La sociedad, como suele ocurrir, se ha movido más rápido que sus gobernantes. En el tema de la equidad de género, el debate sobre igualdad y diferencia y el reconocimiento de las desventajas sistémicas que enfrentan las mujeres en nuestra cultura, los políticos parecen entender muy poco.

Guanajuato, además, es emblemático de esa situación. El panismo que gobierna la entidad es uno de los más atrasados del país, con su apego a una religiosidad tradicional, su segregación de las mujeres y la convicción de que la única intervención del estado que se hace necesaria es la de prohibir el aborto en todas sus manifestaciones.

Por ello, uno puede estar seguro de que cuando el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez; o su procurador de justicia, Carlos Zamarripa, aseguran que hicieron todo lo que les tocaba en algún caso de violencia contra las mujeres, donde quedó ampliamente exhibida la actitud vejatoria de la propia autoridad, lo dicen de corazón y sin simulaciones: ellos están seguros de que esa es la forma correcta de actuar.

El problema es que los funcionarios de Guanajuato no tienen noticia de que las cosas están cambiando en el entorno social y que la juridicidad ortodoxa y carente de perspectiva de género que pretenden aplicar, es absolutamente insuficiente.

El PAN, como partido gobernante en Guanajuato, se ha resistido de forma orgánica a aceptar los avances en el terreno de la equidad. Este fue el último estado en homologar su legislación con los cambios producidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; aquí se produjo antes que en muchas otras partes la modificación constitucional para garantizar la vida desde la gestación, como una forma disfrazada de penalizar el aborto sin excepciones; aquí se encarceló con todas las agravantes a mujeres que abortaron, la mayor parte de ellas en condiciones de absoluta vulnerabilidad.

En el ADN del PAN de Guanajuato parece no existir un solo gen que les permita entender que las mujeres de forma histórica han sufrido el menoscabo de sus derechos humanos, sociales y políticos en el mundo, pero con particularidades precisas en México.

La frase del gobernador Márquez en la entrevista que le realizó el conductor Fernando del Rincón en CNN en Español, lo revela con toda nitidez: “a las mujeres ni con el pétalo de una flor”, dijo echando mano de un lugar común que era bien visto a fines del siglo XIX. Para esta mentalidad, una mujer no es un ser con derechos, sino un objeto a preservar.

Además, el gobernador no parece verse a sí mismo, por lo mismo no aparece así en el espacio público, como un gobernante responsable de un cargo donde entre otras obligaciones tiene la de hacer respetar los derechos de los gobernados, sino que más bien se le siente y se le ve como un varón sorprendido en un debate de opiniones personales.

Abundan los ejemplos de errores de perspectiva histórica cometidos por líderes políticos, pero aquí quisiera referirme a uno en particular que les es relativamente próximo a los guanajuatenses y, principalmente, a los panistas.

En 1991, después de las elecciones de julio de ese año, la juridicidad completa del proceso electoral aseguraba que el candidato priista Ramón Aguirre había ganado los comicios para gobernador, por más de 200 mil votos. No existía un solo flanco del cual afianzarse para intentar una impugnación electoral por parte del panista Vicente Fox Quesada.

Sin mayores elementos que su capacidad de convocatoria, Fox sacó a los votantes a las calles y llenó plazas en varias de las principales ciudades del Estado. Cuando viajó a la ciudad de México a una reunión con la cúpula de su partido llevaba una maleta que, afirmó, “eran las pruebas del fraude”. Años más tarde confesaba con una sonrisa que solo era una muda de ropa.

Sin embargo, el paradigma de la invencibilidad priista había cambiado. La vieja semilla de la insurgencia estudiantil del 68 y la eclosión cardenista que provocó el descalabro salinista en 1988, habían hecho una tarea lenta pero implacable de corrosión de las certezas de las anteriores generaciones.

El mismo Salinas, que había apurado el trago amargo tres años antes, lo leyó con claridad y se movió, por encima y por debajo de la juridicidad del viejo estado semiautoritario, para entregarle el gobierno de Guanajuato a Carlos Medina Plascencia, en una solución que trataba de mantener un control de daños y de cerrarle el camino a Fox, algo que no se lograría a la postre.

Así percibo el panorama de estos días en un tema que también tiene que ver con la defensa de un derecho quizás más básico que el de la libre elección política: el de la no discriminación por género.

La muestra del cambio de paradigma se da en la difusión de casos como el de Lucero en las redes sociales, más que en los medios convencionales; en la participación de mujeres y hombres en los foros de discusión virtuales; en el crecimiento de la indignación por la sordera y la ceguera de las autoridades.

Los responsables de las instituciones, en cambio, siguen defendiendo marcos jurídicos y visiones obsoletas, ni siquiera impactadas por los cambios constitucionales que ya se han dado en materia de equidad y no discriminación, no obstante las adecuaciones formales de las leyes locales.

Atrincherados en el viejo paradigma, como lo estaban Ramón Aguirre y Rafael Corrales Ayala en 1991, servidores públicos de Guanajuato como el gobernador Miguel Márquez y el procurador Carlos Zamarripa, no se dan cuenta que la realidad institucional que defienden con sus omisiones y su gran falta de inclusión, se está rompiendo en pedazos.

Probablemente, lograrán resistir un tiempo, cediendo espacios a regañadientes. Pero, definitivamente, no tienen ninguna posibilidad de regresar las cosas en el tiempo.

Sería casi un asunto de piedad que alguien invirtiera algo de esfuerzo en hacérselos entender.