Durante décadas, el Partido Acción Nacional fue el único bastión de defensa de la legalidad en el torcido régimen priista, donde normas y reglas se acomodaban para facilitarle la vida a una camarilla gobernante, pero se endurecían cuando se trataba de reclamos ciudadanos.
Diputados que hicieron historia, como Antonio Obregón Padilla, Juan Manuel López Sanabria, Luis Manuel Aranda Torres, se desgañitaron en las tribunas de los Congresos local y federal para reclamar atropellos e ilegalidades que la aplanadora priista no sólo pasaba por alto, sino que legitimaba con su sola fuerza numérica.
La frustración parecía el sino opositor en aquellas jornadas maratónicas cuando los congresos calificaban las elecciones para diputados y ayuntamientos, donde irregularidades demostradas hasta el cansancio, trampas electorales hechas a la vista de todos, falsificación de actas de cómputo y urnas rellenas se exhibían a los ojos de una prensa que también procuraba ver de reojo, sólo para que ningún alegato prosperara, haciendo sentir que el régimen priista era no sólo invencible, sino también eterno.
No fue así. El tiempo transcurrió inexorable y el poder omnímodo del PRI se fue desmoronando hasta derrumbarse. No sólo ante el PAN, sino también por el creciente descreimiento de una sociedad que maduró a un ritmo más lento del que se antojaba necesario, pero que finalmente arrinconó en el basurero de la historia, eso creímos por un tiempo, la forma premoderna y atrabiliaria de hacer política en México.
Más pronto que tarde nos hemos dado cuenta del error. La fugaz primavera democrática que vivió Guanajuato, y México más tarde, fue más una ilusión de quienes pensaron ingenuamente que la culpa de todos los males la tenía el PRI, que un modificación real.
En realidad, como se ha podido comprobar, el PRI ejerció el poder con desparpajo mientras no tuvo competencia. Cuando el PAN llegó a una situación similar, los esquemas se repitieron únicamente con un cambio de actores.
Hace unos días, para no ir más lejos, fuimos testigos de un hecho que bien pudo haber rubricado el PRI de los años setenta, pero ahora a cargo de Acción Nacional.
Nos referimos a la detección realizada por el Órgano Superior de Fiscalización de un sobrepago realizado a un ex magistrado del Tribunal Estatal Electoral del Estado, por el monto de 500 mil pesos, como indemnización, que ha desatado una reacción impensada del otrora celoso defensor de la legalidad y del buen uso de los recursos públicos que era el PAN.
Eduardo Hernández Barrón fue magistrado del órgano encargado de resolver las disputas electorales en primera instancia, por nueve años. Al ser designado por el gobernador Juan Manuel Oliva como nuevo director del Instituto de Acceso a la Información Pública en enero de 2010, se separó del tribunal Electoral no sin antes recibir un bono, en cuya determinación tuvo que ver en calidad de integrante del órgano colegiado que lo autorizó, por un millón setecientos mil pesos.
El monto implicó una valoración de antigüedad como si el funcionario estuviese siendo despedido de manera injustificada, cuando en realidad se encontraba renunciando al cargo ante una invitación aceptada para pasar a ocupar otro espacio en la administración pública.
¿Hubiese estado de acuerdo el PAN de López Sanabria, por ejemplo, en una medida de esta naturaleza? Seguramente no, pero aquellos eran otros tiempos y otra clase de militantes, imbuidos de la pureza de haber militado sólo en la fatigosa oposición y sin probar la tentación de las mieles del gobierno.
Sin embargo, tampoco el órgano fiscalizador estuvo de acuerdo con la generosa prebenda recibida por Hernández Barrón, quien por si fuera poco se fue a encabezar la institución encargada de velar por la transparencia del ejercicio gubernamental, donde su labor ha dejado mucho qué desear.
De acuerdo a los auditores del OFS, todavía generosos, el ex magistrado se pasó con quinientos mil pesos, debiendo haberlo tocado únicamente un millón doscientos mil pesos. Esa determinación, abordada en la Comisión de Hacienda del Congreso fue conocida por la diputada priista Alicia Muñoz Olivares, quien salió a hacer públicos los hechos ante los medios de comunicación, aparentemente ante la tibieza de sus compañeros de la mayoría panista por tomar acciones para resarcir el daño al erario y sancionar al funcionario observado.
Si bien la acción de Hernández Barrón aún no merece un pronunciamiento de parte del partido gobernante en el Congreso, lo que sí ha merecido duras filípicas y una amenaza de sanción es la conducta de la diputada Muñoz Olivares, quien fue reconvenida desde la tribuna por su homóloga Leticia Villegas.
La lectura que se deriva de este hecho, la señal que desde la tribuna de la opinión pública se puede apreciar con nitidez, es que al PAN de este 2011 no le preocupa tanto el exceso cometido por un ex magistrado y actual garante del derecho ciudadano al acceso a la información, como la impertinencia opositora de señalar las faltas de un funcionario que seguramente les ha sido más que funcional.
Es decir, que este PAN, que se apresta a enfrentar una competida elección a nivel federal y quizá la posibilidad de perder la presidencia de la República, no tiene ningún empacho en emplear la misma lógica del priismo autoritario que impone la razón de la mayoría sobre el imperio de la ley.
Quizá allí se encuentre una de las razones por las que la sociedad mexicana parece inclinada a restaurar a un priismo que no parece haber cambiado mucho: probablemente prefiere el autoritarismo y la indecencia del modelo original y no la de una copia pirata que, encima de todo, sigue dándose golpes de pecho.
Botepronto
Como balde de agua fría cayó en varios de los campamentos panistas de la entidad la decisión de que las dos senadurías correspondientes a Guanajuato serán sujetas al método de designación, así como cinco diputaciones federales y la lista plurinominal de la entidad.
La incertidumbre se apoderó de personajes como Fernando Torres Graciano, Juan Carlos Romero Hicks, Ricardo Sheffield Padilla y Martha Martínez Castro.
La determinación del CEN y la Comisión Nacional de Elecciones cambia la cancha y borra las ventajas y desventajas. Ahora ya no habrá necesidad de hacer campaña territorial en Guanajuato, en el caso del senado y la lista plurinominal, sino tan sólo en los pasillos del PAN nacional, de Los Pinos y de la casa de campaña del futuro candidato.
A la inquietud tampoco serán ajenos personajes como Miguel Márquez Márquez y José Ángel Córdova Villalobos, a quienes la nueva circunstancia les obligará a cambiar estrategias, para bien o para mal.
Por lo pronto, la medida sienta un precedente. ¿Se atreverá el CEN a seguir de frente y reservar también la designación del candidato a gobernador? Muchos se cocerán en su propio hervor dándole vueltas a esta pregunta.