La decisión por parte del municipio de León de arrendar 150 vehículos a una empresa local, se presta a muchas interpretaciones ninguna de las cuales parece abonar a favor de un modo distinto de hacer las cosas de la primera administración priista en un cuarto de siglo.
Si algo ha caracterizado al discurso y la actuación del equipo que encabeza la priista Bárbara Botello Santibáñez, es el señalamiento sistemático de los altos niveles de corrupción alcanzados por las administraciones panistas, particularmente la última a cargo de Ricardo Sheffield Padilla.
Desde el primer día que llegó a la casa municipal, armada de cepillo y jabón, hasta esta semana, cuatro meses después, la alcaldesa ha insistido en que lo que recibió como administración es «un cochinero».
Hace unos días contestó a las críticas panistas de la siguiente manera: «atrás de la raya que estoy trabajando, limpiando el cochinero que me dejaron.»
No es de dudarse que lo que recibió la nueva administración priista se encuentre plagado de irregularidades. Allí están para muestras evidentes los excesos en autorizaciones para colocar nuevas gasolineras: 40 más en tres años; también, el doble discurso en torno a los casinos evidencia componendas que sólo se explican en función de la discrecionalidad y, por ende, de la corrupción.
Sin embargo, para poder refrendar ese discurso, la gestión de Botello deberá mostrar que tiene la cola un poco más corta que la lengua, de lo contrario las consecuencias podrían ser desastrosas en un muy corto plazo.
El arrendamiento masivo de vehículos a un precio por encima del mercado no parece una buena señal. Tampoco lo es el formato de la licitación, con restricciones que la orientaban demasiado. Mucho menos debe de tranquilizar a quienes pretenden que esta vez el tricolor muestra una cara diferente, la actitud del tesorero Roberto Pesquera, quien se ha negado a ampliar la información sobre el caso.
Botello, Pesquera y compañía pueden alegar en su defensa que todo está apegado a derecho. Y probablemente sea cierto. Sin embargo, lo mismo pasa con la administración de Sheffield, a quien no le han logrado fincar la menor responsabilidad no obstante los obuses mediáticos.
Y, de cualquier manera, lo más probable es que a ninguno le creamos, como ya va siendo costumbre con los gobiernos de todo signo, empeñados en ver su encargo temporal como una jugosa patente de corso para la que el marco legal es sólo una formalidad a salvar.
Pronto se acabará, a este paso, el discurso del «cochinero», para dar paso a una continuidad: el saqueo de la ciudad prosigue, sólo cambiaron de fachada los expoliadores.
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