En ciertos temas, Miguel Márquez parece ser un hombre que se piensa mucho las cosas. Porque hay otras ocasiones  en que la premura lo obsesiona, como cuando se trata de megaproyectos que implican cuantiosos desembolsos.

No se entiende como, en medio de la urgencia de operadores políticas que le aqueja, se ha tardado cuatro meses en resolver el nombramiento de la subsecretaría de gobierno encargada de los servicios a la comunidad.

El hombre parece el adecuado para reforzar la titubeante gestión de un secretario de Gobierno que no ha acabado de mostrarse con el talante político necesario para el cargo.

Sin duda que Antonio Salvador García López tiene en su favor la plena confianza de Miguel Márquez. Con lo que no cuenta es con la pericia y el entrenamiento.

Por eso necesita segundas manos, por eso es complicado entender la tardanza de Márquez en proporcionárselas.

Sin embargo, lo que no parece lo más conveniente es el puesto.

Arturo Navarro, un experimentado ex secretario general del Congreso, donde lidió con éxito y reconocimiento de todas las bancadas con un cargo complicado; un aplicado operador panista que se manejó con discreción y eficacia en la secretaría general del partido, precisamente durante los procesos internos y constitucionales de la pasada elección, tendría mejor futuro en la otra subsecretaría, la de Vinculación y Desarrollo Político, donde vegeta desde hace años Tomás López.

Desperdiciar a Navarro lidiando con registros civiles y registros públicos, con notarías y tenencia de la tierra, puede ser otro error.

Sin embargo, todo indica que en este gobierno más que los perfiles y los diagnósticos, importan las corazonadas.

Así, a una decisión pospuesta sin necesidad, le seguirá una equivocación táctica. Es la marca de la casa.

No es para menos. La hazaña de haber derrotado al PAN después de una racha de 24 años de victorias, lo que significó recuperar para el PRI una de las plazas más emblemáticas de la derecha en México, sería suficiente para catapultarla como valor político en ascenso.

Si embargo, ese logro es de los que se van mellando con el tiempo, sobre todo si no se asume la responsabilidad de hacer un gobierno consecuente con los deseos de cambio manifestados por el electorado.

Hasta ahora, la mayor ausencia en torno a todo lo que se mueve en el fenómeno Bárbara, es precisamente la de la planeación ordenada. Como si la victoria hubiera sido una sorpresa para el propio equipo, a ocho meses de haber tomado posesión se han dejado pasar oportunidades preciosas para afianzar una propuesta sólida de cambio.

En materia de organización interna, de seguridad pública, de planeación, de obra pública, no hay una mejoría notoria. Los funcionarios propuestos para cada uno de esos cargos no significan una posibilidad de cambio, muchos de ellos podrían haber colaborado de igual manera con administraciones panistas.

El PRI que regresó al gobierno de León no muestra ser mejor que el PAN al que expulsó y no porque este fuera solvente  y eficiente, sino más bien porque se aprecia la misma incompetencia que hartó a los ciudadanos y los hizo inclinarse por un cambio en julio pasado.

Pero como gobernar bien es realmente difícil y laborioso, la táctica adoptada por la alcaldesa Bárbara Botello para mantenerse presente en el ánimo de la opinión pública, ha ido por el lado de cultivar su imagen, es decir, por el lado de la vanidad.

No de otra cosa pareció tratarse la cumbre de presidentes municipales que se realizó en León a un costo superior a los 10 millones de pesos, la semana que pasó. La alcaldesa logró encontrar patrocinios de parte de Miguel Márquez y una dependencia federal como Banobras, para repartir el costo de la reunión. Sin embargo, el triunfo fue sólo de ella.

Las portadas de los diarios locales y sus suplementos especiales destacaron a la alcaldesa, gracias a las generosas páginas de publicidad comprada por el municipio, algo que incluso podría incurrir en una violación a las normas que regulan la publicidad gubernamental. Todo por la vanidad.

La Federación Nacional de Municipios de México, agrupación identificada con el PRI, le otorgó su presidencia por un año y fue la oradora que abrió la plenaria inaugural, aunque su discurso haya quedado rápidamente en el olvido salvo por el comercial de los zapatos leoneses. otra vez, poca política, pero mucha vanidad.

Sin embargo, todos esos logros conseguidos a un alto costo para las finanzas municipales, no lograron ser capitalizados con una presencia política fuerte, que utilizara el manejo de imagen sólo como plataforma para afianzarse con propuestas políticas serias, imaginativas y oportunas. Ese es el problema cuando lo que se privilegia es, sí, la vanidad.

Al igual que en el caso de la victoria electoral de julio, el logro de haber protagonizado la anfitrionía de una reunión de importancia nacional y, además, cobijada por el presidente Enrique Peña Nieto, parece diluirse con demasiada facilidad, por lo cual habrá que esperar un nuevo golpe de imagen, de lucimiento y de vanidad en la carrera de la alcaldesa de León por los reflectores.

Pero no es todo, por si algo faltara, la priista Bárbara Botello, crecida políticamente como opositora contumaz, no parece entender los nuevos tiempos de México, donde el diálogo y el acuerdo político son más valorados que la confrontación hostil, lo que la hace incurrir en innecesarias descortesías que la alejan de una imagen de política moderna.

En el caso de la organización del encuentro de  alcaldes fue necesaria a intervención de la Secretaría de Gobernación para reconducir lo que parecía ya un choque inminente entre la alcaldesa de León y el gobernador Miguel Márquez, por los recursos necesarios para la reunión. Finalmente el tema se resolvió cuando la reunión alcanzó tintes de plena pluralidad, lo que incluso incrementó su importancia y justificó plenamente la asistencia presidencial.

