Los políticos que conducen responsabilidades en los niveles estatal y municipal no se cansan de presumir las condiciones de Guanajuato casi como un paraíso, desde luego, siempre comparado con entidades que se han convertido en auténticas zonas de desastre social.

No parece justo. Las comparaciones nunca son buenas razones, sobre todo porque se acomodan a todas las conveniencias. Guanajuato, ciertamente, muestra una situación considerablemente mejor que la que viven Michoacán y Guerrero; o Coahuila y Tamaulipas. Sin embargo, estamos peor que nosotros mismos hace apenas unos pocos años.

El gobernador, sus colaboradores inmediatos, los presidentes municipales, los diputados locales y los legisladores federales, todos tienen acceso a diagnósticos y a estadísticas que muestran el deterioro que hemos venido padeciendo en renglones como el de la seguridad, la planeación urbana, las reservas de agua, el medio ambiente o la producción agrícola.

Saben también que, por más que se han invertido recursos a la construcción de nuevas escuelas y sistemas completos de educación, padecemos un alto rezago en esa materia.

También ocurre lo mismo en el tema del empleo: la altísima inversión en apoyo a la inversión extranjera, sobre todo automotriz, hasta ahora no se refleja en la creación de puestos de trabajo, ni siquiera para captar a los nuevos egresados de las carreras creadas, menos para abatir el rezago histórico.

El panorama es complejo y requeriría de un esfuerzo extraordinario en materia de imaginación para usar los recursos públicos, siempre insuficientes; de coordinación, para no desperdiciar el esfuerzo gubernamental y tampoco el social; de disposición al diálogo, para encontrar caminos frente a una realidad demasiado terca; de altura política para no enredarse en las pequeñas vanidades.

La mala noticia es que nada de eso está ocurriendo. Muy al contrario, las cosas parece ir en sentido opuesto: entre mayores son los problemas que nos acechan en el horizonte, más pequeños parecen nuestros políticos.

Hoy mismo vemos que el estado y los municipios han visto drásticamente disminuidos sus recursos para hacer obras y desarrollar programas, a causa de la crisis que se cierne sobre la economía y que tiene al gobierno federal postrado en su recaudación.

Ante ello, ¿vemos que el gobernador Miguel Márquez y los alcaldes se hayan sentado a dialogar sobre mecanismos para incrementar la eficiencia de los presupuestos que sobreviven? Parece que no: las competencias y los malentendidos están a la orden del día, son públicos, se ventilan en los medios de comunicación semana tras semana.

Los alcaldes priistas están envalentonados por tener un gobierno federal que los cobija, así sea hasta ahora de palabra. Ello no sirve para que defiendan mejor sus puntos de vista, sino para que hostiguen al gobernador panista. En lo interno, sin embargo, viven sus propias contradicciones por falta de oficio político, como lo muestran los casos de Bárbara Botello en León y Luis Gutiérrez en Guanajuato.

El mayor municipio en manos de PAN, para acabarla, también se distancia del gobierno estatal por causas de tribalismo político: Sixto Zetina, quien se decía cobijado por Luis Alberto Villarreal, se ha aislado y parece estar quedando mal con dios y con el diablo, como lo muestra su propia crisis de gobierno.

Sin embargo, ninguno de estos alcaldes tiene tampoco la posibilidad de una interlocución con un Miguel Márquez que los atiende colectivamente en un extraño tianguis mensual denominado “el día del alcalde”, donde se igualan los problemas de Xichú con los de León, ambos sin duda importantes, pero muy diferentes en su especificidad.

Como además, el mandatario panista optó por la confianza y la cercanía, antes que por el oficio y la experiencia, en su Secretaría de Gobierno, parece no haber segundas manos que le entren al relevo. A un mes de cumplirse el primer año de gobierno, ya quedó claro que para Antonio Salvador García lo suyo, lo suyo, no es la política.

Lo peor de todo es que ninguno de estos personajes se está situando por encima de las muy previsibles contiendas que la gobernación trae consigo. Unos retan y otros responden. En ese baile no están ausentes los delegados federales, designados la mayoría de ellos bajo un abierto criterio partidista.

Visto ese panorama, queda por demás claro que las instancias de gobierno y el manejo de los presupuestos públicos, importantes aún en medio de su escasez, no están convertidos en instrumentos de solución para los problemas urgentes del estado, sino en herramientas de competencia política, con el consiguiente desperdicio tanto de recursos como de energía social.

Urge que de algún lado de esta preocupante batalla sin destino, alguien cobre un poco de sensatez y busque colocarse por encima de la disputa. Debería ser el gobernador Márquez, pero trivialidades como la de uniformar a los estudiantes de secundaria de Guanajuato con los colores del PAN, no permiten albergar muchas esperanzas.