De atenerse a signos objetivos, la licitación para el abasto y suministro de medicamentos y material de curación al Seguro Popular de Guanajuato, por un monto global de 4 mil 200 millones de pesos, podría ser ganada por la asociación de las empresas Lomedic y Daltem Provee.
El fallo se realizará el próximo 14 de mayo, Las dos empresas mencionadas realizaron la oferta más económica de las cuatro que se presentaron, al cotizar sobre una base de abasto mínimo un precio de 236.4 millones de pesos para medicamentos y 58 millones para material de curación.
Su competidor más cercano es Distribuidora de Medicamentos y Equipos Médicos, Dimesa, con una oferta más barata en medicamentos, 226.8 millones de pesos; pero más cara en material de curación, 72.5 millones de pesos, con lo que superan en conjunto a los primeros.
Sin embargo, esa no es la principal circunstancia que podría inclinar la balanza a favor de Lomedic – Daltem, pues la licitación incluye otro apartado: el requisito de un sistema automatizado para la dispensación de medicamentos con características muy específicas.
El sistema exigido debe, entre otras cosas:
– Tener capacidad suficiente para operar con los productos que se manejen en las unidades médicas y hospitalarias afectas a esta licitación.
– Que su funcionamiento sea constante y no deba detenerse durante las recargas de inventarios.
– Que lean las recetas médicas, procedan a su suministro de manera automática y entreguen el medicamento al usuario.
– Capacidad de almacenaje de al menos 10 mil unidades en su empaque primario, que pudieran dividirse hasta en 700 claves.
– Velocidad mínima de dispensación de 800 unidades por hora.
– Una unidad de reserva en caso de avería o mal funcionamiento del equipo automatizado.
– Cargador automático de suministro de cajas; escáner automático de recetas electrónicas; unidad de identificación 3D de mercancías; almacenamiento de información estadística del movimiento de inventarios y lectura de recetas electrónicas sin importar que software la emita.
De acuerdo a información que se maneja entre los propios funcionarios de las casas farmacéuticas concursantes, la única empresa que dispone de un sistema para cumplir honestos requerimientos es, precisamente, Lomedic, quien incluso ha desarrollado y patentado un sistema como el que pide el Gobierno de Guanajuato.
Esta circunstancia tiene a varios de los participantes valorando la tesitura de inconformarse por los términos de la licitación, argumentando la existencia de condiciones inequitativas y que no tienen nada que ver con la prestación de un servicio profesional y competitivo.
No es, por otra parte, el único tema conflictivo en relación a Lomedic, como se puede constara en un reportaje publicado hoy mismo en Zona Franca.
La página Web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aún despliega en sus listas la constancia de que durante cuatro años la empresa Lomedic S. A. de C. V. Y su propietario, Carlos Lomelí Bolaños, estuvieron sometidos a una investigación en sus transacciones y propiedades en ese país, por presuntos vínculos con la organización delictiva de los hermanos.
El señalamiento directo es sobre el desvío ilícito de sustancias precursoras de metanfetamina. La investigación y el señalamiento se mantuvo vigente desde octubre de 2008 hasta el pasado octubre, en 2012, cuando la empresa mencionada, que tiene su sede en Jalisco, es suprimida de las lista negra del Departamento de Estado norteamericano.
En Guanajuato, ante señalamientos sobre otras empresas cuyas mayores objeciones son incumplimientos con gobiernos y sistemas de salud, los funcionarios responsables de la licitación, concretamente el subsecretario de Administración José Manuel Casanueva, han dicho que se tomarán en cuenta los antecedentes de los concursantes.
Sin duda que un tema tan serio como la posibilidad de una actividad ilícita como la que se señala en los documentos oficiales del Tesoro estadounidense, ameritaría toda la atención de los responsables de asignar el contrato de compra más cuantioso de la historia reciente de Guanajuato.
En juego se encuentran muchas cosas: la imagen del gobierno de Miguel Márquez, quien por más que se ha propuesto inaugurar una época de transparencia en Guanajuato, batalla para convencer; el servicio puntual y eficaz a los tres millones 152 mil afiliados al Seguro Popular de Guanajuato; y, ahora, la necesidad de no comprar un problema mayúsculo e innecesario vinculado a una investigación judicial.
Tanto Márquez como Casanueva ha sido muy específicos en subrayar que la asignación en un solo contrato pretende evitar “corrupción” en el sistema de salud de Guanajuato.
Resulta interesante que ni la creación de órganos de fiscalización autónomos, ni la constante evolución, por lo menos de nombre, de la oficina de rendición de cuentas que depende del Poder Ejecutivo, sean suficientes para dar confianza a la labor fiscalizadora y al control de la corrupción.
Si la privatización resulta la solución a la incorregibilidad de los funcionarios públicos, entonces podríamos ir pensando en disolver el gobierno y encargárselo a algún corporativo, de acuerdo a la lógica de estos funcionarios.
Sin embargo, al reunir en un solo y multimillonario contrato las decenas o centenas de contratos dispersos que se prestaban a diversas corruptelas, lo único que se está haciendo es crear las condiciones para un negocio multimillonario donde las pequeñas exacciones den paso a una sola y jugosa comisión.
Hasta ahora no hay muchos elementos para pensar lo contrario, pues ni siquiera podemos saber si la compra bianual por cuatro mil millones de pesos significa un ahorro sustancial para el erario estatal, pues los datos del consumo en los años anteriores continúan celosamente guardados, justo como en el sexenio de Juan Manuel Oliva.
En este, como en otros temas, el gobierno de Márquez muestra que la voluntad de transparencia solo es un frase congelada en un discurso cada vez más ajeno y distante a la realidad del estado.
@arnoldocuellaro