Guanajuato enfrentará un momento delicado en los terrenos económico y político en 2012, con una clase gobernante disminuida, en buena medida porque numerosos funcionarios y alcaldes abandonan sus cargos en la recta final para buscar nuevas posiciones; pero también por el desmantelamiento a que se ha visto sometido el equipo de Juan Manuel Oliva.
Nueve de las dieciocho secretarías y coordinaciones de primer nivel en el gabinete legal olivista concluirán el sexenio con un titular distinto al que tomó posesión en septiembre de 2006.
Algunas de ellas, como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la de la Gestión Pública y Seguridad Pública, han tenido más de un cambio. En muchos casos, sobre todo a últimas fechas, la solución de continuidad ha venido de los niveles de subsecretario.
Una cuestión adicional que no deja de causar inestabilidad en la marcha del gobierno es el hecho de que por lo menos dos de los contendientes por la gubernatura en el Partido Acción nacional, formaron parte de la administración.
Como además se da una polarización entre ambos, Miguel Márquez Márquez y Gerardo Mosqueda Martínez, las tensiones propias de las campañas políticas, que se desenvuelven ya con gran dinamismo aunque no hayan sido convocadas formalmente, trascienden a los cuadros burocráticos.
Márquez es el delfín del régimen, el que puede garantizar la continuidad de cargos, sueldos y oportunidades. Resulta casi natural que la burocracia esté colgada, literalmente, de sus acciones y palabras, que se utilicen tiempos, funciones y presupuestos no tanto para apoyar al aspirante, como para hacerse visible ante él, para que sepa que se está “jalando” con él.
Mientras tanto, Mosqueda representa una especie de ángel caído: era el favorito del gobernador, el que hacía lo que quería en el gabinete, un verdadero jefe de staff que, al producirse la escisión, se llevó consigo pertrechos, hombres y secretos.
Su actuar en campaña también despierta nerviosismo en el equipo gobernante, porque sabe demasiadas cosas, por eso conserva posibilidades de tener una salida negociada, por eso juega con la posibilidad de ahondar aún más la ruptura, coqueteando con el acérrimo adversario: el doctor José Ángel Córdova, con cuya línea de ataque ha empezado a coincidir.
A ese conflicto se suma el de un gabinete que amenaza constantemente con desarticularse, donde los funcionarios que conservan prestigio y capacidad de respuesta, como el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa; o el secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, se manejan cada vez con mayor autonomía, como ha ocurrido en las recientes acciones policiales que han concluido en confrontaciones políticas con municipios de diverso signo partidista, incluyendo panistas, como en Celaya.
Junto a los eficientes, marchan un grupo de funcionarios que si bien no destacan por sus resultados, constituyen un núcleo duro altamente ideologizado dentro del gabinete, son los Guardianes del Santo Sepulcro, como los llamaba un ex gobernador de épocas no muy remotas: Alberto Diosdado, desde la SEG; Juan Carlos López, Coordinador de Políticas Públicas; Román Cifuentes, en la Secretaría Particular.
Al cuidado de la pureza ideológica del gobierno, estos funcionarios identificados ampliamente con el Yunque, han llegado a bloquear políticas públicas, a iniciar modificaciones legales, como la penalización del aborto sin excepciones, que ya provocó una serie crisis en el gobierno con las mujeres encarceladas por abortar que debieron ser liberadas bajo la presión de la opinión pública.
Y al lado de los proactivos y los ultras, marcha una línea de funcionarios que trata de cumplir con su deber sin meterse en mayores honduras, tratando de dar resultados sin jugarse el pellejo. No producen casos de alarma, pero tampoco darán mucho de que hablar.
Quedan, y parece que van aumentando, los secretarios y directores que no tienen el perfil para los cargos que ocupan y que sólo una coyuntura política los ha llevado a integrarse al gabinete. Antes de que terminen de aprender, estarán entregando.
Los casos más emblemáticos en esta línea son los nuevos secretarios de Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Obra Pública, Alejandra Reynoso, Gerardo Morales Moncada y Martín Malagón Ríos.
Así, dividido por las campañas, locales y nacionales; jalonado por las distintas velocidades que traen los secretarios de despacho; lastrados por las curvas de aprendizaje, el gobierno que encabeza Juan Manuel Oliva se apresta a vivir el más delicado momento de su gestión: el de los cierres de expedientes, la culminación de proyectos y la entrega del gobierno.
Quizá es a esa situación a la que debamos el creciente activismo del mandatario estatal en algunos proyectos que parecieran totalmente ajenos a la concentración del final del gobierno: la precampaña presidencial de Ernesto Cordero y la concreción de la visita del Papa Benedicto XVI.
Quizá Oliva sabe, mejor que nadie, lo necesitados que están él y su candidato de una intercesión divina para aclarar su futuro. Cada uno sabe donde le aprieta el zapato.
Botepronto
Liberado de sus obligaciones burocráticas, Genaro Carreño Muro empezará a dedicarse de tiempo competo a la precampaña por la candidatura al Congreso Federal en el VIII distrito, con cabecera en Salamanca.
Pero como a toda acción corresponde una reacción, la apertura de cartas del ex secretario de Obra Pública está propiciando un cambio de planes en el grupo contrario, el que se asocia con el alcalde Antonio Ramírez Vallejo y su antecesor, Ignacio Luna Becerra, actualmente director de Administración del Congreso estatal.
En realidad, el tema de fondo es el de ganar la postulación por el municipio, entre Justino Arriaga Rojas, apoyado su progenitor Justino Arriaga Silva y por Carreño; en contra de Rafael Torres, respaldado por Ramírez Vallejo y Luna Becerra.
Una postulación de Carreño por la federal con un contrincante interno de menor jerarquía, podría darle el triunfo municipal a Arriaga Rojas; al medirse dos ex alcaldes, que primero fueron aliados y terminaron crudamente confrontados, se empatan los cartones.
Entonces el juego se trasladará a los otros tres municipios del distrito VIII: Pueblo Nuevo, Juventino Rosas y Villagrán, donde la presencia de María del Refugio Durán, en el primero de ellos; y el del diputado Juan Antonio Acosta en el segundo, ambos del grupo de Fernando Torres Graciano, podría darle una amplia victoria al administrador de la Legislatura.
Ese es uno de los tantas partidas de ajedrez que se juegan en estos días entre el dividido panismo oficialista de Guanajuato.