Apenas se movió un poco el coordinador del Congreso local y postulante a ocupar la presidencia del PAN de Guanajuato, presionado por el activismo de quien se ostenta como su contrincante, quedó en evidencia que la contienda está resuelta.
Casi displicentemente, moviendo una parte de los resortes, Gerardo Trujillo, y detrás de él Fernando Torres Graciano, reunieron a cuarenta y dos integrantes del Consejo Estatal de su partido, que son en total ochenta y nueve, lo que representa poco menos del cincuenta por ciento del total.
Sin embargo, lo notable no es el contraste con Alejandra Reynoso, la candidata del sector más conservador del partido, cuyo intenso activismo soportado por funcionarios del gabinete como Román Cifuentes y Alberto Diosdado no ha logrado reunir a más de una veintena de consejeros.
La diferencia entre ambas precampañas, pues ninguno de los dos se ha registrado todavía, es la calidad de los asistentes. Mientras con Reynoso sólo aparecen integrantes del Yunque duro, que son los menos pues lograron pocos puestos en el consejo, y algunos alcaldes y funcionarios obedientes a Cifuentes, en la convocatoria de Trujillo el carácter fue eminentemente plural.
Ahí estaba, por ejemplo, la secretaria del Ayuntamiento de León, Mayra Enríquez, militante en la disidencia del panismo tradicional y, para más señas, cuñada de Román Cifuentes; pero también asistió, por otra parte, el ex alcalde de Celaya, José Rivera Carranza, fiel partidario de Gerardo Mosqueda.
En esa apertura, a corrientes de todos los extremos, radica la novedad de la candidatura de Trujillo quien, de dársele las cosas como se dibujan en este momento, vendría a ser el primer dirigente estatal panista no originario de la ciudad de León en décadas.
En la línea que conforman Alfredo Ling, Juan Manuel Oliva, Gerardo de los Cobos y Fernando Torres Graciano, la llegada del diputado capitalino al puente de mando del partido político mayoritario de Guanajuato, podría representar un parteaguas.
No faltan los señalamientos contra Trujillo tachándolo de hombre de paja que estará al servicio de los intereses de Torres Graciano. Sin embargo, habría que recordar los inicios de la gestión de Torres Graciano, cuando Gerardo de los Cobos, más por paternalismo y disfuncionalidad personal que por ansias de poder, se quiso convertir en el tutor político de su sucesor, lo que no prosperó.
Esta vez, Torres Graciano parece plenamente consciente de que no podrá ejercer ninguna función extra estatutaria en el nuevo escenario panista. La única posibilidad de que el PAN abordé con posibilidades de éxito el delicado tránsito de la elección de su candidato a gobernador, pasa necesariamente por el afianzamiento de la nueva dirigencia, sin sombra de duda.
Incluso si su intención es aspirar al Senado a través de una de las dos candidaturas de la fórmula que contenderá en la elección del 2012, Fernando Torres debe tener claro que su mejor batalla ya la ha dado y que lo único que sigue es retirarse a sus cuarteles de invierno.
En todo caso, el arribo de Gerardo Trujillo a la presidencia panista garantiza a liderazgos como el de Juan Manuel Oliva y el resto de los precandidatos, la continuidad de una línea política que hasta ahora les ha dado resultados envidiables, a juzgar por sus números en las elecciones en por lo menos tres lustros.
Ante ese acumulado de circunstancias es que se entiende lo que ya es una decisión tomada, por más que subsistan algunos pataleos: la definición del consejo panista de manera abrumadora a favor del actual coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado. Es sólo cosa de tiempo.
Botepronto
Mientras el gobierno de Juan Manuel Oliva está embarcado en el proyecto de limpiar las policías de la franja fronteriza con Michoacán, en operativos donde concurren elementos policiacos estatales y federales a los que también se les pasa la mano, quien brilla por su ausencia es el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, el priista Miguel Ángel Chico Herrera.
Apenas con unas tibias declaraciones para sumarse, y sin una iniciativa para que la comisión sesione y aborde el tema de manera profunda, Chico está pagando las consecuencias de haber solicitado y recibido favores del procurador Carlos Zamarripa en su litigio contra su rival político al interior del PRI: Alejandro Arias.
Por lo menos Miguel Alonso protestó cuando fue intervenido el municipio perredista de Acámbaro. ¿Dirá algo Chico ahora que la limpia se centra en las alcaldías priistas de Moroleón y Uriangato?
Probablemente aplaudirá. Es lo que mejor le sale.