Cuando empezó el gobierno de Miguel Márquez, en septiembre de 2012, sin sombra de duda, el funcionario mejor posicionado en el naciente equipo era el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, quien repetía en su encargo cobijado no solo por el mandatario entrante, sino por una amplísima percepción social sobre la eficacia de su trabajo.

El procurador designado por Juan Manuel Oliva a la mitad de su gobierno, al salir Daniel Chowell a una aventura electoral en la capital del Estado que no resultó, ocupo rápidamente todos los espacios al interior de su despacho y al exterior, en el imaginario de la opinión pública, con una actitud decidida, eficiente y muy ejecutiva.

Graduado como abogado en la Universidad De La Salle, Carlos Zamarripa se especializó en investigación policial, incluyendo un posgrado en la academia de formación del FBI, en Quántico, Virginia. Su perfil lo hacía ver que ni mandado hacer para el cargo.

Durante tres años, el procurador Zamarripa cubrió ampliamente las expectativas. Le tocó en suerte lidiar algún tiempo con el poderoso Secretario de Gobierno de Oliva, Gerardo Mosqueda, quien se opuso a su llegada, así como con el Secretario de Seguridad, Baltasar Vilches, fiel a Mosqueda.

Sin embargo, esa situación duró poco. El arribo de Héctor López Santillana a la Secretaría de Gobierno; el de Miguel Pizarro a la de Seguridad y, posteriormente, el interinato de López Santillana en relevo a Oliva, fueron circunstancias que vinieron a favorecer a Zamarripa y lo convirtieron probablemente en el funcionario más fuerte al concluir la administración.

Así, la combinación de factores políticos y su propia e intensa actividad en las batallas contra la delincuencia, adocenado todo con una excelente imagen pública, hicieron natural la ratificación del Procurador en la nueva administración, pero además lo dotaron de la fuerza política suficiente para influir en la designación del Secretario de Seguridad, donde quedó habilitado su viejo amigo y camarada de armas, Álvar Cabeza de Vaca.

Así, en menos de tres años, Zamarripa pasó de batallar con las intrigas de Vilches, a subsidiar la placidez de Pizarro y, finalmente, a colocar a su propio hombre en la dependencia que complementa las políticas de seguridad desde la esfera de la prevención. Más poder no se podía pedir.

Quizás es allí donde empiezan los problemas del procurador Zamarripa, probablemente a causa de una muy explicable situación de confort y por la falta de contrapesos internos en el gabinete, donde el propio gobernador Márquez le pide pocas explicaciones a esta virtual “república de la Seguridad”, en la que se ha convertido el tándem procurador-secretario.

Así, cuando surgen las primeras crisis por la deficiente capacitación de los ministerios públicos que han adoptado al nuevo sistema penal acusatorio, sobre todo por insuficiente capacitación jurídica, no hay quien pueda llamarle la atención al procurador, quien ha adquirido la suficiente fuerza en el gabinete para ejercer un marcado ascendiente sobre el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, quien sólo teóricamente coordina el eje de Seguridad.

Han trascendido también los enfrentamientos de Zamarripa con el Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, por la política de austeridad inflexible que quiere sostener este último.

Desde el Poder Judicial tampoco nadie se anima a conminar al Procurador a que haga su tarea. A los magistrados les inspira un temor reverencial.

Sin embargo, lo que no pasó en  ninguno de los tres Poderes, donde nadie se atreve a cuestionar a Zamarripa, a quien incluso algunos de sus amigos y asesores han llegado a marear con la idea de que puede aspirar a la candidatura a gobernador, vino a alterarlo la indomesticable realidad.

Desde la sociedad civil han empezado a ser cuestionados muchos de los procedimientos rutinarios que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia, sobre todo en la atención a las víctimas. Esto ocurre, además, cuando han entrado en vigor nuevas leyes que buscan propiciar el cuidado y la atención a quien resulta afectado por un delito.

La otra área de crítica radical en contra de la Procuraduría de Justicia no es nueva. Se trata de los reclamos de las activistas de la equidad de género que han venido solicitando cambios en las visiones de esta dependencia para que se ponga al día con nuevas normas, como la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de igualdad.

Esta pugna en la que Zamarripa no ha dado su brazo a torcer, pero donde tampoco nadie desde el gobierno lo ha convencido para que ceda un poco, fue la que estalló con el caso Lucero y amenaza con continuar ante los numerosos asuntos donde las mujeres víctimas de violencia son ninguneadas en los ministerios públicos del estado.

Han sido, pues, los asuntos de la cotidianidad y no las espectacularidades de la violencia asociada a la delincuencia organizada, los que han empezado a erosionar la buena marcha que llevaba el procurador Carlos Zamarripa y la credibilidad de que gozaba.

Se trata de un expediente que sería relativamente fácil de solucionar, con muy pocos recursos, pero con una voluntad decidida. Lo complicado es que implica un completo cambio de paradigma, algo que no suele ocurrir cuando las resistencias provienen de dentro y se enraízan en una mentalidad conservadora.

Aplicar las políticas de dignificación, respeto y solidaridad con las víctimas y establecer las políticas compensatorias para coadyuvar con el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, serían asignaturas que no tendrían ni la complejidad ni el costo de proyectos monumentales como el de Escudo, donde se invertirán casi tres mil millones de pesos.

Sin embargo, es seguro que lo que se pudiese gastar en poner al día a la procuración de justicia con criterios avanzados en materia de derechos civiles y dignificación de las personas, sería socialmente más productivo que la sofisticación de los Rambos especializados en combatir a la alta delincuencia.

Carlos Zamarripa ha mostrado ser un funcionario inteligente y de rápido aprendizaje. Es de esperarse que el canto de las sirenas no lo haya hecho perder esa capacidad de aterrizaje que es característica de los buenos investigadores policiales. Lo sabremos más pronto que tarde.