La investigación en torno a la muy bien orquestada operación del ex director de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría de Finanzas, Eduardo García Sánchez, se llevó prácticamente todo el año y aún no concluye.

Por lo pronto, se ha anunciado la detención de siete posibles cómplices, todos presuntos integrantes de las empresas que el ex funcionario, prófugo aún, constituyó. La sospecha es que esas personas solo hayan operado como hombres y mujeres de paja en las sociedades anónimas de García Sánchez.

Pretextando los nuevos procedimientos de la justicia oral, la Procuraduría de Justicia del Estado, como ya es costumbre, ha llevado a cabo una investigación sigilosa y opaca que ahora pretende anotarse un triunfo con la detención de los cómplices del ex funcionario.

Sin embargo, ha trascendido que la investigación, aún inconclusa, ha detectado ya daños al erario público superiores a los 70 millones de pesos, por la venta simulada de productos al gobierno del estado.

La red de empresas ficticias, donde fueron involucrados como socios de paja algunos de los detenidos ayer por la PGJE, comenzó a funcionar desde el año 2009. Las operaciones abarcaron prácticamente la mitad del gobierno de Juan Manuel Oliva, incluido el interinato de Héctor López Santillana; y los primeros meses de Miguel Márquez.

Es decir, Eduardo García Sánchez habría burlado a tres secretarios de la Gestión Pública: Miguel Márquez, Luis Ernesto Ayala y Gilberto Enríquez. El primero de ellos es hoy gobernador del Estado, mientras que el tercero es subsecretario de Finanzas.

Además, el hábil funcionario pasó por encima de Gustavo Adolfo González y, por un corto lapso, de Juan Ignacio Martín Solís. Dos de sus jefes directos fueron Jorge Zúñiga, un militante panista que ocupó la Dirección de Adquisiciones; así como Juan Fernando Sáenz Hidalgo, quien lo sustituyó y ahora se desempeña como Director de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos.

La telaraña de operaciones, que implica a varias empresas que aun no terminan de ser investigadas, sólo pudo ser detectada cuando manos anónimas filtraron la factura de la compra de megáfonos a fines del año pasado, a más del doble de su valor comercial.

La situación evidencia la falta de controles eficientes en el ejercicio presupuestal del gobierno, donde las aparentes medidas de fiscalización y los múltiples cruces de trámites, no lograron detectar una bien armada operación cuyo arquitecto fue Eduardo García Sánchez prácticamente en solitario.

Sus compañeros lo recuerdan a la fecha como un empleado modelo, siempre dispuesto a trabajar después de hora, sábados y domingos incluidos. Gracias al Servicio Civil de Carrera, pudo ascender de ejecutivo de compra a coordinador de operaciones y, finalmente, a director de área.

A lo largo de todos esos años, de acuerdo a la trama que se ha venido descubriendo, detectó todas las debilidades del sistema y las aprovechó de manera magistral para sus fines, si nos atenemos a los resultados.

Las investigaciones de la PGJE dadas a conocer ayer, reconocen un daño patrimonial al erario estatal por 27 millones de pesos, donde están involucrados los siete detenidos, presuntos socios de tres empresas, quienes operaron  mediante “procesos de compra ilícitos en los (…) que simulaban la entrega de bienes a través de facturas con contenido, firmas y sellos falsos de diversas Dependencias, con las cuales tramitaban su pago a fin de obtener un lucro mediante las transferencias de dinero de las cuentas de Gobierno del Estado a las propias.”

Si nos atenemos a las versiones que hablan de que el fraude podría casi triplicar la cifra reconocida hasta hoy, tenemos que a lo largo de poco más de tres años, un funcionario de nivel medio de la Secretaría de Finanzas y algunos cuantos prestanombres sin mayor preparación, lograron defraudar a todo el aparato del estado y sus cacareados sistemas de control, hasta lograr defraudar alrededor de 70 millones de pesos.

Puede sonar a chiste, pero el gobierno de Miguel Márquez debería pensar en la posibilidad de ofrecer una amnistía al prófugo Eduardo García Sánchez, quien tan sólo en la semana antes de desaparecer habría realizado movimientos de cuentas bancarias por casi 20 millones de pesos, a fin de que les haga un estudio de las debilidades de los controles internos.

Probablemente esos 70 millones de pesos podrían ser una buena inversión si se aprovecha el mal paso. De lo contrario,  lo preocupante sería que esas cosas siguieran pasando bajo las narices de los mismos funcionarios que se dan baños de pureza y se llenan la boca hablando de ahorro, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, mientras a sus espaldas se da la fiesta de los ratones.