Sería notable que la dinámica que ha mostrado el gobierno de Miguel Márquez Márquez para sacar adelante el proyecto Escudo se convirtiera en el sello de esta administración.
Nada ha sido obstáculo. Ni los cuantiosos recursos, de los que no se disponía en partida alguna. Ni los compromisos de transparencia del nuevo gobernador, rápidamente acondicionados a la necesaria secrecía del tema. Ni las dudas de la oposición, atendidas una y otra vez con la mayor rapidez.
Lo remarcable es que se trata de una inversión de más de 200 millones de dólares que va a atender una previsión, cuando en el horizonte existen asuntos dolorosos y complejos, que constituyen problemas actuales y que requerirían aplicación de medidas urgentes de inmediato.
Todos coincidimos en que Guanajuato es una entidad relativamente tranquila en cuanto a la actividad de la delincuencia organizada. Existe además el compromiso del nuevo gobierno federal de atender ese problema de forma prioritaria a nivel nacional.
Sigue sin explicarse entonces porqué la decisión de invertir en un protocolo tecnológico de vigilancia de una dimensión inédita en el país y a un costo que supera cualquier proyecto aplicado incluso en entidades con altos niveles de violencia. Pero sobre todo, porqué la vehemencia y la velocidad.
Sobre todo, porque dicho proyecto tiene como finalidad central la de blindar a Guanajuato frente a los embates de los grupos violentos que se enseñorean en otras partes del país, incluyendo entidades vecinas.
En cambio, hemos visto crecer a la delincuencia común, la de los asaltos cotidianos a transeúntes, negocios y casas habitación. Por si algo faltara, el nivel de violencia de este fenómeno se ha incrementado y ya no resulta extraño saber de víctimas mortales en asaltos comunes y corrientes.
Sin embargo, ese tema no será abordado por Escudo ni por las autoridades estatales, El secretario de seguridad de Miguel Márquez, Álvar Cabeza de Vaca, acaba de declarar que la delincuencia común es responsabilidad de las policías municipales, las cuales tienen encima el expediente de una depuración inminente masiva que tendrá costos en todos los sentidos.
Es aquí donde se presenta un asunto de pertinencia y de congruencia: ¿no sería prudente que, en paralelo a la instrumentación de Escudo se invierta en un esfuerzo de depuración, capacitación y coordinación de todas las policías del estado? ¿O, incluso, que se plantee el mando único policial a nivel estatal?
El hecho de que no se esté trabajando en forma coordinada con el recurso humano en materia de seguridad, en todos los municipios de la entidad, y que se hayan privilegiado los recursos económicos, institucionales y políticos de los que dispone el nuevo gobierno sólo para un gigantesco contrato de adquisición de servicios a terceros, es algo que amerita una explicación.
Por ello llama la atención la ligereza con la que los partidos políticos han asumido este debate: en primer lugar, sus principales objeciones provienen de las que se hacen en los medios de comunicación, como si el PRI y el PVEM no tuviesen la responsabilidad de gobierno en varios municipios del estado, entre ellos el de mayor tamaño, que es León.
Cuando se hacen las aclaraciones, en juntas a puerta cerrada entre el gobernador, su gabinete de seguridad y los coordinadores de las bancadas, todos salen muy contentos a repartir avales; pero basta que surjan nuevas preguntas en la opinión pública o entre los integrantes de las propias fracciones, para que los “detallitos” vuelvan a convertirse en asuntos de primer plano.
Lo que se observa, por otra parte, es que otras políticas públicas no se encuentran recibiendo esta misma atención, ni en monto de los recursos destinados ni en voluntad política de parte del gobernador.
Allí están los temas del empleo, de la lucha contra la pobreza y de la educación, desde los cuales se podrían lograr muchos avances para contrarrestar el deterioro social que se padece en zonas marginales de las ciudades y también en el campo, el cual incide directamente en el incremento de la delincuencia doméstica.
Otro gran problema es el campo, abandonado en el sexenio de Juan Manuel oliva por el activismo electoral y donde no bastará la presencia de un líder empresarial como Javier Usabiaga, si no se le apoya con recursos y decisión política.
Por lo pronto, el sexenio de Miguel Márquez empieza con una apuesta decidida y total por el tema de la seguridad, pero con un instrumento que se antoja incompleto, caro y de alto riesgo para su propio impulsor.
Sin embargo, en ese viaje el mandatario panista ya no está solo: lo acompañan sus principales opositores políticos, convertidos al secretismo con el que se ha manejado el proyecto Escudo, después de algunas pláticas de café.
Y como nadie sabe cuáles fueron las preguntas que plantearon ni las respuestas que recibieron, sino sólo su evidente complacencia con lo que les fue expuesto, que luego no salgan con que los sorprendieron. Al fin y al cabo, ya están mayorcitos.