Hace no muchos días, dos distintas áreas del gobierno estatal coincidieron en señalar que la realidad administrativa con la que se encontró el gobierno entrante de Miguel Márquez era razonablemente solvente. Ahora, en la discusión del presupuesto para 2013, sale a relucir una situación muy distinta. ¿Cuál es la verdad?
Primero fue el área de Transparencia y Rendición de cuentas, a cargo de Isabel Tinoco, la que en la última semana de noviembre dejó en claro que no había irregularidades que ameritaran responsabilidades en materia económica o administrativa, en la forma en que fueron entregadas las diferentes dependencias del gobierno.
Esa situación sin duda se compaginaba con una decisión política tomada por el nuevo gobernador: la de recontratar al gobernador saliente, el interino Héctor López Santillana, como responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico, como muestra evidente de continuidad.
A los pocos días, se presentó el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, con apenas un incremento del 1.2 por ciento en relación con el año anterior, para alcanzar un total de 47 mil 501 millones de pesos.
Al dar a conocer la propuesta, el secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís dejó en claro que el estado mantendría margen de maniobra y que la menor aportación de recursos federales se debía, entre otras cosas, a que “en Guanajuato existen menos pobres”.
Sin embargo, el optimismo duró poco. La existencia de una solicitud de endeudamiento por mil 329 millones de pesos cuya viabilidad fue puesta en duda por los diputados de oposición, sobre todo los del PRI, motivo una salida a medios del mismo Martín Solís para precisar: “sin deuda habrá recorte de programas estatales.”
Y aquí fue donde empezó a desgranarse un rosario de lamentaciones sobre la situación, ahora sí calificada de catastrófica, en la que se recibió la administración estatal, contra todo lo escuchado en las dos semanas anteriores.
Las puntualizaciones en alguna medida críticas, que incluyeron algunas expresiones del propio titular del Ejecutivo, abordaban sobre todo la magnitud de los compromisos con las armadoras de automóviles que fueron atraídas a Guanajuato en la parte final de la gestión olivista: particularmente Mazda en Salamanca y Honda en Celaya.
Apoyar a estas empresas y a sus proveedores, de acuerdo a palabras del secretario de Finanzas, implica un gasto de casi 3 mil 200 millones de pesos. Debe aclararse también que ese monto no es erogable en su totalidad en 2013, sino que alcanza varios ejercicios.
Es decir, el cuestionamiento iría en el sentido de que se pagó demasiado caro el logro de haber atraído a empresas de vanguardia mundial, cuya llegada sirvió en buena medida al lucimiento político, efímero por cierto, del ex gobernador Juan Manuel Oliva, pero también de su interino, López Santillana.
No se trata de ninguna novedad, desde hace tiempo los empresarios de Guanajuato han señalado que ellos nunca han recibido apoyos de la magnitud de los que fueron ofrecidos a las empresas automotrices.
Pero hay además, otro argumento adicional y poderoso: las medianas, pequeñas y micro empresas de Guanajuato impactan de manera más sólida en la creación de empleos que las altamente tecnificadas y robotizadas armadoras.
Y, sin embargo, nadie puede negar tampoco el impacto que trajo en menos de dos décadas la instalación de General Motors en Silao, modificando totalmente a un municipio de economía agraria hasta convertirlo en el principal polo industrial de la entidad y una locomotora de otras regiones.
Hoy hay empresas de pieles tratadas que han reconvertido su orientación para producir vestiduras de autos, en lugar de la tradicional marroquinería, logrando no sólo sobrevivir, sino también crecer.
Lo que hoy se ve como una pesada carga para las finanzas estatales puede, a la larga, generar un impacto multiplicador que cambie radicalmente, para bien y para mal, la economía de Guanajuato y, por ende, nuestra forma de vida.
Y, encima de todo, ni Miguel Márquez ni Juan Ignacio Martín pueden llamarse sorprendidos. El tema de los compromisos con las nuevas empresas se ha sabido con amplitud, no sólo en el nivel gubernamental, sino, como se comentó arriba, en el sector privado. En la etapa de transición, ese debió ser un tema central de debate.
En realidad, el nuevo gobierno parte de una realidad acotada, como le ocurre a todas las administraciones en su primer año. Pregúntenle sino a gobernadores como Arturo Núñez en Tabasco o Fausto Vallejo en Michoacán. Lo importante es saber con qué se cuenta y tener un plan al respecto.
Parece ser que en ese sentido se irán enderezando las cosas, ya este martes, el propio Miguel Márquez externó que ante la falta de holgura financiera sólo quedará “usar la creatividad”. Sin duda, ese debe ser el espíritu.
@Arnoldo60