En sus puntos de mayor definición personal, los mensajes de Miguel Márquez Márquez, por ejemplo los de este jueves en el informe de gobierno, dejan la impresión de un gran desamparo político.

El gobernador de Guanajuato no parece sentirse como la cabeza de un grupo que haya arribado al poder con un plan de conjunto, tampoco parece un adelantado de una nueva generación. La impresión que queda  es la de un anacoreta dueño de su fe, a pesar de la maldad del mundo.

Márquez no quiere que nadie dude de él, algo que está en sus manos y en las de cualquier gobernante, si se atiene a los mecanismos que previene la ley o, incluso, los modifica para que la confianza no sea un artículo de fe, sino una consecuencia de la aplicación de reglas claras.

Sin embargo, el gobernador de Guanajuato parece no hacerse cargo de que en la política los hechos pueden contradecir radicalmente a los dichos, o como gusta de repetir una diputada de oposición: “Los dichos nos significan, pero son nuestros hechos los que nos califican.”

Si bien el mandatario ha reiterado su ánimo de no esconder sus jugadas, de ejercer el gobierno en caja de cristal, de distanciarse de prácticas de sus antecesores, de mostrar la frente en alto y de aspirar a ser un ex gobernador respetado que se pasee en las calles de la entidad sin nada de qué avergonzarse, en los hechos encuentra muy rápido fórmulas para volver a la opacidad del pasado.

Y así, como ocurría hasta hace no mucho, los procesos para las adquisiciones gubernamentales siguen evadiendo parámetros mínimos de transparencia. Cuando el pretexto no lo es la seguridad pública, encuentran otras justificaciones.

Hace unos días se verificó una licitación que por sus montos supera incluso al proyecto Escudo y está muy cerca de las cantidades estratosféricas de Guanajuato Iluminado: hablamos del Servicio integral de adquisición, abasto, almacenamiento, distribución, administración y dispensación de medicamentos y material de curación para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.

Bajo ese nombre tan largo se esconde lo que de concretarse será una de las más delicadas decisiones del gobierno de Miguel Márquez. Se trata de subrogar todo el aprovisionamiento y la logística que nutre al Seguro Popular, agregándole además el aspecto administrativo. El monto de la licitación supone un techo superior a los 4 mil millones de pesos.

El suministro de medicamentos al Seguro Popular fue un dolor de cabeza para el anterior gobierno. Allí se detectaron las irregularidades que motivaron el cese del ex secretario de Salud de Juan Manuel Oliva, el doctor Jorge Aguirre, lo que derivo en una cadena de destituciones, inhabilitaciones y consignaciones por parte del titular de la Gestión Pública en ese momento, Luis Ernesto Ayala Torres, de las que por cierto no ha resultado ninguna acción penal hasta el momento.

Entregado al ISSEG, el suministro de medicamentos volvió a generar problemas, aunque también le representó a esa institución uno de sus negocios más rentables. El manejo de las adquisiciones para el Seguro Popular durante la administración de Miguel Salim es actualmente objeto de exhaustivas auditorías tanto de la Secretaría de la Transparencia como del Órgano Superior de Fiscalización.

Entregar en su conjunto la adquisición, abasto, almacenamiento, distribución, administración y dispensación de medicamentos y material de curación del Seguro Popular en Guanajuato es una decisión de estado probablemente más trascendente que el cambio de luminarias que tanto escándalo ha desatado.

Cuatro mil millones de pesos en un año representa un 50 por ciento más de lo que proyecto Escudo costará en seis años y casi otro tanto de lo que se gastará para cambiar el sistema público de iluminación de los 46 municipios del estado

Cabe decir que esta estratégica decisión, que además repercutirá negativamente en las finanzas del ISSEG, por ende en el comportamiento del fondo de pensiones de los trabajadores del servicio público estatal, se ha venido instrumentando sin haber dado una sola explicación pública.

El responsable de este proceso es el secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís, un funcionario refractario a dar justificaciones sobre sus actos.

De modo que las proclamas de transparencia, de sencillez y de honestidad de Miguel Márquez, se ven rápidamente desmentidas por la instrumentación cotidiana de decisiones de gran envergadura que afectan el patrimonio del estado, la prestación de importantes servicios públicos y la propia rectoría pública en asuntos tan relevantes como el del sistema de salud.

Hay que agregar, además, que una de las empresas que llegó a la etapa final de la licitación, Intercontinental de Medicamentos, S. A. de C. V., tiene un historial de conflictos en otras entidades de la República que difícilmente la haría una candidata confiable, no sólo para ganar, sino incluso para simplemente concursar.

La licitación del lunes de la semana que pasó fue declarada desierta, en buena medida a causa de la publicidad otorgada al proceso, muy a pesar de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas que lo llevaban a cabo.

La licitación será repuesta, sin que el gobierno de Miguel Márquez haya dado una sola explicación pública de porqué considera que la prestación del suministro de medicamentos y material de curación para el Seguro Popular estará mejor en manos de una empresa privada.

Estos son los asuntos donde el reclamo que lanza el gobernador para que se confíe en su talante de hombre honesto y transparente, podría ser convenientemente  soportado.

De nada sirve conocer que Márquez y su acompañantes comieron económicas hamburguesas en su viaje a Washington para entrevistarse con Janet Napolitano, si en los asuntos de gran calado financiero, las cosas regresan al ocultamiento y la simulación.

A final de cuentas, la honestidad, como el valor, como la hombría de bien, como la sencillez, como la congruencia, se muestran igual que el movimiento: sencillamente andando.

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