Sin embargo, apenas concluyó el arbitraje federal, la rijosidad local volvió a lucir, ahora con el tema de la paternidad de la nueva clínica del IMSS que construirá el gobierno federal en León.

En contra de los planes de Botello, el presidente Peña Nieto evitó cuidadosamente hacer el anuncio de la nueva clínica durante su breve gira por León. Hubiese sido una descortesía con el resto de los alcaldes, pero también con el gobernador Miguel Márquez.

Más tarde, antes de regresar a la ciudad de México, le confirmó a Márquez que se construirán dos nuevas instalaciones del IMSS, una en León y otra en Irapuato. También hizo el anuncio en una entrevista por radio concedida todavía en territorio estatal.

El anuncio fue reproducido por el gobernador un día después, tras participar en un panel de gobernadores en la cumbre municipalista. Confirmó el inminente inicio de la construcción de un nuevo hospital de 250 camas para León y otro para Irapuato, del que no especificó capacidad. Márquez aclaró que esos logros obedecían a gestiones conjuntas del estado y los actuales alcaldes, aunque omitió decir que son el seguimiento de gestiones iniciadas desde pasadas administraciones.

Sin embargo, Márquez no fue lejos por la respuesta de Bárbara Botello quien citó a una conferencia de prensa ex profeso para aclarar que la gestión del hospital del IMSS para León había sido suya y sólo suya. Incluso volvió a publicar desplegados en los periódicos para pelear el mérito a bayoneta calada, en lo que se dejó sentir como un innecesario despliegue de, otra vez, vanidad.

Esos son los detalles que parecen no dejar crecer a la alcaldesa. A sus innegables logros políticos, como su triunfo electoral o su decisión de traer eventos nacionales a León, con todo y su alto costo, no le sigue una actitud de grandeza política que deje en claro que está lista para nuevas responsabilidades. A Bárbara Botello nadie parece haberle dicho que lo que un político debe perseguir es la gloria y no la simple vanidad.

Hasta ahora a Bárbara Botello le ha sonreído la fortuna, de aquí en delante falta por ver de qué está hecha su virtud. Pues, como dijo el viejo Maquiavelo: “el príncipe que no se apoya más que en la fortuna cae según que ella varía.”

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@arnoldocuellaro

La quiebra de la tranquilidad pública en México, el asalto a su paz, ocurrió en las ciudades de México, en sus calles, en las carreteras que las unen.

Si bien la movilización del gobierno federal, de sus cuerpos de seguridad militares y civiles, buscó frenar, sin conseguirlo, el auge de la delincuencia, los efectos perversos de esta guerra no los padecieron tanto los combatientes como los civiles indefensos que poblaban los cambiantes e indefinidos frentes de batalla.

Los muertos, los desaparecidos, los levantados, los extorsionados, han sido y son habitantes de las ciudades, allí producían, se relacionaban y sufrieron las consecuencias de una alteración que si bien pudo tener raíces ajenas, terminó por alterar de manera definitiva su cotidianidad.

Ocurre igual que con las crisis económicas, donde si bien las causas puede ser no sólo nacionales sino globales, las afectaciones terminen cambiando la cara de las regiones, modificando sus actividades preponderantes y produciendo movimientos de población y reorientación de sus vocaciones.

Sin embargo, las regiones, los municipios, sus habitantes y sus autoridades son las menos tomadas en cuenta a la hora de plantear soluciones a los problemas. Así, además de padecer sus propias insuficiencias, que son muchas, deben de soportar las equivocaciones de otros niveles de responsabilidad política, como los gobiernos estatales y el gobierno federal.

Por todo ello, parece un paso no sólo necesario, sino urgente, que se vuelvan los ojos al nivel del gobierno municipal, como parece estar ocurriendo en estos días, a fin de hacerlo parte de la búsqueda de soluciones, ante un panorama cada vez más agotado en materia de imaginación.

Por lo pronto, ayer se anunció la incorporación en forma deliberativa de los alcaldes y gobernadores de los 14 estados con elecciones este año, dentro de las mesas de trabajo del Pacto por México, a fin de analizar las primeras propuestas de una posible reforma política.

Aunque pudiera parecer un acto de populismo, en primera instancia, a la larga no deberá ser así. Ningún cambio profundo podrá procesarse en México si se mantiene la línea autoritaria que el PRI convirtió en la naturaleza oculta de la vida política nacional.

Ni siquiera la alternancia panista pudo lidiar con eso. El autoritarismo, el dedazo, el culto presidencialista inocularon a los herederos de la vieja tradición civilista y democrática del viejo partido opositor.

¿Y del PRD qué decir? Los tránsfugas del priismo y sus partidos satélites invadieron a la vieja izquierda estalinista y la convirtieron solo en un recuerdo.

Aunque este partido ha reproducido y depurado algunos de los viejos métodos de control político, en su favor aún está la sensibilidad que han mostrado para conectar con la mayor concentración electoral del país, en el Distrito Federal, mostrando como una virtud de conexión puede equilibrar muchos otros defectos.

Esa es, precisamente, la virtud que durante mucho tiempo ostentó también el priismo. En una forma primitiva, pero al tiempo sabia, los políticos tradicionales reconocían una cadena de mando que vinculaba a diputados con gobernadores y a estos con el presidente, pero que establecía que los alcaldes “son del pueblo”.

