Miguel Márquez, como el resto de sus colegas, ha descendido sus niveles de aceptación entre sus gobernados más de 20 puntos en dos años: ¿hora de actuar o mal de muchos…?

Un estudio de opinión de una de las casas encuestadoras más serias del país, Consulta Mitofsky de Roy Campos, levantada justo en las fechas en que Miguel Márquez cumplía la mitad de su mandato, da a conocer una importante caída en la consideración en la que los guanajuatenses tienen a su gobernador.

La medición se realizo entre el 25 y el 27 de septiembre. El 26 de ese mes se completó el tercer año de gobierno de Márquez e inició la segunda parte de su mandato, la que verá la culminación de sus proyectos y la lucha por la sucesión, primero en su partido y luego en la arena constitucional.

Sin embargo, no son buenas noticias, aunque, desde luego, se puedan ver desde la proverbial óptica del vaso medio lleno o medio vacío.

La aceptación de Márquez en septiembre del 2013, a un año de haber tomado posesión, después del polémico contrato de Proyecto Escudo y cuando apenas despuntaba el empujón económico de las inversiones automotrices, era superlativa: casi 8 de cada 10 guanajuatenses se mostraban de acuerdo con su forma de gobernar.

En ese momento, la clase política aún no vivía el desprestigio que se concentró al año siguiente en episodios como del de los desaparecidos de Ayotzinapa y los escándalos inmobiliarios, lo cual afectó no solo al gobierno federal, sino a todos los partidos y sus representantes.

Quizá por ello, la aceptación promedio de los gobernadores superaba el 63 por ciento, cifra que Márquez rebasaba por más 14 puntos. Ese panorama idílico ha empezado a hacer agua, primero con los escándalos de corrupción y de impunidad; después, con la ausencia de los electores en las urnas; finalmente, con la incapacidad para impactar fenómenos como la inseguridad o la mala economía de las familias.

En general, la aceptación de los gobernadores ha descendido 20 puntos. En el promedio nacional, hoy el desacuerdo rebasa al acuerdo con la forma de ejercer el poder por casi 12 puntos.

En Guanajuato, el impacto general se ha dejado sentir y el gobernador panista Miguel Márquez perdió 22 puntos de aceptación; sin embargo, como esta era tan alta, aún conserva un saldo favorable con un 55 por ciento de acuerdo con su forma de gobernar por casi un 43 que disiente.

Las grandes preguntas son: ¿debe Miguel Márquez seguir durmiendo en sus laureles, como se lo aconseja la mayoría de los asesores a los que escucha? ¿Debe seguir confiando en su suerte el mandatario guanajuatense o debe empezar a trabajar para mantener el amplio margen de maniobra de que ha gozado hasta ahora?

Un político debiera trabajar bajo objetivos y haciendo caso a los indicadores que miden su desempeño, más que guiado por sus convicciones o prejuicios personales. No en balde trabaja con un capital invaluable que ni siquiera le pertenece: la confianza y las expectativas de los ciudadanos a los que representa, hayan votado o no por él.

En ese sentido, los 22 puntos de desplome en la coincidencia de sus gobernados con sus políticas, debieran obligar a una reflexión del mandatario, quien ha jugado en las semanas pasadas con la idea de hacer cambios en su gabinete, comenzando con una serie de tímidos movimientos en los niveles inferiores, la mayoría de ellos para hacer reacomodos partidistas.

Sería un error de consecuencias que el círculo de confianza de Márquez, un espacio verdaderamente estrecho, menosprecie datos como los que arroja la encuesta de Mitofsky para ensoberbecerse con las comparaciones en relación a otros gobernadores.

En un periodo de seis años para ejercer por única vez el gobierno de un estado, las voces de alerta no suelen dar segundas oportunidades. Todos los gobernadores han caído en la apreciación de los gobernados, es cierto. Pero cada uno de ellos lo ha hecho por razones distintas.

Sería bueno que el gobernador Márquez, que hasta hace no mucho era un político sensato y con los pies en la tierra, tomara lo que le corresponde. Bueno para él y bueno para todos.

Posdata

Este fin de semana se publicaron por lo menos media docena de columnas de opinión, en varios medios de comunicación de la entidad, para glosar pormenores, causas y consecuencias de los audios divulgados con escuchas telefónicas realizadas a la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez.

Algunas de ellos consideran que no hay noticia en el tema, postulando que los asuntos de los políticos, aunque impliquen decisiones del espacio público, no pocas de ellas polémicas, son privados.

Otras dan lecciones de periodismo y de moral y hablan de que hay una apología del delito, por ser ilegales las escuchas telefónica que no son ordenadas por un juez.

No faltan los que quieren ver una cruzada antibarbarista en la que participan políticos, empresarios y comunicadores, que quisiera castigar el gran pecado de la hoy diputada federal de haber ganado la alcaldía de León.

Desde luego, todas las interpretaciones son respetables y serán los lectores de cada medio y la opinión pública los que decidan con qué de ello se quedan.

Lo que, definitivamente, no puede ser omitido es que la divulgación de esos materiales ha sido la noticia de la temporada y que muchos, incluidos los que discrepan, están hablando de ello. Ni modo.