La detención de dos exfuncionarios de la Secretaría de Salud, acusados de compras fraudulentas de medicamentos para el sistema estatal de salud, representa un punto de quiebre en el discurso anticorrupción sostenido por la administración de Miguel Márquez, luego de que las suspensiones dictadas por la Secretaría de la Transparencia no habían convencido a nadie.
Parece una medida dictada por el sentido de la oportunidad, algo que también podría hablar de razonamientos políticos detrás de la decisión. Se decide iniciar acciones punitivas en contra de funcionarios del sector salud, justo donde ahora se centra la polémica por la accidentada licitación de un contrato multimillonario para la compra de medicamentos y material de curación.
El área de la salud ha venido siendo conflictiva desde hace tiempo. La gran cantidad de recursos que ha inyectado el Seguro Popular, programa del que Guanajuato se ha convertido en pionero al tener una de las afiliaciones más altas del país, con 3 millones 152 mil afiliados, ha abierto también la puerta a la corrupción en gran escala.
Allí se presentaron algunos de los primeros escándalos de la administración de Juan Manuel Oliva, producto de los cuales se dio la baja del secretario de Salud Jorge Armando Aguirre Torres y la suspensión de dos decenas de funcionarios de nivel medio y alto.
En la información ofrecida sobre las detenciones del doctor Gregorio Martín del Campo Aguirre y el administrador Fernando Guiza Suárez, se especifica que los ilícitos fueron cometidos mientras ambos funcionarios se desempeñaban en los Hospitales de Celaya y León, donde en conjunto se desempeñaron todo el sexenio olivista
Martín del Campo, por ejemplo, fue director del Hospital de Celaya de 2006 a principios del 2011, cuando fue cambiado al mismo cargo en León, en donde duró otro año y medio. De Guisa la información es menos específica, peor parece que siguió la trayectoria de su superior.
Cabe puntualizar que por lo menos durante los primeros cuatro año, de 2006 a 2010, el responsable de vigilar el desempeño de los funcionarios estatales era el actual gobernador, Miguel Márquez, quien ocupaba la titularidad de la Secretaría de la Gestión Pública.
Si es cierto lo que dice la Procuraduría de Justicia, acerca de que ambos detenidos traficaron con compras falsas de medicamentos a lo largo prácticamente de esos seis años, pudiendo trasladar sus operaciones de Celaya a León, donde fue ratificada la confianza en ambos por un nuevo secretario de Salud, precisamente el hoy titular de Desarrollo Social, Éctor Jaime Ramírez Barba, el tema resulta sumamente preocupante.
¿Dónde se encuentran las auditorías preventivas y las supervisiones que pueden impedir que un ilícito se consume mientras se realiza?
¿Cómo se realizaban estas adquisiciones de medicamentos, que llegaron a sumar casi siete millones de pesos en seis años, donde se hacían pagos sin recibir la mercancía, a lo largo de todo un sexenio?
¿Dónde se encontraban los auditores de la Secretaría de la Gestión Pública durante todo ese tiempo?
Extraoficialmente ha podido saberse que la denuncia que da origen a la investigación ni siquiera partió de la flamante Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, sino que obedeció a una denuncia anónima presentada a fines del sexenio pasado ante la entonces Secretaría de la Gestión Pública, a cargo de Gilberto Enríquez.
Así, el mayor logro anticorrupción del sexenio de la transparencia, hasta ahora, viene un poco de la mano de la casualidad, aunque cae justo como anillo al dedo para justificar la privatización del suministro de medicamentos al Seguro Popular.
Sin embargo, estos hechos no hacen más que aflorar la desconfianza. Los órganos de control administrativo y de rendición de cuentas parecen no tener capacidad preventiva, pero tampoco reaccionan frente a los hechos consumados de manera sistémica.
Así, la lucha contra el extendido mal de la corrupción parece estar en manos del azar y del valor civil de terceros. Algo que, por desgracia, no parece una buena solución para frenar lo que parece ser un extendido mal en la administración pública, además, inmune a los discursos.
Sin duda alguna, debe ser bienvenida una acción que, tras probarlo sin sombra de duda, castigue un abuso en el manejo de fondos públicos.
Sin embargo, ante la magnitud de lo que se percibe en el pasado y en el presente de la administración estatal, presumir este incipiente paso, en buena medida producto de circunstancias ajenas a los aparatos oficiales, como el gran golpe contra la corrupción, sería francamente obsceno.