Coincidentemente, este jueves 16 de mayo inicia en León, Guanajuato, la Conferencia Anual de Municipios 2013, a la que han sido convocados los tres organismos partidistas de alcaldes, vinculados cada uno de ellos a PRI, PAN y PRD. La agenda es ambiciosa e incluye como ponentes al presidente de la República, sus principales secretarios de estado, académicos nacionales y del extranjero y figuras mundiales de la política.

Inicialmente surgida como una reunión de la Federación Nacional de  Municipios de México, de corte priista, las pugnas entre la alcaldesa de ese partido en León, Bárbara Botello, y el gobernador panista Miguel Márquez, obligaron a una intervención conciliatoria de la Secretaría de Gobernación.

El resultado fue la elevación del evento a una Conferencia con carácter integrador que incluyó a las tres agrupaciones existentes en el país (Fenamm, priista; Anac, panista; y Aalmac, perredista), con lo que el evento ganó en representación y en expectativas. El cambio de rumbo fue posible, entre otras cosas, por el espacio de diálogo y de resoluciones en que se ha convertido la mesa rectora del Pacto por México.

El diálogo que se ha iniciado en el país, motivado por la clara necesidad política del presidente priista y los principales liderazgos opositores de superar el empantanamiento de los últimos años, que no ha dejado crecer a nadie y sí nos ha hundido en mayores problemas, está teniendo consecuencias inesperadas.

Así deben ser los procesos de confluencia política para ser productivos deben generar una dinámica que responda a las expectativas que se creen, pero también que se capaz de superar las crisis recurrentes y los obstáculos naturales.

Sumar a los encargados del mando político territorial, como son los alcaldes y los gobernadores, a mecanismos de deliberación, de búsqueda de acuerdos y de instrumentación resolutiva puede sonar complicado, pero parece la única vía para aterrizar una nueva cultura política que no se limita a la coexistencia sino que indaga por una verdadera búsqueda de soluciones.

Somos muchos quienes hemos temido que el regreso del PRI al poder presidencial pudiese significar un retroceso hacia el viejo autoritarismo para el que cualquier voz discordante era un simple estorbo.

Los últimos acontecimientos parecen mostrarnos que eso no es posible y que incluso ni siquiera los priistas lo desean, aunque muchas veces no saben comportarse de otra manera.

Como además no hay recetas y no tenemos muchos ejemplos en nuestro propio pasado de una cultura democrática, no habrá más remedio que inventar lo que queremos para el país de los próximos años, sabiendo que los regresos no son posibles y que los largos estancamientos son suicidas.

Para eso no parece quedar de otra que el diálogo constante y la construcción de acuerdos precarios y provisionales que en su mérito tienen la posibilidad de permitirnos recomponer rápidamente las equivocaciones, que son inevitables como ya se vio en Veracruz.

Y ese diálogo, para que refleje la complejidad del país y garantice la aplicabilidad de su acuerdos, debe ocurrir en todos los niveles. Esperemos, por el bien de lo que viene, que todos estén a la altura, más allá de la trinchera y del nivel de responsabilidad que ocupen.

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José Manuel Casanueva de Diego, quien se ha antepuesto una y otra vez al comité de adquisiciones del gobierno estatal que preside el veterano militante panista Ricardo Suárez Inda, salió a informar la decisión de declarar desierta, por segunda ocasión, la licitación más importante de la historia moderna de Guanajuato, no sin antes asegurar que lo más importante de todo para este gobierno es la transparencia.

Habría que recordarle al funcionario que la vocación de su dependencia por vivir en caja de cristal ocurrió hasta después de que saliera a la luz pública la primera licitación y la participación de empresas de dudosos antecedentes en materia de cumplimiento en otros estados del país.

Desde que empezó el escrutinio público sobre esta gigantesca contratación de servicios de proveeduría, almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos, el nerviosismo se apoderó de muchos de los funcionarios públicos involucrados.

La primera gran pregunta es:  ¿porqué se decidió una licitación de estas proporciones, si era logísticamente correcta y si era conveniente y viable casarse con un solo proveedor para todo el sistema, por dos años?

La convocatoria diseñada por el equipo de Casanueva ha sido uno de los principales impedimentos para que la licitación tenga un resultado feliz. La solicitud de un equipo de dispensación automático en todo el sistema no está explicada ni racionalizada. No se sabe si ese requisito encarecerá el servicio a costa del erario público, ni tampoco su nivel de eficiencia.

Ya el estado tuvo la experiencia de la automatización del Centro de Distribución del ISSEG, donde el carísimo robot alemán tardo casi medio año para calibrarse y empezar a funcionar con eficiencia, produciendo en ese lapso un grave desabasto en las farmacias de línea de la institución.

Quizá la mayor irresponsabilidad en la que puede incurrir este gobierno, por decisiones de alto nivel aún inexplicadas y que desde luego no fueron tomadas en la oficina del subsecretario Casanueva, es de la haber forzado la salida del ISSEG con un plazo perentorio, este 31 de mayo, del abasto de medicamentos al Seguro Popular, sin saber a ciencia cierta si la licitación podría funcionar.

Al día de hoy existe la firme sospecha de que las dos licitaciones se han declarado desiertas sobre todo por la vigilancia de los medios de comunicación la cual, de no haber existido, probablemente hubiera permitido la asignación desde el primer momento.

De manera que la transparencia, impuesta por los acontecimientos y aplaudida en el discurso, se ha convertido en el obstáculo para que los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Salud, resuelvan con rapidez y eficiencia la asignatura del suministro de medicamentos.

Ese es todo un tema: el escrutinio permanente y la rendición de cuentas meten en problemas a una vieja burocracia que sólo es medianamente eficiente en la opacidad. Ser transparente, a diferencia de lo que piensa este gobierno, no es una cuestión de voluntad, sino un asunto de método. Y en esa línea, no se observa ningún trabajo.

