Los interinatos ya son parte natural del paisaje en Guanajuato. En los últimos treinta años, es decir el lapso de cinco gobiernos de ciclos normales, la entidad ha tenido diez gobernadores, si se cuenta al mandatario que ganó una elección y “decidió no presentarse a tomar posesión”.
Entre gobernadores constitucionales; interinos; uno que casi fue sustituto, como Carlos Medina Plascencia; y el intrauterino que fue Ramón Aguirre, Guanajuato se ha movido entre sobresaltos cíclicos que por fortuna no han provocado mayores descalabros, más allá de los desajustes temporales.
En ese camino, hemos tenido intervenciones federales, como la que derribó a Enrique Velasco Ibarra después de haberle recompuesto el gobierno de forma vertical y autoritaria, gracias a la operación de un Manuel Bartlett que en la vejez se volvió democratizador. El sexenio fue completado en su último año por el jurista Agustín Téllez Cruces.
Rafael Corrales Ayala, el último gobernador priista de Guanajuato, por lo menos hasta la fecha, completó su sexenio, no sin enfrentarse a recurrentes versiones sobre una anticipada salida del gobierno.
Tras el notable acto de taumaturgia política que operó Carlos Salinas de Gortari en 1991, precisamente con Aguirre, desapareciéndolo del escenario con un retorcido artificio que mezcló la coerción con el soborno, tuvimos el interinato más largo de la historia política moderna de Guanajuato, y quizá del país, con el gobierno de Carlos Medina Plascencia, el primer panista que ocupó el palacio de Paseo de la Presa.
Vicente Fox Quesada gobernó Guanajuato como producto de una elección extraordinaria que partió de una reforma política y de la creación del primer órgano electoral autónomo. Los cinco años que debió gobernar, para igualar el periodo del ejecutivo estatal con el federal, se convirtieron en cuatro, precisamente al buscar el político panista la candidatura presidencial de su partido, que logró y lo llevó a la postre a la presidencia de la República.
Completó el periodo su secretario de gobierno, como ocurre ahora, Ramón Martín Huerta, quien no sólo cerró los pendientes del gobierno foxista, sino que le cuidó las espaldas a quien volvería a ser su jefe poco tiempo después en el gobierno federal, en los delicados momentos de la campaña presidencial del 2000.
Tras el gobierno sin sobresaltos de Juan Carlos Romero Hicks, ahora se reedita el expediente de un gobernador que decide renunciar al mandato otorgado por la ciudadanía para incursionar en temas electorales. Esta vez, sin embargo, se antoja menor el cargo por el cual Juan Manuel Oliva ha dejado el gobierno: una responsabilidad auxiliar de operación electoral en el comité nacional panista, otorgado de forma relativamente tardía, sobre todo si se piensa lo acotadas que estarán estas campañas en el aspecto temporal.
Cerrará el últimos semestre del sexenio el incidental secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, un eficiente funcionario que operó la que quizá ha sido una de las políticas públicas más exitosas de la actual administración, la atracción de inversión foránea, desde la cartera de Desarrollo Económico que ocupó la mayor parte del sexenio.
Se antojan dos hipótesis para este nuevo cambio: Oliva va a la campaña en representación del grupo político al que se ha afiliado toda su carrera política: el Yunque, del que forman parte los gobernadores de Jalisco y Morelos, Marco Adame y Emilio González Márquez; así como la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, y que se dispone a pelear espacios en la campaña presidencial.
La otra es que Oliva, que acusa ya el desgaste del gobierno y cuyo fuerte nunca ha sido el orden administrativo, pero que además no se hace a la idea de la parálisis de los próximos 90 días en los que no podría aparecer en medios ni realizar giras por el estado y menos por el país, ha concluido que es mejor que otras manos cierren el sexenio mientras él se dedica a lo que realmente le gusta: la actividad proselitista y electoral.
Como además siente que Guanajuato está ganado y la suerte de su grupo a salvo en manos de Miguel Márquez, se imagina que su activismo es más necesario en otros ámbitos.
En ambos casos, la decisión parece un salto al vacío, en la medida que los éxitos electorales de Oliva se han visto íntimamente ligados a la ventaja operativa que da el ejercicio de la función gubernamental. Habrá que ver si los gobernadores de su cofradía abren las carteras o lo dejan morir solo.
Por si algo faltara, llegará a un equipo al que es ajeno, como el de Josefina Vázquez Mota.
Lo peor de todo es que si el mandatario con licencia obtiene algún éxito, difícilmente cobrará los réditos del mismo; en cambio, muy fácilmente puede formar parte de los chivos expiatorios a los que se les carguen los saldos de un fracaso. Sin lugar a dudas, la apuesta que ha colocado sobre la mesa Juan Manuel Oliva parece de muy alto riesgo.