Claudia Barrera, una magistrada de calificaciones impecables, de sólida carrera y con legítimas apiraciones a encabezar el Poder Judicial, no considera necesario excusarse de un asunto que involucra a familiares de quien es uno de los principales apoyos políticos para su proyecto.
Gustavo Rodríguez, un procurador de Derechos Humanos, de impecable factura académica, acepta la «sugerencia» de un diputado que, además, es el titular de la comisión que revisa su desempeño y aprueba sus informes, para darle trabajo a su vástago, carente de toda experiencia.
¿Son esas conductas permisibles en las instituciones que requiere nuestra democracia?
¿Por qué nuestros hombres y mujeres más calificados también deben prestarse a la vieja costumbre mexicana de la corrupción; del «me das y te doy»; del «quien no tranza no avanza»; del «qué tanto es tantito»?
¿Cómo podrán las élites de este país y de este estado contribuir a abatir los graves rezagos que nos afectan, cuando ni siquiera sus altísimos sueldos son un incentivo para apegarse a comportamientos de mínima ética?
¿Por qué un ciudadano de a pie debe pagar impuestos, verificar su auto, cuidar que sus hijos no hagan desmanes, ser conciente y portarse bien, denunciar lo que vea mal, hacer ejercicio, controlar sus vicios, sobrevivir con salarios de hambre, no endeudarse, usar el crédito racionalmente, consumir lo que el país produce, evitar la piratería, todo ello cuando los privilegiados que lo gobiernan pueden saltarse la ley impunemente, mientras comen en restaurantes de lujo con viáticos oficiales, viajan con cargo al erario, disponen de choferes, cobran sueldos estratosféricos, todo ello al tiempo que exclaman: «a nuestro pueblo le falta aún mucho».
Es decir, los políticos tercermundistas de México, justifican su fracaso, por el hecho de que los mexicanos no son suizos o escandinavos.
Y todos parecemos acostumbrarnos a ese panorama: la mediocridad es la común moneda de cambio; la deshonestidad es un mal necesario, naturaleza humana, se dice; la ley es una simulación y los discursos pontificantes cobijan exactamente lo contrario de lo que dicen.
¿Cuánto podremos sobrevivir en este tobogán?
Hay, desde luego, lugares que parecen más naturales para el desapego de la ley y el olvido de las normas, pero hacerlo en el Poder Judicial, resulta un absoluto exceso.
Hay lugares para traficar con los empleos y usar las nóminas para hacer favores, pero hacerlo en el limitado espacio de la defensa de los derechos humanos, tan amenazados en estos tiempos, es una insolencia.
En ese contexto, resulta hilarante, si no fuera trágico, que el discurso enaltezca valores que se quisieran obligatorios para los gobernados, mientras son optativos para los gobernantes.
Las sociedades generan anticuerpos, eso lo muestra la historia a quien tenga la paciencia y la dedicación de hurgar en sus páginas. Por más que los privilegiados con momentáneas posiciones de poder piensen que no pasa nada, tarde o temprano se reconstruyen los equilibrios mediante los cuales una sociedad puede conservar una esperanza, así sea lígera, de futuro.
En tanto eso pasa, algo de lo poco que podemos hacer, es llamarle a las cosas por su nombre y tratar, con tenacidad, de evitar que unos políticos tan mendaces como cínicos, logren su cometido de vendernos gato por liebre.
Muy interesante tu comentario, particularmente porque estoy haciendo mi tesis de Derecho sobre los Derechos Humanos y la participación ciudadana. Pasa lo mismo en la Procuraduría Estatal de Justicia, donde se computan los índices de delincuencia tramposamente con las peticiones de justicia, pero sin hacer referencia al número de sentencias firmes.
Saludos
FELIPE CANCHOLA GONZÁLEZ
Id. 42*15*5193213.