La segunda gran pregunta es: ¿pues qué estaban pensando hacer, que un poco de vigilancia les ha caído tan pesada?

Casanueva, que se ha visto frente a los medios más ocasiones en este mes que en todo el sexenio pasado, dijo hace unas semanas que se privatizaba el abasto de medicamentos “para evitar la corrupción”. Hoy, gracias a nuevas investigaciones publicadas en los medios, sabemos que también los privados cometen excesos, como ocurrió en el costo de los megáfonos. ¿Entonces en qué quedamos?

Lo que se aprecia, en este tortuoso proceso, donde pareciera que se quiere componer lo que no estaba descompuesto, es que no ha existido en Finanzas ni tampoco en Salud una planeación estratégica para resolver el problema del abasto, sino sólo una gran urgencia de sacarlo del ISSEG aprovechando el desprestigio mediático de la institución y colocarlo en la esfera de un privado que tampoco será garantía, como muestran los historiales de las diversas empresas participantes.

Y aunque teóricamente el gobierno está en disposición legal de asignar de manera directa, constituiría un verdadero escándalo sumar otros 4 mil 200 millones de pesos a los 2 mil 700 millones de Escudo, adjudicados por dedazo. Allí sí, Miguel Márquez rompería records.

En el tema de la megalicitación de medicamentos del Seguro Popular en Guanajuato, una sola cosa queda clara: lo que mal empieza, mal acaba.

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Héctor López Santillana ha ocupado el cargo que desempeña en la actualidad con tres gobernadores distintos: Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y el propio Márquez. Además, desempeñó la cartera de Secretario de Gobierno y, por si algo faltara, fue gobernador interino de Guanajuato durante medio año.

Sin embargo, quizá ese largo periplo burocrático no sea tan importante como las cuentas entregadas. A lo largo de los ocho años que ha sido responsable de la política de promoción industrial de Guanajuato, con sus intervalos, el posicionamiento como clúster automotriz se afianzó y la atracción de empresas creció exponencialmente.

Pocos funcionarios en el país en esta rama podrían presumir la cooptación de armadoras como Honda y Mazda, en Celaya y Salamanca, que incluso antes de abrir sus puertas ya han anunciado sendas ampliaciones.

Aunado a lo anterior, el corredor central de Guanajuato se ha visto favorecido por decenas de empresas proveedoras de la industria automotriz, lo que sin duda impactará no sólo en el desarrollo, sino también en la cultura industrial de los próximos años en la entidad.

No ha sido sólo el trabajo de López Santillana el que ha arrojado estos resultados, quien contó de manera decisiva con el entusiasmo del ex gobernador Juan Manuel Oliva, que arropó esta política. No menos importante fue el cabildeo experto de Juan Manuel Fernández, el caro pero eficiente asesor contratado por el gobierno en esta materia.

Es un trabajo que requiere alineación, algo que precisamente está faltando en la nueva etapa que vive López Santillana, una vez que descendió del pedestal de gobernador para regresar a su nivel de secretario de despacho en el gabinete de Miguel Márquez.

Para empezar, el nuevo gobernador empezó descreyendo de las bondades de atraer grandes inversiones extranjeras. En su discurso de campaña se hizo eco de las quejas de los empresarios locales que se quejan de la falta de apoyo como el que se ha otorgado a las grandes armadoras.

En verdad, el respaldo a la pequeña y mediana empresa local nunca ha estado al nivel de las inversiones multimillonarias requeridas por las empresas extranjeras. Sin embargo, deberían ser políticas que lejos de contraponerse se complementaran, lo que hasta ahora sigue sin pasar.

Sin embargo, quizá la principal desalineación entre Miguel Márquez y Héctor López provenga de un cierto celo por su carácter de ex gobernador, alentado por intrigas de otros miembros del gabinete y hasta por agentes externos cuya opinión tiene peso en el ánimo del mandatario.

Si a ello se agrega la campaña mediática que revive de tanto en tanto y que pretende responsabilizar a López Santillana de presuntas irregularidades en la adquisición de las más de 900 hectáreas adquiridas en los municipios de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas para la fallida refinería, se puede apreciar que este funcionario no se encuentra trabajando en las mismas condiciones que en el pasado, cuando tan buenos resultados ofreció.

Pareciera que la idea de devolver a López Santillana a Desarrollo Económico fue una imposición para Márquez, quien no termina de sentirse a gusto con ella y de paso desperdicia los probados talentos de este funcionario.

Los perfiles que Miguel Márquez eligió para buena parte de su gabinete, allí donde pudo operar con plena libertad, muestran a un gobernador que se siente más cómodo con la lealtad que con la eficacia. No hay que ir muy lejos para comprobarlo.

En el caso de López Santillana no sólo sería el celo personal, sino también el político lo que impediría una simbiosis productiva entre el gobernador y su secretario de Desarrollo Económico.

Y aunque la inercia del pasado reciente ayuda, la circunstancia de ese desajuste anímico hace prever que en los próximos años no se logre mantener el ritmo de crecimiento en inversión extranjera.

Contra lo que ocurre en otras latitudes del gabinete de Márquez, donde la fragilidad de los secretarios deriva de su incompetencia, en el caso de López Santillana lo que hace temer por su permanencia en la actual administración es más bien su envidiable palmarés. Vaya paradoja.

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@arnoldocuellaro

He llegado a disfrutar la Fiesta Brava, sin ser un conocedor ni un apasionado. También entiendo perfectamente la racionalidad de quienes se oponen al sufrimiento animal por espectáculo o placer de un público.

