Se llaman a engaño quienes piensan que el conflicto entre los panistas olivistas fue una simple finta y que todo estaba planeado, incluyendo la reconciliación de este fin de semana.
Juan Manuel Oliva resintió en serio el embate que lo marginó, además de una manera contundente, de la decisión sobre el nuevo dirigente estatal del PAN. El enojo lo llevó a posponer eventos como la inauguración del centro de distribución del ISSEG, de Miguel Salim, realizado por fin el viernes pasado.
La comunicación con Fernando Torres Graciano quedó suspendida; las comunicaciones, que deberían ser fluidas, con los alcaldes de Irapuato, Jorge Estrada; y Salamanca, Antonio Ramírez, fueron interrumpidas.
Los contactos con los integrantes del pacto de la Loma, sobre todo con Ricardo Sheffield, Mayra Enríquez y Luis Alberto Villarreal, se multiplicaron, a grado tal de que se vieron más entre ellos en las últimas semanas que en el año anterior, por ejemplo.
Sin embargo, a la vuelta de los días, el enojo fue cediendo y se impuso el razonamiento frío, sobre todo en el marco de los compromisos que el mandatario estatal ha venido asumiendo con el presidente Felipe Calderón y con su candidato a sucederlo, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
¿Cómo iba a responder Oliva a las promesas de decenas de miles de firmas de apoyo y de una participación decisiva en la contienda interna por parte de Guanajuato, si seguía distanciado de sus operadores políticos?
Ya la elección del nuevo consejo y la del dirigente estatal panista le habían mostrado que en la división de su grupo compacto, se llevó la peor parte. Una apuesta decisiva de sus antiguos operadores por otro precandidato, bien fuera Alonso Lujambio o Josefina Vázquez Mota, hubiera puesto el último remache sobre el ataúd político del gobernador saliente.
Hay que ubicar, además, el papel que jugó en todo este periplo el secretario de Desarrollo Social, Miguel Márquez Márquez, quien nunca dejó de buscarle la cara a Oliva, aún en sus momentos de mayor irritación.
A diferencia de otros miembros del grupo, Márquez nunca engañó a Oliva sobre la posibilidad de cambiar su voto de Gerardo Trujillo a Alejandra Reynoso, lo que le permitió mantener la interlocución y convertirse en el factor para propiciar el reencuentro, cuando el enojo amainó.
En ese sentido, el apoyo de Oliva a Márquez nunca estuvo en duda; lo que sí se vio afectado y probablemente aún no esté del todo resuelto, es la conformidad de Oliva con proyectos como el de la senaduría de Fernando Torres Graciano o la candidatura de Miguel Salim a la alcaldía de León.
Sin embargo, de momento, todos esos devaneos quedan supeditados a la prioridad de la campaña presidencial. Juan Manuel Oliva sabe que aún tiene proyectos decisivos que dependen del presidente Calderón y en los que la intervención del secretario de Hacienda resulta decisiva, aún cuando esté a punto de marcharse. Ofrecer los votos de Guanajuato y cumplir, será decisivo.
Para ello, son necesarios operadores como Márquez, Torres Graciano, Salim, Estrada y Ramírez Vallejo, ante los que nada tienen que hacer los Villarreal y los Sheffield.
De manera que podemos concluir que el enojo, en efecto, existió. También, que han sido razones prácticas las que forzaron la reconciliación de un pleito que se dio más por razones de vanidad del gobernador Oliva que por una verdadera disensión política.
Finalmente, podemos concluir que, con toda y las operaciones de cicatrización que se han visto en los últimos días, nada volverá a ser como antes.
Botepronto
Todo el capítulo primero del título segundo del libro cuarto del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Guanajuato, es una gran vacilada a estas alturas.
Las disposiciones aprobadas por el legislador para definir y normar una precampaña política, se encuentran al día de hoy convertidas en añicos por las ambiciones, la desmesura y el protagonismo de diversos actores políticos de los dos principales partidos de Guanajuato.
Vivimos la precampaña más larga de la historia de Guanajuato. Lleva un año y se prolongará seis meses más, con gasto de recursos, propaganda sin control, presencia en medios de comunicación y presión sobre los partidos y los órganos electorales
Desde las folclóricas bardas de Leonardo Solórzano y Francisco Arroyo, pasando pos los multitudinarios desayunos y comidas de Miguel Márquez y José Ángel Córdova, hasta el mas modesto proselitismo personal de Gerardo Mosqueda, Ricardo Torres Origel y Miguel Ángel Chico, todo hace que la ley electoral de Guanajuato sea letra muerta.
Los aspirantes a gobernar Guanajuato no están mostrando que no les importa la ley con tal de conseguir sus fines. El gran pretexto es que si lo hace el de enfrente, ellos porqué no.
Carentes de civismo y de civilidad, nuestros políticos son, de acuerdo a su comportamiento, un pésimo ejemplo del que echar mano para proponer valores en la sociedad.
Los gobernantes que mañana nos pedirán dar el esfuerzo extra para crecer como sociedad, llegan mostrando que son sus peores defectos los que les servirán para encaramarse en el poder.
Es la mejor manera de seguir en la ruta del país fallido en el que estamos por convertirnos.