En lo que constituye una de las transferencias de responsabilidad más impactantes de la vida pública de Guanajuato en los últimos años, el secretario de Finanzas del gobierno del Estado, Gustavo Adolfo González Estrada, asumió como propias todas las aclaraciones sobre los dudosos manejos realizados en la administración del ISSEG durante la gestión de Miguel Ángel Salim Alle al frente del mismo.
La decisión del funcionario estatal se podría explicar por el hecho de que Salim Alle se jugaba una contienda interna representando los intereses del grupo del gobernador Juan Manuel Oliva, frente a la candidata identificada con el alcalde saliente, Ricardo Sheffield, y con el equipo del ex aspirante a la gubernatura, José Ángel Córdova Villalobos.
Se podría explicar también si hacemos la suposición de que González Estrada se encontraba perfectamente enterado de los diversos manejos realizados en el ISSEG y asumió las consecuencias de las decisiones que tomó Salim Alle, como presidente del Consejo Directivo, avalándolas en consecuencia.
Sin embargo, en esa lógica no se explicaría una de las primeras decisiones tomadas directamente por González Estrada a la salida de Salim Alle: la terminación del contrato como asesor de inversiones para el ex banquero leonés Juan Antonio García Ramírez.
Si, como se ha dicho sin pruebas fehacientes por lo menos hasta ahora, los consejos “desinteresados” de García Ramírez, ofrecidos a cambio de un módico salario de 17 mil pesos mensuales, llevaron al ISSEG a contar con su mejor portafolio de inversiones en años, gracias a la compra de bonos en los mercados norteamericano y europeo, algunos de ellos en países tan riesgosos como Irlanda, entonces no tiene ningún sentido su despido.
Si, por el contrario, la actuación de García Ramírez incurrió en falta de ética, al convertirse él mismo en corredor de las inversiones a través de casas de bolsa que aceptaron una doble intermediación, entonces no sería suficiente con cesarlo, sino que debería abrirse una investigación sobre esas prácticas.
No ha sido así, se ha incurrido en medidas contradictorias y se ha retrasado de sobremanera la rendición de informes detallados sobre el estado de las inversiones por más de mil quinientos millones de pesos, es decir la tercera parte de las reservas líquidas del fondo de pensiones de la burocracia estatal, del magisterio, del personal universitario y de varios municipios.
Esa indefinición provocó ya la publicación de un desplegado de la sección 45 del SNTE, liderada por el siempre dócil Ángel Macías Jasso, pidiendo explicaciones sobre las inversiones del instituto, petición que hasta ahora ha caído en el vacío.
La cobertura de Salim por parte de González Estrada no se detuvo en el tema de las inversiones. Los manejos sospechosos en la compra de medicamentos del seguro popular, realizados a través de Carlos Henaine Bretón un funcionario que colaboró en el DIF en la gestión de Frances Siekman de Romero Hicks, donde el propio Gustavo Adolfo fungió como director general, no han merecido prácticamente ninguna investigación.
Henaine salió del DIF acusado por la propia presidenta del sistema DIF de malos manejos y fue trasladado al ISSEG, en la administración de Jorge Estrada Palero. Allí lo encontró Miguel Salim, quien lo promovió a director de coordinación del Seguro Popular dentro de la Gerencia de Ventas del ISSEG.
La denuncia periodística en medios locales y nacionales sobre las compras de 200 millones de pesos a Mediboc, una empresa de la que son propietarios dos evidentes prestanombres, no produjo ningún cambio. Ni siquiera el inicio de una auditoría por parte de la Gestión Pública de Gilberto Enríquez, logró conmover nada.
Por instrucciones directa del secretario de Finanzas, Gustavo González Estrada, a la directora interina, Luz María López Navarrete, nada se está moviendo en el ISSEG en estos días , el equipo pesado de Miguel Salim sigue haciéndose cargo de la operación y se está a la espera del nuevo director, decisión en la que se dará un jaloneo de alto nivel.
Entre el propio Gustavo González; Román Cifuentes, el Particular de Oliva; y Héctor López Santillana, de Gobierno, se moverá la decisión para elegir a quien deba cerrar la que hasta ahora ha sido una caja chica y que en los próximos meses se convertirá en una caja de Pandora.
Y, en medio de todo ello, la pregunta que subsistirá es porqué el Secretario de Finanzas, que tiene suficientes fierros en la lumbre como para preocuparse los próximos meses, decidió sacar las castañas del fuego a nombre del que ya es el candidato del PAN a la presidencia de León: ¿lealtad de grupo, futurismo, corresponsabilidad? Quizá nunca lo sepamos.