En su momento creí firmemente que era un exceso del PVEM tratar de prohibir desde la norma esta actividad en Guanajuato, que de por sí parece estar muriendo de muerte natural.

Hay muchas cosas de mayor urgencia para legislar que la persecución de una actividad que ciertamente tiene mucho de tradición; que representa un rubro económico significativo, aunque menor; y que dispone de argumentos sólidos y defensores inteligentes en su favor, aunque no sean los más.

Las cosas parecían ir dentro de un cauce. La fuerza del PVEM es insuficiente dentro del Congreso, sus aliados priistas no comulgaban con su agenda y el PAN parecía más ocupado en tratar de organizar el caos de arranque de su nuevo gobierno.

Sin embargo, la ruta natural para que la iniciativa verde fuese desechada, se topó con un obstáculo: la presencia de un diputado priista sin trayectoria política previa, vinculado al mundillo de los espectáculos musicales y taurinos y, sobre todo, carente del sentido del ridículo: Guillermo Romo Méndez.

Este legislador, que llegó a candidato por un rebote al rechazar ese lugar, como consolación, el pretendiente a la alcaldía Alejandro Vargas Martín del Campo, se vio beneficiado por el alza de votos priistas y el castigo al panismo que trajo consigo la coyuntura de julio de 2012, logrando la hazaña de ganar un distrito en León.

La iniciativa antitaurina reveló el protagonismo de Romo quien pareció encontrar por fin un tema afín en el árido mundo de cuentas públicas y decretos legislativos al que se enfrentó en el primer periodo de sesiones.

Su vocación por el espectáculo lo llevó a la tribuna vestido a la usanza andaluza; también organizó entrevistas con matadores en los pasillos del Congreso. Fueron días intensos para el novel diputado.

Cuando la propuesta de ley para erradicar las corridas de toros fue rechazada en comisiones, probablemente Romo sintió que se le hundía el mundo bajo los pies. Sus relaciones en el PRI ya eran tensas, después de los regaños sufridos por sus heterodoxas participaciones.

La nueva coyuntura para que este personaje saltara a la palestra pública la dio un tema de mucho mayor seriedad que los boicots antitaurinos: la decisión del PRI, instruida desde sus cuarteles nacionales, de buscar un enjuiciamiento público y político del ex gobernador Juan Manuel Oliva, actualmente convertido en operador del PAN en algunas de las elecciones estatales que se desarrollan en el país.

El PAN se vio en aprietos como nunca antes para deshacerse de la presión priista. El hecho de que el Congreso se encuentre dividido entre los 18 legisladores del PAN y 18 opositores, supuso un quebradero de cabeza que incluso orilló a suspender una sesión por el expediente de reventar el quórum.

La comisión para investigar a Oliva no prosperó, sobre todo a causa de las labores de cabildeo político del propio ex mandatario que logró convenir con el PRD a nivel nacional y bajarlo de la alianza opositora en Guanajuato.

La circunstancia, sin embargo, produjo otra reacción: logró el acercamiento del diputado Guillermo Romo con el gobierno de Miguel Márquez, particularmente con el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García.

La posibilidad de contar con un voto extra en futuras batallas legislativas, ante la precaria situación que vive el PAN, parece haber motivado una negociación de la que sólo se tienen informaciones a trasmano, pero puntualmente confirmadas por los hechos.

Romo y su cuadrilla se encargaron de difundir, desde hace varios días, que se había conseguido ya la aprobación del gobernador para declarar patrimonio cultural a la Fiesta Brava, como ha pasado en varias entidades.

El sábado el decreto salió a la luz. Justo a tiempo para que este domingo el diputado Guillermo Romo, convertido en empresario taurino, presidiera un festival en la Plaza de la Luz, dónde más, en León. Antes del inicio, resplandeciente, el héroe del momento para el mundo taurino de Guanajuato dio tres vueltas al ruedo en una calandria, como mandan los cánones.

Más allá de lo que pase con los toros como arte, negocio y cultura, algo que dependerá más de quienes tengan un interés en esa actividad, que de los caprichos de los políticos, lo que si ha quedado claro es que las decisiones políticas en Guanajuato parecen tomadas de un vodevil de muy pobre factura.

Por si algo faltara, este domingo el obispo de Celaya, Benjamín Castillo, un prelado que no se ha caracterizado ni por su tino ni por la profundidad de sus reflexiones, se lanzó literalmente al ruedo y reprochó a los defensores de los animales el que no se manifiesten en contra del aborto, confundiendo totalmente la gimnasia con la magnesia y sacando a colación un debate que nadie está planteando en Guanajuato en estos momentos.

Así, con un decreto producido al calor de una coyuntura política localizada, y en medio de una negociación política realizada en las cañerías, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, ha logrado algo que todo político sensato debería esforzarse en evitar: ahondar las diferencias en el seno de la comunidad a la que juró representar y servir sin distinciones, como si no hubiera ya suficientes problemas por atender.

No parece la mejor manera de defender “una tradición ancestral”. En cambio si parece una faena lamentable, en una tarde de esas para olvidar, en las que la arena queda sembrada de cojines.

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@arnoldocuellaro

Primero, se machaca un discurso moralista, emotivo y sin ninguna propuesta instrumental, sobre el compromiso de la nueva administración con a honestidad y la transparencia.

Para soportar el discurso se propicia el envío de varias iniciativas de ley, todas más o menos cosméticas, con medidas tan insustanciales como el cambio de nombre de la Secretaría de la Gestión Pública a Transparencia y Rendición de Cuentas.

Sin embargo, ante la evidencia de que el régimen carece de un compromiso serio con la moralización de la administración pública, se apuesta por las medidas pretendidamente espectaculares, como el cese de dos funcionarios integrantes de un comité de adquisiciones, ante la evidencia de que dicho comité asignó una compra a una empresa vetada por la Secretaría de la Gestión Pública en el pasado reciente.

El cese se opera mediante una orden fulminante del propio gobernador, quien ni siquiera se molesta en dar parte a su área de Transparencia, a la vez que deja indefensos a los señalados, quienes al parecer decidieron acatar el irregular procedimiento.

Ante otras derrotas, como la de la fracción panista del Congreso, que evita la integración de la comisión anticorrupción en contra de Juan Manuel Oliva, pero pierde el debate mediático con los priistas, se decide un control de daños utilizando las auditorias en contra de funcionarios del ISSEG, la SOP, Desarrollo Agropecuario y el Isapeg.

Al recibir un uso político, las sanciones a ex funcionarios, empezando con Miguel Salim y siguiendo con subsecretarios, directores, jefes de área y hasta empleados de esas dependencias, no dejaron contento a nadie, pues las sanciones les parecieron a unos insuficientes y a otros injustas y exageradas.

Ahora, Zona Franca ha difundido una denuncia que no obstante su carácter anónimo se encuentra perfectamente documentada. En ella se detalla una compra escandalosa, tanto así que ha indignado a los propios empleados estatales que la han hecho circular.

Unos aparatos de voceo electrónico cuyo costo, según el modelo especificado en la compra, alcanza un precio de mil 400 pesos al menudeo y hasta 950 pesos por volumen, fueron comprados por los ejecutivos de adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, en 3 mil 400 pesos cada uno, logrando un sobreprecio de más de un millón de pesos en la compra de casi 500 aparatos.

La maniobra, a todas luces irregular, fue realizada por funcionarios ascendidos en la administración de Miguel Márquez y de todas las confianzas del subsecretario José Manuel Casanueva, quien fue ratificado en su cargo tras haber servido los seis años de Juan Manuel Oliva en el mismo puesto.

Esta denuncia, hasta ahora, no ha merecido el tratamiento fast track que amerito la de Isapeg, lo cual desde luego puede ser bueno si lo que se trata es de llegar a fondo en la existencia de una posible red de corrupción que estaría en el lugar más delicado: la dirección de recursos materiales y servicios generales de Finanzas, precisamente la que ha centralizado las compras de todas las dependencias bajo el argumento de… acabar con la corrupción.

Por lo pronto, el siempre parsimonioso director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia, Rodrigo Sierra, quien es el único que da la cara ante la vocación de Isabel Tinoco por el silencio y la fuga permanente, ya anunció que se tomará 30 días para analizar el caso.

Por si algo faltara, ayer mismo la Secretaría de Gobierno que encabeza el desdibujado Antonio Salvador García López sale a aclarar que este funcionario no se había dado cuenta de que en la dependencia trabajaba su cuñado, Jesús Enrique Orozco Mora a quien al parecer le había dado trabajo Marco Antonio Rodríguez, subsecretario de  Trabajo, casi de forma clandestina, a juzgar por la aclaración. ¿Creerán que alguien se lo cree?

Así, entre respuestas casuísticas, ausencia de políticas, mensajes cruzados, arranques de histeria, versiones inverosímiles y calma burocrática, el régimen que encabeza Miguel Márquez deja en claro, por si alguien lo dudara, que sus batallas más gloriosas sólo existen en los discursos.

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@arnoldocuellaro

El artículo publicado aquí mismo por Adela Navarro Bello, Gobernadores bajo control, es altamente esclarecedor. La adenda del Pacto por México, motivada por las maniobras de mapachismo electoral en Veracruz, tiene un gran objetivo: el sometimiento de los gobernadores a un nuevo esquema de control, tras doce años de libertinaje.

Casi parecería un guión planeado. Los excesos de Javier Duarte, quien por cierto ha sido perdonado tras sacrificar a su tesorero, servirán de aquí en delante para que el poder de los gobernadores, de todos los partidos, se someta a las horcas caudinas de la observación pluripartidista del Pacto por México.

Los beneficios de esta recomposición se reparten proporcionalmente entre el presidente de la República, quien logrará la disciplina y el sometimiento de los 19 gobernadores priistas, más allá de promesas verbales; y los dirigentes panista y perredista, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, que harán lo propio con sus respectivos mandatarios .

Cualquier intento de los gobernadores de recurrir a maniobras para tratar de apoyar candidatos o perseguir la perpetuación de su grupo en el poder, como lo hicieron los priistas durante la presidencia panista, tendrá encima la observación permanente de la estructura suprainstitucional del Pacto.

El esquema podrá combatir de una manera por demás eficaz el grave peligro del regreso corporativo de un PRI empeorado por su regionalización, algo que incluso ha impedido el eficaz combate al crimen organizado.

Al final del día, Enrique Peña Nieto, al igual que en su momento lo hiciera Carlos Salinas de Gortari, debe centrar su apuesta política y electoral en la mejoría de la percepción sobre la situación general del país, permeada de forma principal en las clases medias, o lo que queda de ellas, como motor de arrastre de los segmentos bajos y altos de la población.

No será el mapachismo de los gobernadores, tan costoso y desgastante, sino la buena imagen presidencial, lo que pueda garantizar el incremento de la votación priista, en el mediano plazo. La vigilancia del pacto interpartidista vulnerará al PRI, pero también a las oposiciones.

