Lo visto en los últimos meses revela con nitidez que la verdadera tragedia del Partido Acción Nacional no fue ganar la Presidencia de la República tras sesenta años de ser una oposición leal, demócrata y civilizada, para entregarlo en apenas dos sexenios al mismo PRI que fue su Némesis todos esos años de espera.
Lo que resultará verdaderamente patético, es que en su paso por el poder el PAN se convirtió en una réplica deforme (nunca segundas partes fueron buenas), del partido político al que identificaban con todos los males del país.
En 2014, el PAN se debate en alternativas que sólo parecen antagónicas en la superficie pero que en el fondo son lo mismo: el calderonismo y el maderismo sólo parecen querer el control de la dirigencia nacional para disputar la titularidad de la negociación con el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
Por ninguna parte asoma en el PAN el proyecto, así sea embrionario, de reconstruirse como oposición. Lo que prevalece es la disputa por quién será el Diego Fernández de Cevallos de la primera mitad del siglo XXI, el político que se constituye en la refacción opositora que permite la gobernabilidad, cobrada al mejor precio posible, pero que nunca se plantea la conquista del poder, ni por asomo.
Quizás la raíz de los males de Acción Nacional no se encuentre en esos hombres que apostaron a cogobernar desde la oposición mientras hacían jugosos negocios, auque nunca equiparables a los de sus socios priistas. Quizá el problema surgió cuando Vicente Fox rompió con el PAN de Fernández de Cevallos, perdedor casi voluntario de la elección de 1994, para plantearse un asalto al poder que no tenía más proyecto que el simple triunfo electoral.
Porque ese PAN que equilibraba al PRI, sobre todo en la etapa en que se perdió la mayoría absoluta tras el acotamiento del libertinaje electoral, sabía bien sus fortalezas y sus limitaciones. Sabía que no tenía la capacidad de gobernar, pero también que no disponía de los mecanismos para evitar la corrupción que genera el poder.
Los abogados que condujeron al PAN en esos años finales del siglo XX, antes de la irrupción del infantilismo foxista, hicieron negocios bajo mecanismos que gozaban todavía de un aura de respetabilidad. Los juicios contra el Estado en los que Fernández de Cevallos ganó auténticas fortunas se apoyaban en cabildeos políticos, pero también en una profunda sabiduría jurídica, reconocida desde todos los frentes políticos.
Hoy, tras los doce años que gobernaron el Poder Ejecutivo federal, en los que probaron las bondades de la corrupción a secas, sin arquitecturas jurídicas ni políticas, los panistas que se encuentran en la cúpula del partido, pero también quienes quieren arribar a ella, están inmersos en simples operaciones de saqueo, como los famosos “moches”, que no implican sapiencia alguna, sino sólo cinismo y prepotencia para chantajear alcaldes y gobernadores con la amenaza de cerrar la llave de los recursos extraordinarios.
Resulta inconcebible en un país que quiere arribar a la modernidad y codearse con los nuevos emporios globales, que sus finanzas se manejen como tienda de abarrotes y que la discrecionalidad sea la marca distintiva de los presupuestos públicos.
Constituye una vertiente absolutamente irregular, pero además propiciadora de la peor corrupción, el que sean instancias legislativas las que se conviertan en ventanillas ejecutivas para la asignación de presupuestos de inversión a municipios y estados, con un manejo abierto que no regula ley ni reglamento alguno.
Sin que haya necesidad de matizarlo mucho, esa operación no le pide nada a la que ha llevado a civiles a armarse para defenderse de los embates de la delincuencia en Michoacán.
En ambos casos asistimos a una quiebra del Estado como instancia organizadora de la sociedad: ¿a quién responden los autodefensas? ¿A quién responden el diputado Luis Alberto Villarreal, que decide presupuestos y exige comisiones como si el dinero público fuese de su propiedad?
En ambos casos, no responden ni a la ley ni a una instancia establecida por esta. Los civiles armados pretenden suplir a policías que se han aliado con el narcotráfico, ¿a quiénes buscan relevar los diputados convertidos en transitorios funcionarios de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes? ¿Acaso a una burocracia que ya no responde a las necesidades del país?
En cualquier país que se precie de una vida política organizada, regulada y sujeta a leyes, el tema debería ser de la más profunda investigación. Aquí no pasa nada. El tema no merece comentarios de los líderes de los partidos nacionales, de los presidentes de los Congresos ni del presidente de la República, en una actitud que por lo menos es sospechosa de negligencia, cuando no de complicidad.
¿Puede un país moderno crecer y buscar el desarrollo si una parte nada desdeñable de sus presupuestos anuales es decidida en negociaciones de cantina, donde impunemente se pide que las obras se encarezcan ¡hasta un 35 por ciento! Para poder producir comisiones estratosféricas?
No nos sorprendamos cuando después ocurre que las carreteras se derrumban al menor golpe de lluvias y las calles se llenan de baches al poco tiempo de construidas.
Las fuerzas políticas del país pudieron ponerse de acuerdo para procesar grandes reformas que modificaron la Constitución y transformarán el régimen legal que hemos vivido hasta ahora, en buena medida bajo dictados del entorno internacional, peor no se muestran capaces de acordar medidas mínimas para atender la quiebra del estado de derecho en Michoacán o la eclosión de una corrupción organizada en el Poder donde se hicieron esas reformas.
Esa es la situación que no permite ningún optimismo en el futuro país que surgirá de las reformas apresuradas del 2013. No hay cambio legal que valga cuando los encargados de hacer la ley y de aplicarla muestran la inmoralidad y el cinismo que hoy se deja ver en la clase política de todos los partidos.
Contra lo que venden los mensajes gubernamentales, las reformas no modernizarán nada, mientras los políticos permanezcan en un atraso que recuerda los peores momentos del siglos XIX mexicano: el país, su riqueza, sus habitantes y su futuro no son más que monedas de cambio como lo fue el territorio del norte de la República para Santa Anna.