Arnoldo Cuellar

¿Contralor o justificador?

In Análisis Político, Zona Franca on enero 30, 2012 at 3:20 am

Juan Manuel Oliva debe empezar a preocuparse en serio por la suerte que podría correr su imagen histórica y su fama pública cuando concluya su sexenio, sobre todo gracias a la virtual indefensión en la que lo han dejado los funcionarios que supuestamente deberían estar resguardando su legado.

La Secretaría de la Gestión Pública ha tratado de convertirse en una entidad proactiva encaminada a modernizar las prácticas administrativas en el gobierno y combatir la corrupción con esquemas preventivos, por lo visto con poco éxito. Sin embargo, también forma parte de su responsabilidad la sanción de conductas indebidas cuando estas ocurren.

Así lo hizo en cierta medida el anterior responsable de esa dependencia, Luis Ernesto Ayala Torres, al intervenir de manera frontal en casos como el del DIF y la Secretaría de Salud, donde emitió sanciones contra funcionarios públicos y presentó denuncias penales, sobre todo en el segundo asunto.

Ayala no llegó a más por dos razones fundamentales: enfocó sus baterías en personajes cercanos al gobernador que argumentaron que las irregularidades cometidas habían sido en aras de obtener dividendos electorales, lo que frenó sus esfuerzos: así paso con Juan Carlos Delgado Zárate, con José María Anaya y con Genaro Carreño.

Por otra parte, fue sumamente tolerante con quien gozaba de sus afectos, como fue el caso de Miguel Salim en el ISSEG.

Confrontado con Oliva por todas esas razones; intrigado por la familia del gobernador por lo que consideraban saña especial contra Martha Martínez de Oliva, Ayala Torres, especialista en rehuir las confrontaciones, se retiro a sus actividades privadas haciendo apenas un ligero berrinche. Ahora se ha reincorporado a la política como un coordinador de campaña más bien ornamental de Miguel Márquez Márquez.

Le sucedió un subordinado tanto suyo como del propio Márquez, su antecesor en la Gestión Pública: el ex tesorero leonés Gilberto Enríquez Sánchez, quien siempre ha sido un funcionario discreto y de bajo perfil.

Esa característica, buena para muchas cosas, puede ser un inconveniente a la hora de ser el encargado de revisar lo que podrían ser posibles violaciones al marco legal que rige cualquier tipo de actividad gubernamental, sobre todo el caso de las adjudicaciones millonarias.

Entrevistado por Gisela Chavolla, acuciosa reportera de Zona Franca, el titular de la Gestión Pública de Guanajuato consideró de lo más normal que un proveedor efectúe una sustitución empresarial, con cambio de razón social de registro fiscal e, incluso, de accionistas. Una cuestión que sin duda se antoja muy complicada, sobre todo cuando se facturan al gobierno cantidades de cientos de millones de pesos.

Aparentemente, una empresa de nombre Fanasa, que quiere decir Fármacos Nacionales S. A. de C. V., por razones que sólo se atribuyen a “problemas personales o familiares”, decidió convertirse en dos nuevas empresas: Mediboc, que significa Medicamentos del Bajío y Occidente, S. A. de C. V.; y Operadora e Impulsora Logística del Bajío y Occidente, S. A. de C .V.

Sin embargo, allí no pararon las cosas. Las nuevas empresas tienen accionistas distintos, uno de ellos, el socio mayoritario, es un ex chofer de la propia Fanasa, cuyos registros en el Infonavit revelan que percibió salarios modestos durante cerca de una década que no le otorgarían ningún antecedente para convertirse en empresario con una facturación de 200 millones de pesos en un semestre.

Sin duda, esas cosas pasan en este y en otros países; pueden incluso hasta ocurrir sin que necesariamente haya de por medio razones sospechosas como posibles problemas con el fisco o, incluso, lavado de dinero.

Sin embargo, lo que no suena para nada coherente es que sea una autoridad encargada de vigilar las buenas prácticas gubernamentales la que valide, así nomás a la palabra, circunstancias que de entrada suenan por lo menos irregulares.

¿O es tan fácil realizar una sustitución empresarial cuando se es proveedor gubernamental? ¿Cómo se le hace: se llega y se dice “oye la empresa cambió de nombre y de registro fiscal, pero somos los mismos. Ah, y aquí está nuestra nueva acta constitutiva, también cambiaron los accionistas”?

El jefe de compras del ISSEG, profundo conocedor de sus proveedores, sin duda puede saber que se trata de la misma empresa, pero ¿qué opinará su auditor externo? ¿Le creerá sólo porque lo afirme? ¿Así funciona la administración del gobernador Juan Manuel Oliva? ¿Así se manejó el fondo líquido de seis mil millones de pesos y las inversiones inmobiliarias y de inventarios por otro tanto que mueve el ISSEG?

Sólo de pensarlo dan escalofríos, algo que no parece inquietar a don Gilberto Enríquez, encargado de velar por las buenas prácticas administrativas de este gobierno, quien ve esta lógica de miscelánea de rancho, con perdón de las misceláneas,  como el súmmum de la modernidad en materia de control gubernamental.

No cabe duda, el gobernador Juan Manuel Oliva debe de estar perdiendo el sueño.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

www.zonafranca.mx

  1. Buen día Arnoldo…

    Se ve que tu si estas enterado de lo que pasa con FANASA…
    Aqui solo falta decir quien es el verdadero dueño de Operadora e Impulsora Logística del Bajío y Occidente,,, falta decir el nombre del patrón del famoso chofer y falta decir la verdadera razón del porque ISSEG otorgó el contrato a FANASA…

Los comentarios están cerrados.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 6.191 seguidores

%d personas les gusta esto: