Vaya con los políticos. En la ciudad de Salamanca se comenta a diversos niveles la decepción que ha significado como alcalde el joven Justino Arriaga Rojas, quien está superando con creces la mala impresion que en su momento dejó Justino Arriaga Silva, quien también enfrentó procesos de investigación por malos manejos en obra pública.

El problema de Justinito es que su margen de maniobra se acota porque sobre su fama carga la de su padre, quien planea como una sombra sobre su administración  y es reconocido como un influyente asesor e, incluso, operador.

La circunstancia histórica tampoco ayuda: Arriaga Silva contó con la complicidad del gobernador Juan Carlos Romero Hicks, con quien a  la postre emparentó políticamente, y que fue su principal rescatador al colocarlo en el gabinete estatal y extenderle su protección en tiempos en que el PAN controlaba todo en la entidad. Eso no pasará hoy.

La política de Guanajuato se encuentra más equilibrada, lo que hace más difícil que Justino Arriaga Rojas evite una investigación seria sobre sus decisiones de comprar un predio por encima de su valor comercial, evadir procedimientos legales, y luego de recomponer con sustitución de documentos y presiones a sus colaboradores.

Para empezar, al gobernador Miguel Márquez no le debe emocionar nada la posibilidad de correr un desgaste político y personal por defender a un alcalde que se enredó innecesariamente por su propia voluntad.

En segundo lugar, la actuación del grupo político al que pertenece Justino Arriaga, el de Luis Alberto Villarreal, también tendrá mucho que ver. En el momento actual Villarreal parece ser el principal responsable del retraso en la ratificación del mandato de Gerardo Trujillo en la dirección del PAN. La intención es la de reclamar mayores espacios en la composición del comité estatal.

En esa negociación, la suerte de Justino se convierte en una moneda de cambio. La débil posición del alcalde salmantino derivada de la cantidad de errores cometidos en la adquisición del predio del ex Contry Club, lo deja en manos del gobernador Miguel Márquez, máxime ahora que el caso ha llegado a la  fiscalìa anticorrupción que maneja Carlos Zamarripa.

Así, tal y como lo dice Justino Arriaga, su situación se ha convertido en un asunto político, pero no lo es entre PAN y PRI, entre PAN y otra fuerza político o entre PAN y ciudadanos. Es, definitivamente, entre PAN y PAN.

Hoy, los méritos de Justino al ser el único alcalde panista que logró hacer ganar a Gustavo Madero en su municipio, en un estado corderista, se han evaporado. En cambio, el alcalde salmantino se ha convertido en un lastre político para su padrino Villarreal y en una moneda de cambio para que el gobernador Márquez negocie mejores condiciones con el dirigente nacional panista.

Sin embargo, más allá de las intrigas en el blanquiazul, hay un innegable componente popular en el desprestigio en el que ha incurrido una administración que gozaba de una relativa aceptación hasta antes del asunto del C4.

Y no se trata solamente de los ciudadanos que han decidido llevar adelante el proceso de denuncia por los cauces legales, algo que contribuye a la salud de la vida pública del estado, sino de todos aquellos que han empezado a desconfiar de una administración que ha puesto en evidencia su priorización de fines particulares antes que el interés general.

Llama la atención que Justino Arriaga Rojas insista en que la situación es política, usando el término como si se tratara de algo espurio. Desde luego que resulta eminetemente político que un grupo de ciudadanos, del tamaño que sea, decida impugnar la mala actuación de un gobernante, aportando pruebas y acudiendo a las instancias previstas por la ley.

Esa es la esencia de la política, precisamente: la correspondencia entre los intereses generales y la capacidad de representación de los gobernantes. Revocar la confianza en un mandatario que traiciona a su pueblo es un acto de dignidad y de fortaleza cívica.

Hay que hacer notar el doble discurso de los gobernantes, de cualquier signo político: cuando quieren quedar bien con la sociedad ponderan y llaman al valor cívico y a la denuncia de cualquier tipo de irregularidad. Cuando son objeto de un señalamiento, de inmediato manejan el fantasma de «ataques políticos» y «búsqueda del desprestigio».

Más allá de contestar con evasivas, de escudarse en la retórica, de usar los recursos públicos para controlar las reacciones de los medios y de atacar a sus impugnadores, Justino tendría que hacer otras cosas. Por ejemplo: dejar en claro las razones por las que compró ese terreno; pedir disculpas por su actitud sibilina, impropia de un gobernante electo;  y justificar, a satisfacción de sus mandantes, los ciudadanos, por qué pagó ese precio.

Esa sería su mejor defensa y la que mostraría un respeto a sus gobernados y una madurez como político. Todo lo demás son trapacerías de esas que llenan la política de hoy y que no deben ser toleradas so riesgo de hundirnos aún más como sociedad.