Los exámenes de control de confianza, que fueron publicitados en la pasada administración federal como el camino seguro para depurar a las policías de todo el país, hoy se encuentran sometidos a regateo político en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la recta final del sexenio de Felipe Calderón se modificaron los marcos legales para convertir en obligatoria la aprobación de un examen de control de confianza al que deberían someterse de manera obligatoria los elementos de los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, así como sus mandos.

Sin embargo, en Guanajuato, en parte a causa de la nueva composición política, donde el gobierno panista convive con administraciones priistas que gobiernan más de la mitad de la población, gracias sobre todo a la reconquista de León, la mayor ciudad del estado, el tema de la depuración policial se ha convertido en motivo de pugna y moneda de cambio en las relaciones entre los partidos.

A fines de 2012, se concluyeron los exámenes de control de confianza a las policías de León, municipio de un millón y medio de habitantes, el resultado arrojó una reprobación de alrededor de la tercera parte de los elementos en activo lo que obligaba a la administración de la priista Bárbara Botello a un despido y una sustitución en masa.

De un total de poco menos de mil 500 policías, León se veía obligado a deshacerse de 500, lo que situó al municipio en una crisis con varias vertientes: de una parte, la necesidad de reemplazar a buena parte de la corporación, lo que constituía un delicado problema logístico; por la otra, el aspecto financiero, pues se hacía necesario indemnizar a los despedidos de alguna manera.

El municipio inició con el recorte de 150 policías, seleccionando a los elementos que no acreditaron el examen por razones físicas o por infracciones menores en su historial. La situación se complicó por una serie de manifestaciones de algunas docenas de policías y la exhibición pública de las condiciones precarias en las que vivían estos elementos.

Adicionalmente, los despedidos reclamaron la estigmatización de que se les hizo objeto al presumirse que entre las causas de su despido podían existir causales de deshonestidad o abierta corrupción.

 Esa circunstancia pareció dar el pretexto ideal para suspender el recorte, Adicionalmente, la alcaldesa Botello inició una ofensiva en medios de comunicación para cuestionar la eficacia de los exámenes de control de confianza, además de proponer cambios a la ley respectiva, que es del ámbito federal.

Por si algo faltara, consiguió el respaldo de la Secretaría de Gobernación para posponer el cumplimiento del mandato a que estaba obligada, con lo que suspendió la reestructuración de su fuerza policial y mantiene hasta la fecha a por lo menos 350 elementos que están reprobados en su examen de control de confianza.

El tema ha crecido de tal manera que ya el secretario de Gobernación y los procuradores de todos los estados del país acordaron proponer la revisión de los exámenes de control de confianza a fin de “adecuarlos.”

La circunstancia no se limita a León, por supuesto, sino que en todos los estados y municipios del país representa un problema mayúsculo el entrar de lleno a la depuración de sus policías, por razones instrumentales, financieras y, en algunos casos, incluso por presiones desde los propios grupos delincuenciales.

Parece un absoluto sinsentido que se haya establecido una nueva legislación, motivada por el diagnóstico de que la mayor parte de los cuerpos policiales del país se encontraban penetrados por el crimen organizado, en mayor o menor medida y dependiendo de las regiones, para ahora pretender la modificación de la ley por las dificultades que existen para su cumplimiento.

Esto ocurre también cuando hay una administración federal de signo político distinto a la que estableció la legislación, no obstante que fue votada con respaldo de todos los partidos en el Congreso.

La señal que se está enviando es la de que si no se puede cumplir con una ley, basta con adecuarla, estableciendo un gradualismo acompasado al ritmo de las necesidades políticas.

Es como si, ante la imposibilidad de cumplir con la garantía de los derechos humanos en el país, adecuáramos la  Constitución a fin de garantizar sólo aquello que sea posible cumplir a juicio de los políticos.

La mayor parte de las normas vigentes contienen intenciones de mejora social, aspectos ideales que aunque no existan de momento, deben ser buscados como un imperativo de la convivencia social. Los juristas coinciden en que las leyes son también instrumentos de cambio social.

Al limitarse la posibilidad de depurar a los cuerpos policiales, quizá uno de los problemas de mayor impacto en la situación de creciente inseguridad y de impunidad que vive el país, estamos en riesgo de un grave retroceso. Si, adicionalmente, se somete esa exigencia ciudadana a las negociaciones coyunturales entre las fuerzas políticas, estaremos asistiendo a la negativa, en los hechos, de atender el problema de la corrupción policial.

Por lo pronto, en León, Guanajuato, un millón y medio de pobladores se encuentran expuestos a la actuación de una policía preventiva que está compuesta en su tercera parte por elementos que no son aptos para la función  y eso en el mejor de los casos.