Por la probable comisión de delitos en actos de gobierno de la pasada administración estatal, que implican gastos de varios miles de millones de pesos desviados por presuntos actos de corrupción, el PRI de Guanajuato, representado por sus 11 diputados locales, donde se incluye el presidente del partido en la entidad, ha presentado una denuncia penal en contra de “quien resulte responsable”.

Aunque omite su nombre, lo que le resta impacto político pero aumenta su oportunidad de no irse con las manos vacías en un “efecto escopeta” contra funcionarios de diversos niveles de ese gobierno, en realidad el objetivo priista es el ex gobernador Juan Manuel Oliva, hoy secretario adjunto de elecciones del PAN y activo promotor de las alianzas electorales con el PRD en varias entidades del país.

En ese contexto, la denuncia contra Oliva, que fue presentada ante la Procuraduría General de la República, omitiendo deliberadamente la instancia estatal, donde se mantiene el mismo titular que ocupara el cargo con el ex mandatario implicado, se encuentra inmersa en un inevitable contexto político.

En primer lugar, la denuncia se construyó sobre todo mediante el seguimiento de casos denunciados en la prensa local, más que en asuntos detectados por la propia fiscalización que los priistas hubiesen podido ejercer desde espacios como la Cámara de Diputados. En segundo lugar, el activismo priista durmió el sueño de los justos por varios meses, para explotar justamente a pocos días de las elecciones del próximo domingo.

En ese sentido, la vinculación de objetivos electorales en un tema que originalmente debió ser sólo de justicia, de rendición de cuentas y de control gubernamental, a quien más deja inermes es a los ciudadanos de Guanajuato, quienes ven como un extendido reclamo de freno a la corrupción motivada por el largo ejercicio del PAN en el poder estatal, más de veinte años, puede volverse una simple moneda de cambio en las negociaciones entre partidos.

Oliva nunca fue señalado de manera enfática por el PRI mientras realizaba las polémicas compras de terrenos para una fallida refinería, una mega Expo patriotera con el pretexto del bicentenario de la independencia, y un tren rápido de pasajeros que se ha convertido en una quimera no obstante el multimillonario recurso dilapidado en comprar derechos de vía en cientos de kilómetros que permanecen como una inversión inútil.

Incluso, aún se recuerda a diputados priistas respaldando el intento de Oliva de pugnar por obtener la asignación de la refinería, pues en esos momentos hubiera sido suicida dejarle la bandera sólo al PAN.

El problema al que se enfrenta un tema de la agenda nacional que debería ser prioritario, ante el delicado momento que vive el país por la cinismo y la impunidad de la clase política, el combate a la corrupción, es que nadie se lo toma en serio como una nueva actitud o un discurso innovador.

Se habla todo el tiempo de la corrupción del pasado, nunca de la del presente. Se señala sistemáticamente, el exceso del adversario, nunca el de los colores propios. Como la corrupción parece generalizarse y ya nadie tiene su monopolio, sino que constituye un indudable triunfo cultural del viejo priismo que ha permeado a todas las fuerzas políticas, nada solucionan las eventuales guerras de lodo que presenciamos cada vez con más frecuencia.

La defensa del PRI ante la desvergüenza de un Moreira o un Granier, consiste en encontrar a un Femat o a un Oliva para empatar el marcador. ¿No sería mejor para la democracia del país que cada partido rechazara a sus corruptos y exigieran lo mismo a sus adversarios?

La trivialización de una lucha contra la corrupción que no es tal, sino simple circo mediático que ya ni siquiera cumple el cometido de escandalizar por más de algunas horas, constituye sin lugar a dudas la mejor coartada en contra de una ética política: en un mundo donde todos somos corruptos y nadie está libre de culpa, ¿a quién le puede interesar ser mejor?

Desde luego, parece una gran ingenuidad tratar de exigir a los políticos profesionales un comportamiento diferente, en la medida en que la propia sociedad está inmersa en la lógica de la corrupción.

¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los representantes ciudadanos de las nuevas instituciones aparentemente intervenidas por la sociedad, como los órganos electoras, los de transparencia o las comisiones y procuradurías de derechos humanos? No son pocos los escándalos donde los buenos sueldos y las mejores prestaciones generan guerras a muerte entre destacados académicos y probos intelectuales.

La corrupción, en contra de lo que muchos puedan pensar, es el verdadero cáncer del país, la mayor limitación de su sistema político y el lastre que impide modernizar a la nación.

A cada nueva ley para “frenar la corrupción” le surge de inmediato un antídoto jurisdiccional o de tinte práctico. Sobran los “fiscalizadores” dispuestos a pactar con sus fiscalizados y a los partidos sólo les interesa la rendición de cuentas cuando esta se hace en los “bueyes de sus contrincantes”.

Por eso, en relación a la denuncia que esta semana presenta el PRI en contra de Oliva Ramírez, creo que además de profundizar en ella, lo mejor sería que este partido empezara a fiscalizar a su sucesor antes de que sea demasiado tarde, así como a cuidar a sus propios funcionarios ahora que tiene posiciones de poder tan importantes como el gobierno de León, donde habita la cuarta parte de la población del estado.

Sin embargo, creo que es demasiado pedir.