Una discreta iniciativa de ley presentada hace menos de una semana por los diputados del PAN y el PVEM, busca desaparecer el secretariado técnico del Consejo Estatal de Seguridad y adscribirlo a la Secretaría de Seguridad. Son los primeros pasos del gobierno de Miguel Márquez, a través del gobierno que termina.
El Congreso del Estado está a punto de entrar en una vorágine de modificaciones legales para concluir el sexenio y abrir la puerta a la administración de Miguel Márquez Márquez, en las que están de acuerdo tanto el gobernador entrante como el saliente.
La reforma que puede arrancar este proceso es la del sistema estatal de Seguridad Pública, lo que implica modificaciones a la propia Ley de Seguridad, a la Orgánica del Ejecutivo y a la del Ministerio Público. Fue presentada en una iniciativa ingresada el pasado 16 de agosto al Congreso.
Con ello, se pretende desaparecer el carácter autónomo del secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad y reasignarlo a la Secretaría de Seguridad, así como reubicar el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza dentro de la Secretaría de Gobierno.
Para todos los efectos, la reforma impulsada por un extraña coalición del PAN y el PVEM en el Congreso, partidos que rivalizaron con fiereza en la pasada elección incluso cruzando demandas legales, busca el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, no tanto para los escasos días que le quedan en ella al general Miguel Pizarro, sino muy seguramente para quien será su sucesor.
Así, el secretario de seguridad será el titular del Consejo Estatal de Seguridad, en ausencia del gobernador; en tanto que el secretario técnico se convertirá en el secretario ejecutivo del Consejo, esta función recaerá seguramente en un empleado de la misma secretaría de seguridad.
Sin embargo, no todo el poder va a la secretaría de Seguridad, pues la parte de la reforma que prevé el traslado del Centro de Evaluación y Control de Confianza, viene a devolver a la Secretaría de Gobierno facultades perdidas hace tiempo para intervenir en el diseño de las políticas de seguridad.
Quizá la única suspicacia que emerge es la que se deriva de la posibilidad de que el gobernador saliente, Héctor López Santillana, se convierta en el próximo secretario de gobierno, pues uno de sus colaboradores más cercanos, el abogado leonés Jesús López Gómez, tiene en su hoja de servicios un no creditado en el examen de evaluación y control de confianza del gobierno federal, lo que motivó su separación de la Secretaría de seguridad. Sería un despropósito que este funcionario tuviera injerencia en el nuevo esquema estatal de evaluaciones.
Queda claro en la reforma, que se pretende llevar a cabo con rapidez en los próximos días y que además no parece mal vista por el PRI, la intención de desandar el camino recorrido por el gobernador con licencia Juan Manuel Oliva, quien creó el secretariado técnico como un traje a la medida para la hoy senadora suplente electa, Pilar Ortega Martínez.
Todo indica que el deslinde formal del nuevo régimen ha iniciado.