Ante la presión de organizaciones no gubernamentales, de redes sociales y de sectores de la opinión pública, las autoridades panistas de Guanajuato, en este y del anterior sexenio, han venido cediendo a regañadientes para aceptar algunos avances legislativos en materia de equidad de género, de combate a la violencia contra las mujeres y de atención a víctimas.
Sin embargo, la victoria es pírrica. Los cambios normativos tienen escaso impacto en la realidad. La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sigue siendo una gran declaración de principios a la que poco le falta para ser letra muerta.
Comisiones interminables, grandes mesas cubiertas de fieltro, discursos que pretenden insertar conceptos modernos en una retórica decimonónica, funcionarios y funcionarias políticamente sensibilizados por sus asesores, peor absolutamente carentes de convicción, eso es lo que nos ha dejado el allanamiento de la clase gobernante a las exigencia de una nueva cultura de equidad.
Sin embargo, no vemos prácticamente ni una sola política transversal, ni siquiera en los lugares donde eso sería imprescindible, como en las oficinas del ministerio público especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
A diferencias de otras áreas de la lucha contra el delito y la procuración de justicia, las que están destinadas a atender a las víctimas de la violencia machista, no reciben ni la atención, ni los recursos, mucho menos la capacitación que se otorga a las fuerzas de reacción táctica o a los sofisticados equipos de monitoreo y vigilancia en tiempo real.
El caso de María Luz Salcedo Palacios, la joven guanajuatense que fue asaltada brutalmente por un joven ligeramente mayor hace una semana, tras de lo cual todavía no se emite una orden de aprehension y apenas surgió una orden de restricción para evitar que se le acerque su agresor, es una prueba viviente de la ausencia de criterios de protección a víctimas y de políticas transversales contra la violencia de género.
Las instituciones no aparecen cuando un ciudadano concreto las necesita. Se inventan ministerios públicos móviles para levantar denuncias en “un minuto”, según especificó el propio gobernador, pero después de eso no pasa nada.
María Luz está siendo amenazada por los familiares de su victimario, quien se ha escondido y posiblemente haya huido con la semana de ventaja que le ha dado una autoridad ministerial que ya no parece lenta, sino omisa.
¿Dónde está el Instituto de la Mujer Guanajuatense, aparatosamente atrincherado en sus foros de cara escenografía, donde no surge una sola política pública real?
¿Dónde está el DIF y su ubicua campaña de defensa de los valores? ¿Acaso nos pedirán aplicar la benedicencia al agresor de Lucero?
¿Y dónde está la Procuraduría de los Derechos Humanos, que mientras investiga si la Procuraduría tipificó mal el delito de varias decenas de mujeres asesinadas en los meses pasados, parece dejar de lado a las mujeres que siguen vivas, pese a una violencia de claras intenciones feminicidas?
¿Nos dirá el gobernador Miguel Márquez, acaso, que cuando esté funcionando el Proyecto Escudo estas situaciones serán historia?
¿Porqué ninguno de los representantes en altos cargos públicos se apersona a emitir un mensaje de repudio a la violencia?
Ya vimos, por ejemplo, como una investigación de la dirección del DIF en San Luis de la Paz que descubrió el uso de una computadora oficial por parte de un funcionario del DIF estatal para el consumo de pornografía, solo ha ameritado excusas y justificaciones de parte de sus superiores e incluso la afirmación de que “se trata de dichos de una persona contra otra”.
¿Ese es el mensaje de valores que quiere transmitir esta administración? ¿Así quieren defender a la familia tradicional, escurriendo el bulto, arrojando la basura debajo de la alfombra?
Muy mal están las cosas cuando la incongruencia ya ni siquiera es entre los discursos y los hechos, sino cuando entre las mismas palabras que se dicen uun día y otro también, afloran las contradicciones.