Sin voluntad, solo para salir del paso, los compromisos anticorrupcion de un gobernante en funciones solo duran hasta que resultan incómodos. Los ejemplos sobran.

La historia, la de a de veras y no la del procurador Jesús Murillo Karam, no tiene vuelta atrás. Hace poco más de dos años, en Guanajuato, abrumado por las críticas a su partido derivadas del enorme desprestigio del gobernador saliente Juan Manuel Oliva, el nuevo mandatario, Miguel Márquez Márquez, decidió apostar fuerte por las medidas anticorrupción.

Antes de tomar posesión de su cargo, envío, a través de los diputados de su partido, una iniciativa de ley para cambiar el nombre y las funciones de la Secretaría de la Gestión Pública, a la que convirtió en la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, queriendo con ello simbolizar su compromiso.

El ganador de la elección de julio del año 2012 tenía, además, la urgente necesidad de generar una imagen de honestidad, puesto que unos años antes se había desempeñado como el titular de la misma secretaría a la que ahora cambiaba de nombre, lo que había motivado señalamientos en su contra en las campañas, como “encubridor” del gobernador Oliva.

Márquez quería deslindarse y en el discurso, el tema quedó posicionado. Para complementar la estrategia de posicionamiento, designó en la titularidad de la Secretaría de la Transparencia a una outsider del sistema político estatal, con cero vinculaciones con la política y con el PAN: la jefa de la oficina recaudadora del SAT en León, una funcionaria con fama de probidad y dureza: Isabel Tinoco Torres.

De haber continuado por esta línea, de haber investigado a fondo las abundantes irregularidades del exgobernador Oliva y otorgado poder a Isabel Tinoco para fortalecer la fiscalización y la sanción a las conductas irregulares, hoy Miguel Márquez podría presumir de haber sido un adelantado en el abordaje del gran tema que ha centrado la atención del país en los últimos meses: el combate a la generalizada corrupción de la clase política mexicana, más allá de los partidos.

Lamentablemente, para el propio Márquez pero también para la salud de la vida pública estatal, no ocurrió así. A los pocos meses de iniciado su gobierno, el mandatario se cansó del tema de la transparencia, sobre todo de que ahora los medios le exigieran en su propia administración apego a su discurso.

En una de sus primeras acciones públicas, autorizó un contrato por 2 mil 700 millones de pesos para la adquisición de un servicio tecnológico de vigilancia, en calidad de arrendamiento, para reforzar la seguridad en la entidad, amparado en una total opacidad. El contrato se adjudicó el último día hábil de diciembre del 2012 y se informó a la prensa ocho días después, casualmente un 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.

El beneficiario fue la empresa Seguritech, propiedad de Ariel Picker, empresario que en pocos años ha colocado sistemas de seguridad en más de 20 estados del país y que ahora incluso se encuentra participando en la licitación de una de las nuevas cadenas de televisión abierta, a través de otro de sus consorcios: Comunicación Segura, S. A. de C. V.

Cuando los legisladores del PRI y del PVEM exigieron aclaraciones e impulsaron la realización de una auditoría a la adjudicación del Programa Escudo, la mayoría panista en el Congreso, con el apoyo del PRD guanajuatense (que juega de la mano del PAN) y un diputado tránsfuga del PRI, lograron que se rechazara la imposición de sanciones a los funcionarios encargados de adjudicar el multimillonario contrato.

Cuando la flamante titular de la Secretaría de la Transparencia, trató de hacer su propia auditoría, fue frenada en seco por Miguel Márquez, cortándole las alas a la que se quería vender como una “dama de hierro” y dejándola convertida en una simple promotora de campañas cívicas para fomentar valores de honestidad… entre los ciudadanos.

A los pocos meses, el mismo Congreso de Guanajuato, con los mismos votos panistas y de los aliados, rechazaban la propuesta de investigar los últimos ejercicios presupuestales de Juan Manuel Oliva, confirmado las críticas que señalaban a Márquez como el perfecto guardián de su exjefe y promotor político.

Miguel Márquez ha decolorado a tal grado su inicial apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, que debió realizar un convenio con el CIDE, por alrededor de 12 millones de pesos, para recibir una evaluación y una posterior consultoría sobre esquemas de transparencia, los cuales han estado a cargo del académico Mauricio Merino, a fin de recuperar algo de la credibilidad extraviada.

El CIDE probablemente logre transparentar la rendición de cuentas del gobierno de Guanajuato, de 2014 en adelante Antes, en los dos primeros años de la administración, quedará enterrada la nebulosa operación de Proyecto Escudo, su contratación original y las condiciones bajo las cuales se pactó una renta anual de más de 600 millones de pesos.

Esta experiencia muestra lo que puede ocurrir con los recientes anuncios del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, designado por Enrique Peña Nieto y de su batería de medidas para combatir la corrupción.

Los anuncios espectaculares, máxime cuando están motivados por escándalos y presiones de la opinión pública, no necesariamente garantizan efectividad. En realidad, no parece haber nada más falso que las intenciones de enmienda de un político acorralado por la crítica y el descrédito.

Hoy, Miguel Márquez tiene relegada a un segundo término lo que en un principio parecía su prioridad: el combate a la corrupción y la garantía de transparencia en el ejercicio de la función pública y la aplicación de los recursos del erario.

Algo no muy diferente es lo que muy seguramente ocurrirá con los anuncios intempestivos de este 3 de febrero por parte de Enrique Peña Nieto. Baste ver el ánimo festivo de la designación de Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública, dependiente directo del presidente de la República y encargado por este de investigar su conducta en relación al posible conflicto de intereses.

En la misma ceremonia, el mandatario recalcó que nada hay de irregular en la compra de su casa, la de su cónyuge y su Secretario de Haciendo, en lo que parece una instrucción directa al investigador allí mismo investido. ¿Se atreverá el titular de una dependencia cuyo destino era la desaparición hasta hace unas semanas, a contradecir lo que Peña Nieto ha defendido en el tema de las casas? Difícilmente.

Al igual que aconteció en Guanajuato, con un gobierno panista, en la decisión del gobierno federal priista de indagar los escándalos con un amigo de la casa y un comité de expertos aún indefinido, no se ve más que una simple cortina de humo que tratará de ser solidificada mediante la grandilocuencia de la prensa oficialista, cada vez más extendida, aunque menos creída.

A final de cuentas es México y su clase política donde, como quedará inscrito en piedra, se piensa que la corrupción “es un asunto cultural”.

En toda esta incapacidad de comprensión se perfila una agravante: el que además de la incapacidad para convocar a cambios de profundidad a toda la nación, ahora se sume la amenaza de una debacle económica, que incluso podría reducir la aplicación de las políticas populistas que regalan desde despensas hasta televisores, con el consecuente debilitamiento de un régimen que no suma adeptos por convencimiento, pero que en adelante tampoco podrá hacerlo por soborno.

No son buenas noticias saber que se aproxima la tormenta y que al timón no hay nadie en quien se pueda confiar. Es para echarse a temblar.