mano de los cárteles. En ese terreno, más bien parece que se trata de redes locales que no necesitan llegar de ninguna parte, pues están aquí y actúan bajo algún tipo de protección.
Lo peor de todo es que los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos parecen tan desconcertados como estos. Por un lado se anuncian blindajes fronterizos que ni pueden ponerse en práctica, ni tampoco solucionan los delitos patrimoniales. Por otra parte, se anuncia «cambios de estrategia» en donde parece no haber ninguna.
Debe insistirse: la lucha por la seguridad es de autoridades y sociedad organizada, pues nada puede lograrse si cada una de estas esferas actúa aisladamente. Pero, para que eso ocurra, lo primero que tendría que suceder es que la autoridad otorgue un trato de adultos a sus ciudadanos. Y para empezar, se podría reconocer que lo acontecido en enero no es normal, ni se puede explicar sólo por el entorno.
Habría que aclararles a quienes tienen responsabilidades públicas al más alto nivel, en las diversas esferas de gobierno, que su trabajo consiste sobre todo en instrumentar acciones que respondan a los retos que enfrenta la sociedad, no en elaborar justificaciones, por más razonables que pudieran ser.