Nadie en su sano juicio podría pedirle al gobernador del Estado que estuviese informado hasta del estado de las averiguaciones previas que realizan los agentes del Ministerio Público.
Sin embargo, sería sano que los canales de comunicación que le hacen llegar al mandatario datos relevantes sobre la actuación del aparato de estado, fueran confiables y estuvieran debidamente sopesados.
Miguel Márquez no tiene porqué saber que en un caso en particular, un funcionario falló, cayo en abuso de autoridad, en felonía, defraudó al erario, contrató erróneamente. Para eso existen sistemas de control en los que se ha invertido mucho dinero, tiempos y esfuerzos institucionales.
Sin embargo, dotado de un espíritu de cuerpo que mucho dice de su empaque personal, pero poco de los sistemas que deberían operar al interior de la compleja maquinaria gubernamental, el gobernador sale una y otra vez a dar la cara por un equipo de gobierno que lo hace quedar mal parado.
Sin duda el procurador Carlos Zamarripa ha logrado una alta eficiencia en sus acciones de combate al delito de alto impacto, pero todo indica que no ha hecho el mismo esfuerzo en áreas de tanta sensibilidad social como los delitos de violencia de género, los que afectan a los menores de edad y el combate a los delitos patrimoniales que asolan a la población en estos momentos.
Un gobierno eficiente y de servicio, basado en valores, no tiene porque equilibrar sus debilidades con sus fortalezas: debe trabajar parejo en todos los terrenos.
Además, el gobernador, más que dar la cara por los fallos, necesita ser el primero que exija resultados. Los ciudadanos de Guanajuato no votan y contratan un gobierno de seis años para cuidar vanidades, sino para que se atiendan sus problemas.
Aquí es donde se nota que Márquez sigue estando demasiado solo. Ni desde áreas como la del secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, quien debería ser el principal operador del gobernador; ni desde el staff que se cobija bajo el secretario particular, Christian Cruz, se están preparando las batallas en las que se embarca el mandatario con más ganas que estrategia.
Al final del día, el titular del Ejecutivo termina subsidiando fallas y equivocaciones de sus subordinados, incluso al más ínfimo nivel, pagando con su credibilidad institucional y, con ello, evitando el diagnóstico que podría hacer que las cosas mejoren.
Apenas va un año y quedan cinco por delante. Sería bueno para Guanajuato que apareciera la voluntad de aprender de lo ocurrido hasta ahora.
@arnoldocuellaro , si es asi como actuan la pgjeg y la ssp, que son capaces de ir encontra de una victima que no puede hacer mas lo que logran hacer. como pueden ser estas dos intituciones las que sostengan un programa como el escudo 3000 millones de pesos, ponen en entredicho lo que pueda pasar atras con contubernios con la delincuencia organizada que si tienen recursos infinitos…. saludos