Este martes el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en una intervención realizada en el foro nacional Sumemos Causas, Ciudadanos + Policías, fue particularmente enfático en el tema de la evaluación policial mediante los exámenes de control de confianza.
El mandatario lamentó la lentitud con la que ese proceso camina en muchos de los estados y exhortó a las autoridades a “retirar del cargo lo más pronto posible” a los elementos que reprobaron los exámenes de control de confianza.
El exhorto presidencial no se refirió solo a los policías de calle o a los integrantes de las fuerzas de tarea de las distintas corporaciones. Habló particularmente de los mandos que aún no han realizado el examen al parejo que sus subordinados, incluyendo altos funcionarios públicos.
Le mereció una mención especial el estado de Quintana Roo, gobernado por el PRI, donde no se ha evaluado a ningún policía con el pretexto de que no se termina de construir el Centro de Control de Confianza.
Este largo preámbulo sobre un tema nacional nos sirve para enmarcar una situación que ocurre en Guanajuato, donde nuestras autoridades se jactan de que la violencia ha permanecido bajo control y por debajo de la que asola a entidades vecinas. Quizá de allí la dejadez con la que ha sido tomado un asunto sin duda delicado.
Hace diez meses, a principios de noviembre de 2011, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, Felipe de Jesús López Gómez, dejaba su cargo luego de que trascendiera que no aprobó el examen de control de confianza al que debía someterse por ley.
Aunque desde esferas cercanas al gobernador Juan Manuel Oliva se trató de minimizar el resultado, aduciendo diversas causales como la de que se encontraba tomando fármacos medicinales o un exceso de nerviosismo, lo cierto es que el titular de la SSP, el General de División del Ejército Mexicano Miguel Pizarro Arzate, no se anduvo por las ramas y le pidió a López Gómez su renuncia, como marca el protocolo en esos casos.
Sin embargo, el abogado leonés, ex secretario del Ayuntamiento en el gobierno de Luis Ernesto Ayala, del que también formó parte quien era secretario de gobierno de Guanajuato al momento del cese, Héctor López Santillana, corrió con suerte al ser rescatado por éste como asesor dentro de la estructura de su dependencia.
El viejo camarada de armas decidió dar protección a López Gómez bajo el argumento de que en su nuevo trabajo no tenía nada que ver con temas relacionados con la seguridad, no obstante que la secretaría de Gobierno es una de las instancias formales de coordinación del área de seguridad.
A la vuelta del tiempo las cosas se agravaron. Al pedir licencia Juan Manuel Oliva al cargo de gobernador, el Congreso del Estado, donde el PAN cuenta con mayoría absoluta, votó como gobernador sustituto a López Santillana.
A los pocos días, el nuevo mandatario designó a López Gómez coordinador de Políticas Públicas del gobierno, lo que automáticamente le dio injerencia en todos los ámbitos de la administración, incluida la seguridad pública.
Allí comenzó una actitud de hostigamiento hacia el general Pizarro Arzate, quien incluso fue obligado a presentar su examen de control de confianza en el mismo centro donde reprobó López Gómez, pues se consideró insuficiente su acreditación de la prueba en las instancias de la Sedena.
Ya iniciado el proceso de transición, tras la elección del primero de julio y el triunfo de Miguel Márquez Márquez, el protagonismo de López Gómez se ha intensificado, como lo saben los diputados de la comisión de seguridad pública del Congreso local, quienes se aprestan a reformar la ley de la materia en estrecha coordinación con el equipo de Márquez y con el propio López Gómez en representación del gobernador López Santillana.
Cabe señalar que de dicha reforma la Secretaría de Seguridad de Miguel Pizarro ni siquiera tiene noticia.
Es decir, un alto cargo que reprobó el examen establecido por el gobierno federal en el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública, no sólo no fue separado de la función pública, sino que fue promovido a cargos de mayor responsabilidad y confianza, llegando a convertirse en el principal asesor del actual gobernador del Estado y un firme prospecto a continuar en la próxima administración estatal.
Ese mensaje no debe haber sido bien recibido por los miles de policías y sus mandos, en las diversas corporaciones del estado, que deben someterse a exámenes practicados a nivel local y que corren el riesgo de ser separados de manera drástica de sus puestos si resultan reprobados.
A ellos nadie les preguntará si están tomando medicamentos contra la gripe o se ponen nerviosos. Se irán a la calle sin contemplaciones.
Pero sobre todo, no le caerá nada bien al propio Felipe Calderón saber que sus correligionarios de Guanajuato han tomado la peor parte de la máxima juarista tan gustada por los políticos de la vieja guardia: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.”
Twitter: Arnoldo60