Se sabía ya que la lucha contra la descomposición que ha invadido el país en materia de delincuencia organizada, así como su infiltración en los cuerpos policiales e instituciones gubernamentales, es una asignatura sumamente compleja.
Así se ve en estos días en Guanajuato. Las dificultades inherentes al problema mismo: la detección de complicidades entre bandas delictivas y elementos de seguridad; la realización de evaluaciones para controlar la confianza; la depuración de los cuerpos de seguridad, incluyendo el fincamiento de responsabilidades, todo eso se ve complicado por la política.
Ya por lo pronto, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre; y el secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, se han enzarzado en disputas públicas con los dirigentes del PRI y del PRD, José Luis González Uribe y Miguel Alonso Raya; además de con los alcaldes pertenecientes a ambos partidos.
Ilegalidad y falta de coordinación, son las principales deficiencias que la oposición observa en la actuación del estado, la cual ha sido respaldada por autoridades federales. No hay flagrancia ni averiguaciones previas, dicen ambos líderes, sino que se detiene para investigar.
Por otra parte, la queja se profundiza por la falta de aviso a las autoridades municipales cuyas policías han sido intervenidas, pues los alcaldes sólo se han enterado de los hechos ya consumados.
La respuesta del gobierno, también fue política: los operativos responden a reclamos sociales, se ha respetado el marco legal y no se puede utilizar la autonomía municipal como un escudo protector frente a la delincuencia. Por si algo faltara, los alcaldes del corredor industrial, salvo la celayense Rubí Laura López, avalaron la realización de acciones en sus municipios cuando sea necesario.
Toda esa polémica, sin embargo, quedó superada cuando un juez sustituto en Valle de Santiago, Ernesto Aguilera Razo, tomó la decisión de liberar a 26 policías detenidos en los municipios de Jerecuaro y Coroneo, los cuales le había sido puestos a disposición por el juez del quinto distrito federal para que calificara su consignación.
Hay que decir que se trata de un juez inexperto. Apenas en noviembre del 2009, hace 18 meses, fue designado como juez menor mixto interino en Valle de Santiago, un municipio gobernado por el político más influyente del PRD en el estado, el empresario Fernando Arredondo Franco.
La decisión del juez Aguilera Razo se produjo un sábado. De la misma no enteró a la presidenta del Tribunal, Raquel Barajas Monjarás, quien ayer valoraba la posibilidad de dar una declaración pública este lunes. Tampoco notificó al Ministerio Público ni al juez federal con el que debía coordinar su trabajo.
Fueron los funcionarios responsables del Cereso Mil, en el mismo Valle de Santiago, los que dieron parte a la PGJE de la liberación de los detenidos, en un caso que recuerda a la espectacular fuga del comandante Jaime Serrano Sixtos de la cárcel municipal de Celaya, liberado por un juez calificador cuando se cernían sobre él las sospechas, corroboradas a la postre, de proteger a una banda especializada en secuestros.
Así que las complicaciones políticas que surgieron la semana pasada podrían no ser mas que chiquilladas comparadas con las nuevas dificultades surgidas con el sabadazo de Valle de Santiago, para las intenciones de avanzar la pretensión de limpiar las policías municipales contra una infiltración criminal que, con todo lo grave que pudiera ser, aún dista mucho de alcanzar los niveles de otras entidades.
Si lo que se pretendía era ganar puntos políticos con una cierta facilidad, aprovechando el reclamo social por mayor seguridad, eso ya no podrá ser.
En cambio, si lo que en verdad se quiere es anticipar en Guanajuato el crecimiento de una actividad delincuencial que ya tiene postrados a otros estados, la tarea no tiene porque ser abandonada, aunque será necesario extremar los acuerdos previos no sólo entre el Estado y la oposición, sino al interior mismo de los tres Poderes de Gobierno.
No es fácil, tampoco hay porque hacerlo aparecer así. Sin embargo, con todo y posibles fallos, omisiones o tropiezos momentáneos, la tarea debe continuar. Más nos vale a todos.
Botepronto
La secretaría general del PRI, Yulma Rocha, fue la única mujer que pidió la palabra para hacerle una pregunta al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en su presentación en León la semana pasada.
Pareciera, sin embargo, que sólo fue mera cortesía, pues aunque le pidió consejo de cómo incentivar la participación de la sociedad en la política, la demostración que dio este domingo en la elección del comité municipal de su natal Irapuato fue palmaria.
Detrás de la joven Arcelia González, hija del histórico José Aben Amar González Herrera, estuvo la mano de la secretaria del PRI estatal, tejiendo amarres y consolidando el arribo de una dirigencia fresca y alejada de las cerradas pugnas que ensuciaron el primer intento de renovación, hace algunos meses.
Con este resultado, Yulma Rocha se consolida como una de las fortalezas de la dirigencia que encabeza José Luis González Uribe, más allá de las grillas baratas que quieren vulnerarla identificándola con algunas de las posiciones en pugna hacia la candidatura estatal.