Tomar ejemplo de los casos de éxito en política no debería resultar una excepción, sino una regla. En momentos en que se requiere alumbrar ideas para una administración que parece empantanada, cuando se hace necesario definir el rumbo, allí está el pasado para ilustrarse.

Entre 1995 y 1999, Vicente Fox Quesada, el segundo gobernador de la era panista en Guanajuato, ejerció el poder a larga distancia.

Arrancó con gran enjundia e innovó en la recomposición de la administración estatal, integrando lo que parecía un minigabinete federal, además del gabinete legal y ampliado, con agencias encargadas del comercio exterior, del acopio de estadísticas e información, del combate al analfabetismo, del impulso a la investigación científica, entre otras.

Sin embargo, paulatinamente se fue despegando del día a día en el gobierno, para iniciar una muy adelantada precampaña presidencial.

Fox visitaba prácticamente todos los fines de semana a grupos empresariales a lo largo y ancho del país; también dio comienzo a la costumbre de las giras internacionales que tan populares se han vuelto entre nuestros gobernantes (Miguel Márquez está a punto de iniciar otra por Japón).

Enfrente, el futuro presidente de la transición tenía a un presidente de la República tecnócrata, Ernesto Zedillo, que evitó hacerle una guerra directa o incomodarlo de cualquier manera.

Sin embargo, la fórmula en la que Fox basó la buena marcha de su administración, a la cual estaba comprometido no sólo por las amplias expectativas que pesaban sobre él, después del impasse que significó el interinato de Carlos Medina, sino también por su proyecto de ser candidato presidencial, fue tan sencilla como funcional: la elección de dos pilares para soportar su administración, los cuales, a su vez, se equilibraban entre sí.

A estas alturas no se tiene claro si fue por intuición y suerte, más que por diseño y premeditación, pero la composición dio excelentes resultados. Las designaciones de Ramón Martín Huerta, en la Secretaría de Gobierno; y de José Luis Romero Hicks, en la Secretaría de Finanzas,  generaron un movimiento pendular que mantuvo a la administración en movimiento, pero también coordinada, sin que ninguno de ellos pudiera erigirse en factótum.

El gabinete dividió sus lealtades y eligió sus vías de acercamiento al gobernador. El ala más panista sabía que tenía acceso a través de Martín Huerta, dueño de una proverbial mano izquierda. El priista romero Hicks logró mantener fluido el diálogo con un primer Congreso de amplia mayoría priista, hasta 1997; y con otro equilibrado, a partir de ese año, además de ser un canal para los funcionarios apartidistas.

Las tensiones y la rivalidad de dos políticos que, ante todo, eran dueños de una gran eficiencia y una probada capacidad ejecutiva, se reflejaron hasta el final, cuando ambos compitieron por el interinato que cubriría la vacante de Fox al solicitar licencia para salir a campaña a mediados de 1999.

Esa tensión, a final de cuentas productiva, presente en otros muchos gobiernos, de otras maneras, es algo que lamentablemente se encuentra ausente en el caso de la administración de Miguel Márquez, donde la ausencia de polos de contraste en el gabinete ha originado una archipiélago que parece incapaz de gobernarse a sí mismo.

El secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, no logra tener ascendiente ni siquiera sobre el eje de seguridad, que coordina formalmente, ante Carlos Zamarripa, que no escucha muchos consejos, ni ante Álvar Cabeza de Vaca, en Seguridad, que actúa de la mano del procurador.

El secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, se aisló con el tema del control presupuestal y la austeridad. Está enfrentado con buena parte del gabinete y ha dejado de funcionar como catalizador para potenciar estrategias prioritarias para Márquez.

Al decir que no lo mismo a temas urgentes, sustantivos o coyunturales, Martín Solís no ayuda a Márquez ni contribuye a reorganizar el gobierno. Orgulloso de sus capacidades técnicas ortodoxas y de su inflexibilidad, el secretario de Finanzas no ha tenido la sensibilidad ni la imaginación para entender el momento que vive el gobierno del que forma parte.

Márquez encabeza una gestión panista enfrentada, por una parte, a una crisis de recursos que no acabará pronto; y, por otra, con retos políticos ineludibles al constituirse como un gobierno asediado desde la Federación y el principal municipio de la entidad, ambos en manos del PRI.

Sin esos dos pivotes como base de su gobierno, Gobierno y Finanzas, han surgido polos alternativos, en la propia Procuraduría de Justicia, en Desarrollo Social y Humano y, a la chita callando, en Desarrollo Económico Sin embargo, esa emergencia no obedece a un diseño, sino más bien a la personalidad de los respectivos ocupantes de la titularidad de esas carteras.

La falta de claridad organizacional, subsidiada por los asesores del mandatario con la premisa de que todavía se encuentran en la etapa de aprendizaje, ya ha obligado a pensar en la necesidad de un coordinador de gabinete, salida que continua en análisis y que no es fácil que prospere pues afectaría intereses creados en la actual disfuncionalidad.

Hay quienes piensan, al interior del propio gobierno, que ante el crecimiento de problemas complejos, ante la evidente incapacidad para cerrar expedientes y ante el surgimiento de nuevos temas en la agenda, se hace necesario un golpe de timón.

Hoy, Márquez tiene abiertos temas como el de la asignación del contrato de medicamentos del seguro popular, impugnado desde un partido de oposición; la estrategia de compra de luminarias a la que se acogieron dos terceras partes de los municipios del estado; la instrumentación del megaproyecto de seguridad “Escudo”.

Temas de coyuntura lo tienen contra la pared, como la crisis institucional por la falta de respuesta ante la violencia de género, donde se enfrenta a activistas bien organizadas y a una creciente sensibilización de la opinión pública; los productores agrícolas mantienen sus reclamos sobre las promesas de subsidios a la comercialización de granos; surge ahora un caso de bullying escolar de graves consecuencias que debe ser atendido con mensajes claros y respuestas oportunas.

Frente a ello, uno de los principales logros del gobierno es la continuidad de la política de atracción de inversiones, que no deja de ser una consecuencia de la apuesta de Juan Manuel Oliva durante los seis años anteriores y el cumplimiento de compromisos contraídos entonces.

Promesas como la de mayor transparencia y mejor rendición de cuentas, están en entredicho por una marcha atrás del propio Márquez que ya se ha percatado que no es lo mismo hacer ofertas de campaña que tomar decisiones de gobierno.

Ahora resulta, a estas alturas del partido, que uno de los mayores éxitos políticos de esta administración es el haber decretado como patrimonio cultural intangible la fiesta taurina y la charrería, lo que puede atraerle algunos aplausos, pero que sin duda, de cara al futuro, les acarreara notables condenas y se convertirá en el contrapunto que agraviará más a quienes reclaman un gobierno que refleje su carácter humanista no en el discurso y la propaganda, sino en los hechos cotidianos.

Ante este panorama, ¿alguien diría que urge un golpe de timón? Pienso que más bien habría que decidir un rumbo, pues no hay elecciones viables para quien no parece saber a dónde va.