En esa cancha emparejada por el cuidado mutuo de las  burocracias partidistas, ganará quien tenga a su servicio el mejor aparato de propaganda y de normalización de la opinión pública, algo en lo que sin duda el aparato presidencial supera con creces a los partidos.

El entramado no deja de mostrar una enorme decepción para quienes piensan que la autonomía de las regiones del país podría ser una aportación al avance democrático.

El fracaso de la autodeterminación que se pone en evidencia en el caso de Veracruz, donde ha sido imposible que el rejuego de las fuerzas locales logre espacios más democráticos, respeto a los derechos civiles y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Ha sido necesario el chantaje de los partidos políticos para lograr que el gobierno de Javier Duarte respete la ley y sanciones a quienes la violaron.

El mandatario ni siquiera puede reclamarle a Peña Nieto haberlo abandonado a sus detractores, pues ha quedado en claro que es Duarte quien ha puesto en riesgo la recuperación priista por su uso de métodos anticuados, delincuenciales y sancionados ya por la historia.

Puede ser que ni siquiera haya sido algo planeado, sin embargo, la historia está mostrando que los saltos atrás son costosos. Peña Nieto y los dirigentes partidistas, a querer o no, tendrán que poner en evidencia su compromiso con una práctica política menos atrabiliaria que aquellas que han tenido vigencia hasta ahora, en todos los partidos.

Sin embargo, el optimismo debe ser moderado. Algo que no acaba de ser enteramente satisfactorio es la ausencia de la sociedad civil en todo este entramado, salvo como espectadora. No han sido ciudadanos quienes han balconeado a los mapaches veracruzanos, sino espías profesionales a sueldo del PAN.

Pronto quisiéramos ver que protagonismos como el mostrado por los usuarios de las redes sociales en un tema como el del #ladyprofeco, pudieran mostrarse en asuntos tan sustanciales como el de la elección de autoridades a todos los niveles. Cuando eso ocurra no habrá mapaches que duren, ni partidos políticos que le saquen kilometraje a las denuncias de fraude.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

@arnoldocuellaro

Aprovechando la convocatoria anual para realizar reconocimientos al mérito universitario, los romeristas incrustados en la universidad, que ya han visto pasar sus mejores épocas, sobre todo en materia de privilegios, idearon la postulación del ex rector y actual senador de la República a un doctorado Honoris Causa.

Se aduce, entre los méritos de Romero Hicks, su participación decisiva en el logro de la autonomía universitaria a mediados de la década de los noventa del siglo pasado.

Sin duda, el papel del entonces rector fue sobresaliente en ese logro, al conjuntar las voluntades del gobernador panista, Carlos Medina; y del líder del Congreso priista, Carlos Chaurand Arzate. Sin embargo, se vio opacado cuando el propio Romero se convirtió en el principal beneficiario de la medida al ser reelecto como rector dos ocasiones más, lo que le permitió catapultarse a la candidatura a gobernador por el PAN.

Ya como jefe del Ejecutivo, Romero prácticamente hizo nugatoria en los hechos la autonomía que él mismo promovió, al intervenir decisivamente en dos sucesiones de la rectoría, a la vez que  imponía y vetaba funcionarios en las direcciones universitarias.

Como político, Romero probablemente nulificó su propio legado, algo  que debería ser tomado en cuenta antes de decidir un cargo honorífico en una época aún demasiado cercana al desempeño del ex mandatario, quien por lo demás ha vuelto a la política partidista en un cargo de elección.

Los méritos académicos tampoco rinden mucho. El hoy senador panista ha sido más un administrador universitario que un destacado investigador o un profesor emérito. Si bien ejerció un liderazgo en la máxima casa de estudios de Guanajuato y en diversas instituciones educativas, este fue más bien en base a sus aptitudes como político.

El desempeño de Romero Hicks en Conacyt fue constantemente impugnado por una parte de la comunidad científica del país. A la postre eso influyó para una prematura separación del cargo, antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón.

Quizá son esas las razones, además de otras que tienen que ver con la política interna universitaria en el actual momento,  que se pusieron en evidencia este lunes, cuando se discutió en los Consejos de los cuatro campus de la UG la decisión de proponer a Romero como candidato al doctorado Honoris Causa ante el Consejo General de la institución.

La propuesta ni siquiera fue considerada en el campus Irapuato – Salamanca. En León, el planteamiento se desechó por cuestiones de forma, con lo que el Consejo se ahorró una discusión. En tanto que en Guanajuato y Celaya, donde radican los mayores bastiones del romerismo, el punto se aprobó en medio de un gran debate y con votaciones divididas.

Esta sola circunstancia, de la de no gozar de unanimidad ni nada que se le parezca, debería ser considerada por el propio Romero Hicks para solicitar a sus promotores que depongan el intento de hacerlo doctor a bayoneta calada o exponerlo a un rechazo en el Consejo General.

En momentos en que las posturas políticas, la mayor parte de las veces sin causas sustentadas, dividen al país y a Guanajuato en polémicas tan encarnizadas como estériles, parece absolutamente innecesario que desde la esfera de la política se venga a propiciar una división en el seno de una comunidad académica, por lo que no parece nada más que un ejercicio de vanidad y de soberbia.

Tendrá mucho valor que, en unos años, cuando las pasiones se hayan sosegado y el ex rector no sea más un político en activo, una comunidad académica distante de las coyunturas  actuales le ofrezca un homenaje al artífice de su autonomía, en medio de una gran unanimidad.

