Aparentemente no hay duda de que la ciudadana francesa Florence Cassez se involucró, por ignorancia o por decisión propia, con una banda criminal dedicada al secuestro, realizando actividades que encuadran en una conducta delictiva.
Tampoco parece haber la menor sombra de duda en que la detención de la joven gala ocurrió en medio de un grotesco y sombrío episodio de perversión de la función de las fuerzas policiales y el aparato de persecución de los delitos, para ponerlo al servicio de un show mediático con fines de propaganda.
Fueron estas circunstancias, a todas luces violatorias de los derechos humanos de los detenidos, más allá de su responsabilidad legal, las que justificaron la resolución tomada por la Corte, en una decisión dividida, para darle salida a un caso que se convirtió en un laberinto jurídico y político con implicaciones internacionales.
El resultado nos deja a los mexicanos con un sabor agridulce. La victoria jurídica de un argumento legal por sobre la soberbia y el dogmatismo de un aparato policial, hace surgir una profunda inquietud: ¿cómo vamos a poder depurar el sistema de justicia en un país asolado por la violencia y la impunidad, con una policía que sigue presentando enormes deficiencias?
El primer eslabón en cualquier estrategia de combate a la impunidad y de freno al auge delictivo pasa, inevitablemente, por el trabajo policial. Sin embargo, no ha habido una reforma legal o administrativa que nos permita a los mexicanos tener ni siquiera la mínima certeza de que la policía hará su trabajo en el marco de la ley.
¿Qué puede esperarse de una policía cuando el sabotaje a la realización de un trabajo apegado a la norma y a una ética mínima parte de los propios directivos de la corporación?
Porqué así ocurrió en el caso de Florence Cassez, donde la orden de preparar un montaje para los noticieros de televisión, por cierto también cómplices en esta violación a los derechos de los detenidos, sólo pudo prevenir del más alto nivel.
De privar la lógica aplicada por el Pleno de la Corte en este caso, la impunidad parece ser la consecuencia lógica de no contar con una policía científica y unos mandos que respeten la ley.
Cualquier esfuerzo por tratar de depurar a las policías a todos los niveles, choca con una lógica de resignación de los políticos responsables de esas policías. En Guanajuato, por ejemplo, la realización de exámenes de control de confianza a las gendarmerías municipales, con el consecuente resultado de centenares de reprobados, incluyendo altos mandos, está generando una rebelión de los alcaldes de todos los partidos.
Nadie quiere correr policías porque eso significa pagar indemnizaciones o arriesgarse a juicios laborales que pueden terminar hasta en reinstalaciones. Ello nos lleva a la consecuencia de que sean los ciudadanos los que paguen el costo de una mala policía a través de lo que viene a ser un impuesto no legislado que ni siquiera va a manos del estado: la corrupción policial y la asociación entre delincuentes y policías.
No ha habido un programa exitoso, federal, estatal o municipal, que permita mejorar el nivel y la calidad del servicio policiaco. Sin embargo, la Corte hoy nos dice que cuando la policía actúe incorrectamente en contra de presuntos culpables, estos deberán quedar libres.
De esta manera, los únicos que deberán temer a los policías son, no los delincuentes, sino los ciudadanos comunes y corrientes que caigan en sus manos para ser extorsionados, o bien los que sean víctimas de delincuentes protegidos por policías.
Si bien es difícil que el caso Cassez siente un precedente para la delincuencia en general, que difícilmente tendrá la posibilidad de contar con abogados lo suficientemente capaces para usar el antecedente, este no debe descartarse en el caso de la delincuencia organizada.
El otro sabor de boca que queda tampoco es agradable: la amarga sensación de que en todos los ires y venires de este caso, la justicia ha estado sometida por la política o a su servicio. Tampoco es algo que nos de un aire de modernidad política ni de madurez democrática, lamentablemente.