Finalmente, tras dudas, escarceos burocráticos y reparto de responsabilidades, el Consejo del ISSEG presidido por el secretario de Finanzas del Estado, Gustavo Adolfo González Estrada, determinó contratar una auditoría profesional al estado en el que se encuentra la administración del Instituto de Seguridad Social del Estado.
Desde el manejo de las inversiones en las que se encuentra colocado el fondo líquido de la institución, pasando por la operación comercial y llegando finalmente a la contratación de obra pública, todo ello será revisado por el despacho de auditoría internacional y de consultoría financiera Deloitte, mediante su filial de León.
En la medida estuvo de acuerdo el titular de la Gestión Pública de Guanajuato, Gilberto Enríquez Sánchez, quien inició las primeras revisiones a la descentralizada tras las denuncias en medios de operaciones irregulares en la institución durante la administración del hoy candidato del PAN a la alcaldía de León, Miguel Ángel Salim Alle.
De acuerdo a fuentes del propio gobierno, el contador Enríquez Sánchez le confesó a sus cercanos después de las primeras jornadas de sus auditores: “no hay ni por dónde empezar”.
La realización de la auditoría externa, que reportará directamente al Consejo Directivo retrasará muy seguramente la designación del nuevo director del ISSEG, cargo en el que se desempeña de manera interina la subdirectora de administración y finanzas, Luz María López Navarrete.
El paréntesis puede ser bueno, pues una de las primeras intenciones del gobernador Juan Manuel Oliva, antes de que se conocieran públicamente algunas de las acciones de Salim que han prendido focos de alarma, era la de designar en el cargo a su secretario particular, Román Cifuentes Negrete, en lo que venía a constituir un claro premio político, incluso quizá un pago de marcha.
Allí, precisamente, es donde se encuentra una de las raíces de los problemas que ha afrontado y que puede afrontar en el futuro una institución de la mayor relevancia social como es el fondo de pensiones de la burocracia estatal, universitaria y de varios municipios de Guanajuato: la falta de profesionalización de su máximo responsable.
Ya son varios los gobiernos panistas que, al igual que sus antecesores priistas, han optado por colocar al frente del ISSEG, quizá el último fondo de pensiones estatales sano de la República, a amigos y colaboradores caídos en desgracia de otras aventuras políticas
Un político con ambiciones siempre verá en el manejo de un fondo líquido de seis mil millones de pesos y activos por otros seis mil millones, una oportunidad dorada para afianzar sus proyectos futuros. Así ha ocurrido por lo menos en las últimas dos administraciones, la de Salim Alle y la de Jorge Estrada Palero.
Aún se recuerda cuando los empresarios panistas que inauguraron la era de este partido en Guanajuato usaban como una de sus banderas modernizadoras y moralizadoras, a la vez que como un ariete a la deficiente gestión de sus antecesores priistas, la necesidad de profesionalizar la administración pública, de eliminar la meritocracia y reconocer los perfiles y las capacidades en los puestos públicos.
Esa filosofía, como tantas otras, se ha venido mellando y deslustrando conforme pasa el tiempo y el PAN navega por los caminos del poder sin oposición y sin equilibrios.
Incluso un político que rayaba en lo quisquilloso a la hora de definir “el perfil”, el posgraduado en Relaciones Industriales Juan Carlos Romero Hicks, cayó en la tentación del cuatachismo en la que alegremente se ha solazado su sucesor.
Es de esperarse que, no obstante las resistencias a escuchar otras voces y a hacer caso del sentido común y la más elemental autocrítica, la decisión sobre el director del ISSEG en el último tramo de este gobierno recaiga en un profesional capacitado y no en otro brother in arms del gobernador en turno. Sería lo menos que podría esperarse.