Quizás la mayor suspicacia que deriva de la escuálida sanción pública asestada al secretario de Obra, Genaro Carreño, no es la que pregunta porqué a él, sino la que interroga: porqué sólo a él.
Que se sepa, al político salmantino no se le está acusando de malversar fondos, de recibir prebendas a cambio de asignaciones de obra o de algún tipo de beneficio. Se le está señalando que violentó la normatividad al asignarse un contrato a la empresa Aryba sin que se hayan cubierto las bases de la convocatoria.
La obra en cuestión era un bulevar en Salamanca, con una estimación presupuestal de 32.5 millones de pesos, adjudicada en abril de 2009, según informó el secretario de la Gestión Pública, Luis Ernesto Ayala Torres. Pero, además, en la lectura del dictamen de auditoría, se reconoce explícitamente que no hubo “daño al erario”.
Todo el periplo de este asunto habla de una confrontación política al interior del gabinete de Juan Manuel Oliva Ramírez que parece tener muy poco que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, pero sí mucho con los posicionamientos panistas de cara al 2012.
Luis Ernesto Ayala no ha tenido empacho en comentar que recibe muchas quejas de la corrupción en Obra Pública, sobre todo la persistencia del famoso diezmo, es decir el pago del diez por ciento del monto de la obra como un soborno a funcionarios estatales.
Sin embargo, no podido encontrar en flagrancia a responsables de ese fenómeno, ni logrado una denuncia de los constructores, bien porque están a gusto con ese costo que recuperan de alguna otra manera, bien por el temor a recibir algún tipo de veto.
De manera que la sanción a Carreño y cuatro ex funcionarios de la dependencia, ha sido tomado como algo simbólico. El propio Ayala lo externó en alguna ocasión: “a Al Capone lo detuvieron por delitos fiscales, no por ser mafioso”.
Lo que ya no resultó congruente con ese espíritu fiscalizador fue el hecho de haber venido negociando la sanción al titular de Obra Pública en mesas donde estuvo el propio gobernador Juan Manuel Oliva, quien finalmente convenció a Carreño que aceptara los quince días de suspensión y que no se inconformara, salvando con ello sus derechos políticos.
La negociación al parecer también logró que la inhabilitación del secretario fuera considerablemente menor a las de sus subordinados, pues mientras al funcionario con la mayor responsabilidad se le castigó con los mínimos que marca la ley, a sus ex colaboradores se les aplicaron los máximos, mostrando que en la estructura gubernamental no todos son iguales ante las normas internas.
Pero, además, subsisten procesos de inconformidad de los cuatro ex funcionarios restantes, quienes al asignar la obra ocupaban la subsecretaría de administración, Juan Carlos Delgado Zárate; la subsecretaría de Construcción, Hugo Almaraz Moreno; la dirección de Infraestructura Vial, Jaime Ramírez Robles, y la dirección Jurídica, Adolfo Flores Ortega.
Al haber aceptado la sanción, mientras prosiguen litigios de sus ex colaboradores, probablemente Genaro Carreño esté contribuyendo a salvar un proceso empantanado, por lo menos en términos políticos, a costa de su propia credibilidad.
Pero las aristas extranormativas de este sainete no se agotan allí. Hasta ahora se ha visto muy poca velocidad del titular de la Gestión Pública para investigar, por ejemplo, el controvertido tema de la compra de los terrenos que iban a ser destinados a la nueva refinería, donde en aras de la velocidad y la eficiencia, el equipo del entonces secretario de Desarrollo Económico, Héctor López Santillana, rompió con la ortodoxia legal de las adquisiciones gubernamentales para hacerse de las más de 900 hectáreas.
Al día de hoy es imposible saber la cantidad de dinero que gastó el estado en esa aventura, los caminos que se siguieron y la posibilidad de daños al erario o de beneficios a particulares. Es un asunto que no tiene la menor comparación con los 32 millones de pesos de Aryba y donde también hay una impresión generalizada de malos manejos.
La imagen que queda al final, es que Luis Ernesto Ayala está utilizando el cargo de vigilante de la legalidad del gobierno para fortalecer su grupo político haciendo pagar los costos a quienes no pertenecen a él, como es el caso del salmantino Carreño.
Al final de este gobierno y en posesión de muchos secretos, el Grupo León, del que forman parte Ayala; López Santillana, ahora en Gobierno; Ramón Alfaro, de SDES; y el director del ISSEG, Miguel Ángel Salim, podrán poner sus condiciones para negociar en los mejores términos las posiciones que vienen.
Lo mejor de todo es que lo podrán hacer con cualquiera de los candidatos que sobreviva: con Miguel Márquez podrán ofrecer impunidad, con Ángel Córdova, los ajustes de cuentas. Quién los viera, tan modositos.
Botepronto
Otro que se encuentra apostando el todo por el todo ante el repliegue político del gobernador Juan Manuel Oliva, es el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, quien ha hecho un paréntesis de sus giras en busca de la candidatura al senado, para concentrarse en la lucha sucesoria de la Universidad de Guanajuato, cuyo desenlace es cuestión de días.
A Romero Hicks parece molestarle de sobremanera lo que lee como un intento de dejar un sucesor de parte de Arturo Lara López, en la persona de José Manuel Cabrera Sixto.
El también ex rector se olvida convenientemente de que durante largos años manejó las sucesiones universitarias a capricho, influyendo en la Junta Directiva: hizo ganar a Cuauhtémoc Ojeda frente al propio Lara en 1999, sólo para defenestrarlo en 2003 al llevarlo contra su voluntad a la Secretaría de Seguridad.
Impuso a Lara frente a su discípulo Sebastián Sanzberro, en una conspiración de la que formaban parte su mano derecha Jorge Romero Hidalgo y Eugenia Tenorio, provocando una fisura en el romerismo histórico, que a la postre produjo la salida del poderoso secretario de Planeación que fue Arturo Núñez del equipo de gobierno.
Al propio Arturo Lara le pospuso la reforma universitaria con la poco elegante táctica del tortuguismo, en el último tramo de su gobierno. Fue hasta la llegada de Oliva que se pudo procesar la transformación de la Casa de Estudios.
Hoy, Juan Carlos Romero está de regreso, jugando a dos manos ante un distraído Oliva, para tratar de revivir su imperio perdido.
Por una parte cultiva al gobernador para que le apoye en su intento de ser senador, aceptando incluso ir en segundo lugar de la fórmula después de Martha Martínez de Oliva; por la otra, a sus espaldas, intentará imponer a Luis Felipe Guerrero Agripino como su alfil en la Universidad.
El viejo profesor, que duda cabe, ha aprendido nuevas mañas.