A cuatro meses de haber tomado posesión y sin haber realizado ningún anuncio previo, el nuevo gobierno panista de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, quien fuera contralor del estado durante la administración del vilipendiado ex gobernador Juan Manuel Oliva, lanzó la licitación más cuantiosa en la historia de Guanajuato para crear un sistema de abasto de suministros médicos al Seguro Popular de la entidad, que importa un costo bianual de 4 mil 200 millones de pesos.

Este proyecto nunca fue publicitado, ni anunciado oficialmente, sino que se llevó a cabo de la manera más subrepticia posible, a grado tal que hasta el día que iba a ser asignado el  multimillonario contrato entre cuatro finalistas, después de un mes de la aparición de las bases, juntas aclaratorias y presentación de propuestas, se publicó la primer nota en un medio de comunicación.

Por cierto, coincidencia o no, la licitación se declaró desierta tras publicitarse que uno de los licitantes con mayores posibilidades de triunfo, enfrentaba antecedentes conflictivos en otras entidades del país.

Llama la atención poderosamente que un proyecto que alcanza una cifra estratosférica, equivalente al 10 por ciento del presupuesto anual del gobierno, y que además impactará en el beneficio de 3 millones de personas, que son los afiliados al Seguro Popular en Guanajuato, no reciba el tradicional tratamiento propagandístico que acostumbra cualquier gobierno con este tipo de temas.

Las cosas no quedan allí, ahora que la licitación ha sido convocada de nueva cuenta, Zona Franca se dio a la tarea de investigar en qué consistían los beneficios de una licitación realizada de forma bianual y por un monto tan importante.

Sobre todo, pretendíamos saber si el hecho de juntar en una sola contratación dos años de servicio iba a significar un ahorro sustancial para las finanzas de Guanajuato. La pregunta era simple: ¿Cuánto se gastó el Instituto de Salud Pública de Guanajuato en el año de 2012 por concepto de compra de medicamentos y material de curación? Una multiplicación por dos podría arrojar una cifra para comparar con el monto de la actual licitación.

La oficina de prensa de la Secretaría de Salud, que también lo es del Isapeg, ofreció una primera respuesta, evasiva, por cierto: que esas cifras sólo las tenía la Secretaría de Finanzas.

Se hizo un segundo intento, esta vez ante el coordinador de Comunicación Social del Gobierno Estatal, Juan Aguilera Cid, quien envió a los reporteros de Zona Franca de regreso a Salud: allí están las cifras y no hay nada qué ocultar, afirmó con claridad.

Salud se tardó 36 horas en responder con un comunicado exhaustivo que… no contiene ninguna de las respuestas a lo que se preguntó. Por cierto, el comunicado hubiese sido de enorme utilidad de haberse emitido el 28 de enero de 2013, fecha en la que inició el proceso de licitación de este Sistema de Subrogación del Servicio Integral de Adquisición, Abasto, Almacenamiento, Distribución, Administración y Dispensación, cuyo larguísimo nombre parece inversamente proporcional a la voluntad de transparencia que lo envuelve.

(La respuesta puede ser consultada íntegra aquí.)

En síntesis, gracias a los vericuetos comunicacionales de un gobierno que coqueteó con la idea de ser transparente y congruente, pero que naufragó a las primeras dificultades, no es posible saber si los 4 mil 200 millones de pesos propiedad de los ciudadanos de Guanajuato que se piensan otorgar a un contratista privado, significan un ahorro sobre los costos históricos de un esfuerzo tan fantástico como generoso para proporcionar servicios de salud a la población más desprotegida del estado.

Es por eso, precisamente, que resulta relevante tratar de esclarecer al máximo este episodio: ¿se están aplicando de verdad con eficiencia estos recursos o se está usando como pretexto y justificación la nobleza del programa para obrar con discrecionalidad y ocultar información que es pública por naturaleza?

En charlas extraoficiales con funcionarios del gobierno, se nos ha dicho que la justificación del contrato bianual se encuentra en el ahorro obtenido, razón por la cual parece injustificado totalmente que no se hagan públicas esas cifras.

También se nos ha dicho que hay demasiados intereses en juego y que por ello la información es delicada, lo que tampoco justifica el ocultamiento, pues precisamente la transparencia es el antídoto para combatir los intereses ilegítimos.

También se nos ha comentado que en este tema se hacen «demasiadas conjeturas», lo que naturalmente ocurre por la falta de información que podría ser solucionada por la propia autoridad con mucha facilidad.

Por todo lo anterior, no queda sino dejar en claro que seguiremos insistiendo en la necesidad de la máxima transparencia en un proyecto tan importante, con un costo de la magnitud que se ha referido y con el impacto social que implica. Confiamos en que dicha insistencia tenga al gobierno de Miguel Márquez como un aliado y no como un obstáculo.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

@arnoldocuellaro