Parafraseando al propio Juan Carlos Romero, tan afecto a las citas citables, quizá haya que recordarle que “lo doctor no quita… lo ansioso”.

O, también, que no por mucho madrugar amanece más temprano.

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El fallo se realizará el próximo 14 de mayo, Las dos empresas mencionadas realizaron la oferta más económica de las cuatro que se presentaron, al cotizar sobre una base de abasto mínimo un precio de 236.4 millones de pesos para medicamentos y 58 millones para material de curación.

Su competidor más cercano es Distribuidora de Medicamentos y Equipos Médicos, Dimesa, con una oferta más barata en medicamentos, 226.8 millones de pesos; pero más cara en material de curación, 72.5 millones de pesos, con lo que superan en conjunto a los primeros.

Sin embargo, esa no es la principal circunstancia que podría inclinar la balanza a favor de Lomedic – Daltem, pues la licitación incluye otro apartado: el requisito de un sistema automatizado para la dispensación de medicamentos con características muy específicas.

El sistema exigido debe, entre otras cosas:

-       Tener capacidad suficiente para operar con los productos que se manejen en las unidades médicas y hospitalarias afectas a esta licitación.

-       Que su funcionamiento sea constante y no deba detenerse durante las recargas de inventarios.

-       Que lean las recetas médicas, procedan a su suministro de manera automática y entreguen el medicamento al usuario.

-       Capacidad de almacenaje de al menos 10 mil unidades en su empaque primario, que pudieran dividirse hasta en 700 claves.

-       Velocidad mínima de dispensación de 800 unidades por hora.

-       Una unidad de reserva en caso de avería o mal funcionamiento del equipo automatizado.

-       Cargador automático de suministro de cajas; escáner automático de recetas electrónicas; unidad de identificación 3D de mercancías; almacenamiento de información estadística del movimiento de inventarios y lectura de recetas electrónicas sin importar que software la emita.

De acuerdo a información que se maneja entre los propios funcionarios de las casas farmacéuticas concursantes, la única empresa que dispone de un sistema para cumplir honestos requerimientos es, precisamente, Lomedic, quien incluso ha desarrollado y patentado un sistema como el que pide el Gobierno de Guanajuato.

Esta circunstancia tiene a varios de los participantes valorando la tesitura de inconformarse por los términos de la licitación, argumentando la existencia de condiciones inequitativas y que no tienen nada que ver con la prestación de un servicio profesional y competitivo.

No es, por otra parte, el único tema conflictivo en relación a Lomedic, como se puede constara en un reportaje publicado hoy mismo en Zona Franca.

La página Web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aún despliega en sus listas la constancia de que durante cuatro años la empresa Lomedic S. A. de C. V. Y su propietario, Carlos Lomelí Bolaños, estuvieron sometidos a una investigación en sus transacciones y propiedades en ese país, por presuntos vínculos con la organización delictiva de los hermanos.

El señalamiento directo  es sobre el desvío ilícito de sustancias precursoras de metanfetamina. La investigación y el señalamiento se mantuvo vigente desde octubre de 2008 hasta el pasado octubre, en 2012, cuando la empresa mencionada, que tiene su sede en Jalisco, es suprimida de las lista negra del Departamento de Estado norteamericano.

En Guanajuato, ante señalamientos sobre otras empresas cuyas mayores objeciones son incumplimientos con gobiernos y sistemas de salud, los funcionarios responsables de la licitación, concretamente el subsecretario de Administración José Manuel Casanueva, han dicho que se tomarán en cuenta los antecedentes de los concursantes.

Sin duda que un tema tan serio como la posibilidad de una actividad ilícita como la que se señala en los documentos oficiales del Tesoro estadounidense, ameritaría toda la atención de los responsables de asignar el contrato de compra más cuantioso de la historia reciente de Guanajuato.

En juego se encuentran muchas cosas: la imagen del gobierno de Miguel Márquez, quien por más que se ha propuesto inaugurar una época de transparencia en Guanajuato, batalla para convencer; el servicio puntual y eficaz a los tres millones 152 mil afiliados al Seguro Popular de Guanajuato; y, ahora, la necesidad de no comprar un problema mayúsculo e innecesario vinculado a una investigación judicial.

Tanto Márquez como Casanueva ha sido muy específicos en subrayar que la asignación en un solo contrato pretende evitar “corrupción” en el sistema de salud de Guanajuato.

Resulta interesante que ni la creación de órganos de fiscalización autónomos, ni la constante evolución, por lo menos de nombre, de la oficina de rendición de cuentas que depende del Poder Ejecutivo, sean suficientes para dar confianza a la labor fiscalizadora y al control de la corrupción.

Si la privatización resulta la solución a la incorregibilidad de los funcionarios públicos, entonces podríamos ir pensando en disolver el gobierno y encargárselo a algún corporativo, de acuerdo a la lógica de estos funcionarios.

Sin embargo, al reunir en un solo y multimillonario contrato las decenas o centenas de contratos dispersos que se prestaban a diversas corruptelas, lo único que se está haciendo es crear las condiciones para un negocio multimillonario donde las pequeñas exacciones den paso a una sola y jugosa comisión.

Hasta ahora no hay muchos elementos para pensar lo contrario, pues ni siquiera podemos saber si la compra bianual por cuatro mil millones de pesos significa un ahorro sustancial para el erario estatal, pues los datos del consumo en los años anteriores continúan celosamente guardados, justo como en el sexenio de Juan Manuel Oliva.

En este, como en otros temas, el gobierno de Márquez muestra que la voluntad de transparencia solo es un frase congelada en un discurso cada vez más ajeno y distante a la realidad del estado.

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